CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegaron divididos al primer foro para discutir la reforma judicial en la Cámara de Diputados, una mayoría defendió la carrera judicial.
Los 11 ministros se dieron cita para acudir al encuentro con los legisladores a quienes pidieron una reflexión profunda sobre la reforma.
“Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone la mayor seriedad, esfuerzo y talento de sus promotores. Su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable tomar riesgo alguno”, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán.
“Las ocurrencias, como la de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el FOBAPROA de 1996, resultaron dolorosas y socialmente muy costosas”.
Hubo ministros como Jorge Mario Pardo, Javier Laynez o Juan Luis González Alcántara Carrancá que rechazaron las acusaciones generalizadas de corrupción dentro del PJF.
“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis: pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”, destacó la ministra presidenta, Norma Piña.
“El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores (…) en la Reforma Judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”.
Los 11 ministros admitieron, sin decirlo expresamente, que no hay vuelta atrás: la elección de jueces, magistrados e integrantes de la Corte por voto popular, va.
Ante lo inevitable, se concentraron en destacar que la elección de jueces y magistrados por voto popular no es la solución al problema de legitimación del PJF.
“Aprovechemos la carrera judicial, perfeccionémosla en efecto. La elección de jueces y magistrados, y en especial de ministros, ni siquiera es una novedad. En el Constituyente del 17, ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte, mediante elección popular”, recordó Luis María Aguilar Morales.
“Personas tan inteligentes y cultas como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi dieron razones muy amplias, que están ahí en el Diario de los Debates, para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza. No niego que todo institución humana puede mejorarse, puede, desde luego, perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es, a quien, está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la Independencia de los jueces”.
Los ministros, como Yasmín Esquivel, Jorge Mario Pardo y Juan Luis González pidieron que la sustitución de los juzgadores sea gradual o que el voto sirva para evaluar, en lugar de designar a los funcionarios.
“La carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social, de por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos”, propuso la ministra Margarita Ríos Farjat.
Asimismo, enfatizaron en proteger los derechos de quienes saldrán del PJF ante la entrada en vigor de la reforma y garantizar la protección de los derechos adquiridos de los nuevos juzgadores pues la propuesta del presidente prevé eliminar los haberes de retiro o pensiones vitalicias para juzgadores.
“Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial”, planteó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la propuesta que realizó al Legislativo.
La única que exhortó a los legisladores a reflexionar seriamente sobre el papel de los ministros de la Corte en la reforma fue Loretta Ortiz Ahlf.
“Es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, los procesos deben asegurar, como únicos elementos ineludibles, que haya criterios de selección objetivos, basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, dijo.
“Lo más deseable, a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión, es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables”.