Pablo Beltrán
El polémico Plan B, la nueva marcha y lo que sigue…
Y vaya que sigue haciendo ruido el ya famoso Plan B del titular del ejecutivo federal, cuya reforma a diversas leyes con impacto electoral han surcado polémicamente por el camino bicameral, pues en la semana que corre por fin salió la aprobación en el Senado de la República del plan completo, en donde solo se excluyó la famosa “cláusula de la vida eterna”, misma que venía procedente de la Cámara de Diputados con la posibilidad de oxigenar a la chiquillada partidaria, aun cuando no dieran los porcentajes en la votación, ello mediante métodos poco ortodoxos.
Es bien sabido que la reforma constitucional en materia electoral –como Plan A- fue frenada por la oposición en el Congreso, al no haberse podido obtener las dos terceras parte de la votación de los diputados, de ahí que se haya impulsado con mucho esfuerzo el materializar cuando menos en las leyes secundarias, algunos preceptos en torno a diversas normas, a saber: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ya en semanas anteriores, en una primera fase, se habían aprobado la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales por cierto al haber sido impugnadas en Acción de Inconstitucionalidad por el PRD, PAN , PRI y MC (por la amplia apertura que se le da a los funcionarios públicos para manifestarse) y al tenerse por admitidas las demandas a trámite en esta semana por la Corte, fueron dichas normas objeto de una suspensión en cuanto a su aplicación respecto a los procesos electorales de este año en el Estado de México y Coahuila. El ministro Alberto Pérez Dayán fundó tal determinación en el artículo 105 constitucional, que en literalidad establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Y claro que lo anterior no fue del agrado de la dirigencia morenista, ni tampoco de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual anunció que combatirá la medida suspensional otorgada.
Pues bueno, para la gente que piensa diferente al presidente AMLO, ven en este Plan B, una serie de actitudes que acotan orgánica, operativa y económicamente al árbitro electoral y que menguaría a su juicio el desarrollo adecuado de la democracia, con el consabido riesgo de que regresen procesos dudosos, como aquellos de la época de la Comisión Federal Electoral (CFE) inserta en la Segob, de donde resaltan el evento de 1988, en cuya “caída del sistema” participó activamente el hoy titular de una dependencia eléctrica de idénticas siglas, a favor del abanderado del PRI y en detrimento de Cárdenas y del Maquío Clouthier. Para colmo, la embajada norteamericana en México, ante la coronación del plan el miércoles en el congreso, ya mandó su nota a la administración Biden, ante lo que aprecian como “potenciales amenazas a la democracia”.
Luego entonces, por estos y otros motivos, para el día de mañana domingo se ha convocado por parte de la sociedad civil en decenas de ciudades del país, a una nueva marcha por la democracia intitulada “Mi voto no se toca”, en donde se cuestionará una vez más el sentido de la legislación ya mencionada y ya se verá en su caso, si la inconformidad es capaz de aglutinar al suficiente número de ciudadanos que en realidad hagan un verdadero contrapeso social a las reformas legales, las cuales además en su momento –como se ha dicho- pasarán por el crisol de la Corte Mexicana, al haberse judicializado el primer paquete y venir más impugnaciones de nivel constitucional sobre el otro bloque de leyes, apenas aprobado en la semana.
El presidente AMLO, evidentemente molesto en “las mañaneras” de la semana por esta convocatoria ciudadana, manifestó que la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra…y sin duda así será. Hay quienes dicen que el mandatario tiene sus alfiles, entre ellos la cuestionada ministra Yasmín Esquivel, la cual ciertamente sigue bajo proceso en el Comité de Ética de la UNAM por el tema de la tesis de licenciatura plagiada y ahora también en la lupa por su tesis doctoral según reportaje de El País… aunque en calidad de mientras su voto sigue contando en el Pleno.
EN TERCER LUGAR. Y por donde definitivamente no se le haya la cuadratura al círculo, es en lo relativo a la violencia en Cajeme, por lo que para “no variar” nuestro municipio volvió a salir en difusión de la revista Forbes en la lista de las diez ciudades más peligrosas del mundo en 2022, quedando ahora en el tercer lugar, solo por debajo de Colima capital y Zamora, así como por encima de Tijuana y Juárez. El estudio está basado en el número de habitantes y eventos, de donde se dedujo que el año pasado en la Perla del Yaqui hubo 138.23 homicidios por cada cien mil habitantes, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Es cierto que nuestro alcalde ha hecho mano de su experiencia para arreglar algunas problemáticas de la cosa pública, llevando un buen avance en el rubro de las vialidades, por ejemplo; sin embargo, la violencia sigue siendo el “prietito en el arroz” que aleja lógicamente la inversión privada y no permite el libre desarrollo de muchas actividades de los ciudadanos. Para fin de mes incluso, se anuncia una manifestación de un grupo denominado “Unión de Gendarmes de Cajeme”, en donde se exigirán mejores condiciones salariales y de equipamiento.
De llegar a disminuir y controlar la vorágine –en los diversos delitos-, el alcalde Lamarque pudiera estar en amplias posibilidades de trascender en automático a un período más, o en su defecto, ser la “corcholata” favorita para la fórmula al Senado.
Se tiene la opción de acudir a los “astros alineados”, a expertos, sin dejar a un lado el consejo de los agentes policiales veteranos, entre activos y retirados, para que le expliquen cómo se le hacía para que Cajeme fuera aquella “ciudad de paz”, famosa por ello en toda la Costa del Pacífico.
TESLA. Y mientras algunas entidades se andan agarrando del “chongo” por atraer, a la compañía automotriz de Elon Musk a sus regiones, entre ellas Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla; por otro lado, el presidente López Obrador se ve pugnando para llevarla a Hidalgo o Edomex por la cercanía con el AIFA, o bien al sureste mexicano, ya sea Veracruz o Tabasco, ante sus abundantes recursos hídricos.
Por el lado de Sonora, ya salió Hermosillo en voz del cajemense Renato Ulloa Valdez, aludiendo contar con muchos volúmenes de agua tratada, suficientes para recibir a Tesla en la ciudad capital y sumar con ello a una planta ensambladora más.
Y ante la conocida situación de que no estamos precisamente en un lecho de rosas, la pregunta de la semana sería:
¿Y Cajeme, para cuándo levantará la mano?… ¿o acaso será necesario “repatriar” a Renato?…