El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que acompañen la denuncia que presentó México ante Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador, por el asalto de autoridades de ese país a la embajada mexicana en Quito del pasado 5 de abril.
“Agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y del Caribe y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia internacional”, dijo López Obrador en su mensaje en la cumbre virtual extraordinaria de Jefes de Estado que lleva a cabo la CELAC.
Antes de su participación, el presidente López Obrador pidió que se transmitiera el video donde se observa el asalto por parte de fuerzas de seguridad de Ecuador a la embajada de México en Quito para detener al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo.
El presidente López Obrador aseguró que ante la flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional solicitó que se expulse a Ecuador de la ONU en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional.
“Lo segundo que también es muy importante es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia Internacional presente a la Asamblea General una resolución de expulsión definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de seguridad de Naciones Unidas no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto”, indicó.
Llamó a los integrantes de la CELAC a que si no se llevan a cabo estas medidas, “no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas y por leyes”.
“Le decía al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas, estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas con todo respeto a los gorilas, es lo que nosotros estamos planteando”, comentó.
Señaló que está de por medio el derecho de asilo y lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y esta figura a perseguidos políticos.