La iniciativa de reforma electoral que presentó hoy el gobierno federal propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales.
Se constituirá el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas cuyos integrantes, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían electos por el voto popular; la desaparición de las 200 diputaciones plurinominales y los senadores de lista. De igual forma se reducirán las dimensiones de los congresos locales y de las regidurías en los municipios.
En la propuesta presentada por Horacio Duarte y Pablo Gómez, quienes en su momento han sido representantes ante el Instituto Nacional Electoral, se plantea la cancelación del financiamiento del gasto ordinario de los partidos políticos que solamente tendrían financiamiento de campaña; eliminar de la difusión en radio y televisión a la autoridad electoral, destinando los spots en radio y televisión únicamente a los partidos políticos. Con ello, explicó Duarte, se pretende un ahorro de 24 mil millones de pesos quien precisó de cambios en materia de propaganda gubernamental que ahora podría expresar sus consideraciones en procesos electorales.
En consideración del Presidente, México es uno de los países donde más fraudes electorales han existido, porque las autoridades electorales estaban al servicio de la oligarquía económica que así se arrogaba, dijo, la posibilidad de controlar al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y poder mediático. “Pues no”.
López Obrador dijo que “sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas, se van a enojar sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus achichincles. Que sea el Congreso el que libremente debata”.
El mandatario recordó que, en 2006, este mecanismo basado en la repartición de cuotas entre los partidos para integrar la autoridad electoral permitió un fraude para imponer a Felipe Calderón por parte de la oligarquía, lo cual desató una gran crisis económica, crisis de seguridad y crisis social. “Se dañó mucho porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría y garantizar impunidad para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno.