Fabiola Navarro / MO
La justicia para Maritza no ha sido ni pronta, ni expedita y como a la mayoría de las víctimas en este país, le ha tocado pasar un “viacrucis” por la burocracia, negligencia y apatía de jueces y Ministerios Públicos.
En junio de 2023, acudió al Centro de Justicia para la Mujer, para denunciar a su presunto agresor sexual, un médico especialista del área de Trasplantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tras tener una amistad con la víctima cuya madre fue diagnosticada con cáncer, la extorsionó para que esta recibiera un buen tratamiento oncológico a cambio de favores sexuales.
A pesar de las evidencia de agresión sexual contra ella, los mensajes y audio de voz que comprueban el acoso y la manipulación contra Maritza y que esta asegurara nunca fueron pareja, el caso fue tratado como violencia familiar, sin su consentimiento y con la complicidad de quien le fue asignada su defensora pública; es decir, el mismo centro que fue creado en 2016 ante la solicitud de Alerta por Violencia de Género, le ha negado justicia por falta de perspectiva de género en quienes se suponen deben impartirla.
“Fue desde marzo hasta junio, todo fue subiendo de tono, me empezaba a condicionar y quería que les dijera a mis papás que él era una pareja mía, si yo no quería ir a su casa me empezaba a gritar, me decía que yo no quería salir de mi zona de confort, después de todo lo que hacía por mí y que si yo no hacía caso él iba a dejar de tomar mis mensajes y dejar de ayudar a mi mamá”, recordó la víctima.
Cabe mencionar, que hoy teme por su vida, debido a que, pese a que el médico tiene una orden de restricción para acercarse a ella, fue a buscarla a su centro laboral con su actual pareja, hechos que quedaron grabados en cámaras de vigilancia.