Pablo Beltrán
La despedida: entre votos y botas
En una veloz cuenta regresiva y a solo diez días de entregar el cargo, el mandatario nacional deja la parte final de su herencia política con la cristalización de dos grandes temas, los cuales más allá de buenos o malos, resultaron bastante polémicos, ante giros bastantes amplios, que nos llevan a una dinámica social distinta.
En el mes de la despedida y como todos lo saben, ya se dio culminación al proceso legislativo relativo a la llamada reforma judicial -la cual se destaca por abrir el voto popular en ese poder-, misma que quizá algunos ciudadanos la pudieran ver bien, pero otros, la visualizan de manera distinta, a tal grado que se mantienen las inconformidades de los trabajadores, así como la ventilación de varios juicios de amparo, sin dejar a un lado la probabilidad de que el asunto se analice en vía controversia constitucional, ante la promoción de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
En las semanas venideras, ya sentada la nueva presidente de la república, se verán los resultados de los juicios y de la eventual controversia, en donde aparte de los derechos individuales, existen en juego otras situaciones relacionadas con el blindaje de las instituciones, no solo por la rigidez de la Carta Magna, sino fundamentalmente por la existencia de las llamadas cláusulas pétreas, que en el caso no es otra cosa que la exigencia de respeto para con la forma de gobierno establecida por el Constituyente de 1917, la cual a juicio de los científicos del derecho, no puede ser modificada a través del Poder Reformador, como “parche”, pues se trata ni más ni menos de la república y de la división de poderes, figuras reconocidas en los artículos 40 y 49 de la Constitución desde su promulgación y las cuales, en óptica de los quejosos, han sido vulneradas al quitarse la independencia de uno de los poderes.
Por otro lado, en la semana que corre, también se subió un tema de alto calado a la Cámara de Diputados, en donde se votó por mayoría calificada la reforma al artículo 21 constitucional -entre otros- para la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que da un fuerte viraje a la vocación civil de la seguridad pública en el país, en donde el rol de las fuerzas armadas sólo había sido en virtud de apoyo o auxilio para con el ejecutivo.
El artículo antes referido en la reforma padece de una aparente antinomia, puesto que mientras se estampa que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, en párrafo más adelante se establece que la Guardia Nacional dependerá, como se ha dicho, de la Secretaría del ramo de defensa nacional, lo que la convierte entonces en una corporación sui generis.
Aparte de lo anterior, pudiera quedar en el pasado lo referido en el artículo 129 constitucional, que aun alude: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, ya que ahora se mueve por los diputados a “…ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en la constitución y las leyes que de ella emanen”, lo que tiene todo un significado para el ámbito civil.
En calidad de mientras, los organismos internacionales siguen algo preocupados por lo que califican como una evidente militarización de la seguridad pública, entre ellos, Amnistía Internacional, que publicó: “Lamentamos que @Mx_Diputados haya aprobado la adscripción de la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx (Secretaría de la Defensa Nacional)”; aduciendo además, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de 1,700 quejas contra la Guardia Nacional en su Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Dicho organismo refiere también con preocupación, que las fechas de la reforma a la Guardia Nacional, sean en el preámbulo del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa -26 de septiembre del 2014-, y de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, en donde en ambos casos se vieron involucrados militares.
Ahora el asunto ya pasó a manos del Senado de la República, e incluso ya se encuentra en comisiones para su estudio, para en el breve plazo subirlo al Pleno, en donde se espera de igual manera, que con el voto del Miguel Ángel Yunes Márquez -como reciente adquisición-, el oficialismo pueda sacar avante la mayoría calificada, para en su oportunidad pasar la reforma a las legislaturas de las entidades federativas para su aprobación.
Pues bien, en el mes de la Patria se ha legislado a nivel constitucional en dos grandes rubros del mayor interés nacional: sobre uno de los pilares de la república y el de la anexión de la Guardia Nacional -como salvaguarda de la seguridad pública- al sector militar.
En el primero de los casos lo fundamental son los votos y en el segundo las botas, pero como dice alguien por ahí: “esperemos que le vaya bien a México”.
Y sí, por varios se pudiera esperar lo mejor, esto a pesar de que, a inicios de semana, cuando ya se analizaba en el congreso sobre la fuerza de seguridad pública de formación militar (GN); en diversa latitud, por rumbos de Sinaloa, el comandante de la tercera región militar manifestó que reducir los índices delincuenciales depende de los grupos antagónicos que se están enfrentando: “depende de ellos, ellos son los que vienen a hacer las agresiones”.
Por cierto… ¿Y García Harfuch en su llegada a Seguridad Pública nacional, con qué policía operará?