Óscar Félix / MO
Además de coartar la libre expresión la ley Ingrid viene también a penalizar y esto es lo peor que puede suceder en un país democrático donde se pretende tener claridades por lo que esto es excesivo, consideró el abogado Carlos Amaya Guillen.
Entrevista sobre el tema y las repercusiones que traerá dicha ley el licenciado advirtió que parte de la redacción de la norma da lugar a una interpretación jurídica que puede interferir en el ejercicio del periodismo y el derecho a la información al incluir que cualquier información dentro de una investigación penal puede ser castigada si es difundida.
‘’Hay que considerar que de diez homicidios uno se resuelve en este país, si es que nos va bien entonces vemos una evidente falta de procuración de justicia y vemos que gracias a estas investigaciones que hacen los medios de comunicación y las organizaciones de búsqueda de desaparecidos se han logrado esclarecer algunos crímenes’’, explicó.
El asesinato de la joven Ingrid Escamilla y la publicación de las imágenes de su cadáver en medios y redes sociales causaron conmoción. Tras dos años de espera por parte de activistas feministas, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para sancionar a funcionarios que filtren contenido de este tipo. La legislación ha provocado un debate sobre la violencia mediática y los contenidos sensacionalistas que se usan para retratar la violencia.