TRAS LA PISTA  

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IRREMEDIABLEMENTE que el Grupo Antiasaltos y Prevención de Ilícitos (GAPI) de la Policía Municipal tendrá que desaparecer antes de que ocurra una tragedia muy similar a la que le costó la vida al vecino de la colonia Beltrones, Lorenzo García (QEPD), quien murió víctima de torturas de agentes que, en su momento, estuvieron ahí y ya están de regreso. Y no tanto por ellos, sino porque han comenzado a surgir quejas que el mismo delegado regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jorge Luis Trejo Velázquez, debe informar a su jefe inmediato como lo es el vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en Sonora, Carlos Castillo Ortega, debido a que se están cometiendo muchas arbitrariedades y las quejas comenzarán a llegar a las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, esto a pesar de que haya la indebida intromisión de Claudia Indira Contreras Córdova como lo hizo en días pasados. Lo que sí le podemos asegurar es que no hay mal que dure mil años y entonces los implicados en esos abusos caerán tarde o temprano y lo sostengo, como he visto caer a un sinfín de nefastos agentes investigadores que terminaron en la ignominia de la sociedad por su deshonroso quehacer. Lo mismo va a suceder con quienes se están extralimitando con sus oprobiosas acciones. Los clamores ciudadanos cada vez toman más fuerza e insistimos que estas no tardan en ser denunciadas formalmente ante los representantes sociales por lo que habrá que esperar. Ojalá que Heriberto Bracamontes Yépiz no vaya a cometer el mismo error en el que incurrió con Lorenzo García y por cuya causa lo mantuvieron segregado de la atención ciudadana en la parte más alta del edificio de las calles Jalisco y 300 durante la administración pasada. Aunque existe todavía una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside Raúl Ramírez Ramírez, de la que se ha hecho caso omiso por cumplirla. Pronto ahondaremos en el tema... SE ESCUCHAN insistentes rumores que personal de la Fiscalía Anticorrupción ya está trabajando intensamente en el caso de la banda de policías presuntos asaltantes, quienes fueron turnados trece horas después de haber sido detenidos aquella mañana del sábado 25 de noviembre en calle Michoacán entre Vicente Padilla y 400, en la colonia Aves del Castillo, después de que asaltaron la compañía constructora Ingenieros Civiles, S. A., (ICSA), a la altura del kilómetro 5 de la carretera Obregón-Esperanza. Por supuesto que todos los que participaron en ese misterioso interrogatorio en un cuarto donde funciona el GAPI serán llamados a declarar porque está bien que sean cochis pero no tan trompudos y conste que por ello ya se recibieron amenazas, pero de esto ya se dio parte a las autoridades competentes, que ni son de aquí ni allá, sino de más allá, porque no tenemos ninguna necesidad de estar siendo amagados por hablar con la verdad. De esto ya existe constancias periodísticas, por lo que EL TIEMPO no claudicará en señalar y denunciar todo este tipo de ataques y colusiones. Es fundamental que el fiscal del caso, Odracir Espinoza Valdez, llegue al fondo del tema y se procese penalmente a los responsables o al menos los separe del cargo y así le haría enorme favor a la sociedad cajemense. Basta de tantas calañas con charola... PUES RESULTA que en la Delegación Náinari continúan haciendo su agosto en pleno diciembre. No habrá vigilancia preventiva para atacar los robos y asaltos, pero sí están a la "caza” de conductores punibles y los mismos elementos comisionados en esa demarcación mencionan que entre viernes y domingo detienen cerca de 150 carros que ahí mismo cobran a razón de dos mil 500 o dos mil 800, según sea el sapo es la pedrada, pero sin otorgar ningún recibo oficial. El responsable de esas acciones es un agente de apellido Cobian que quedó como encargado y dicen que la perra es tan brava que hasta a los de casa muerde, debido a que ayer detuvieron a un familiar de un agente y no se escapó del clandestino cobro. Es necesario cuestionar: ¿No estará enterado de ello el contralor municipal Fernando González Ulloa? Imagínense nada más, 130 carros a razón de dos mil 500 pesos generan un ingreso de 263 mil pesos que van a parar al bolsillo de alguien y no precisamente de Cobian, quien si acaso recibirá 500 pesos por carro y aún así le producen un ingreso de 65 mil pesos por semana. ¿Si a esto no se le llama corrupción, entonces cómo? Tal situación también debe ser investigada por la Fiscalía Anticorrupción, debido a que ese circulante debe ingresar a las arcas municipales, pero lamentablemente es mínima la suma captada por ese concepto en las cajas recaudadoras de Tesorería y conste que los propios compañeros de Cobian lo están delatando. Obviamente que esto deja mal parado a todo el aparato gubernamental por la impunidad con la que actúan, principalmente en la Delegación Náinari, donde no atienden las denuncias de los robos que sufren los ciudadanos por estar inmersos en este pingüe negocio... ESTE TEMA ya ha sido abordado una y otra vez en sesiones de Cabildo por la regidora Sandra Luz Montes de Oca, pero todos prefieren hacerle al "tío Lolo” y hacer como que les habla la virgen para no atender ese fétido asunto, pero insistimos no claudicaremos en señalar ese espiral de corrupción, principalmente en esa demarcación e investigar donde finalmente queda ese dinero porque es muchísimo... SIGNIFICATIVAS acciones contra el narcomenudeo se anotaron agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el poblado de Quetchehueca y el Ejido Atotonilco donde sacaron de circulación a dos envenenadores públicos que ya están a disposición del Ministerio Público. Bien por los comandantes Mauricio Antonio Ayala García y Cristian Iván Miranda Herrera, encargados de la PESP en Benito Juárez y ejido Francisco Javier Mina, Campo 60, Valle del Yaqui. Luego seguimos.

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