Milton Martínez Estrada
Primo de Pavlovich se cuela en la elección de jueces, ministros y magistrados
El nogalense Miguel Ernesto Pompa Corella, primo político de la exgobernadora sonorense Claudia Pavlovich, se coló como secretario técnico del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que vigilará la elección de jueces, ministros y magistrados.
La verdad es que cuando me enteré, de bote pronto, creí que se trataba de una ‘fake news’, pero después lo constaté en el portal oficial del Senado de la República.
Como diría mi buen amigo y periodista, Cayetano Lucero, ¿qué no había otros políticos más destacados que el ex secretario de Gobierno sonorense apodado El Potrillo?
Los apellidos que le han hecho daño a Sonora se repiten y se repiten. Apreciada lectora, querido lector, esto no es cosa mía. A Miguel Ernesto le quitaron la notaría pública 113 hace apenas unos cinco meses porque se logró establecer que su prima Claudia Pavlovich se la dejó de herencia política.
Sí. Antes de que concluyera el sexenio de la primera ex mandataria sonorense firmó un decreto para que el esposo de su prima hermana tuviera la patente de una notaría política.
Aunque esto es de alarmarse, acá en Sonora y en México, es una tradición política que el o la gobernante saliente deje a sus familiares, colaboradores y amigos notarías, concesiones del transporte o permisos para vender alcohol.
¡México lindo y qué herido! Esto no es cosa del pasado. Estamos hablando de mayo de 2024 cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora determinó que la forma en la que obtuvo la notaría pública 113 no fue responsable ni transparente.
El juicio administrativo que culminó en la nulidad de la notaría fue promovido con el argumento de que se había incurrido en un “acción de lesividad” al entregárselo patente, sellos y folios a Miguel Ernesto.
Los tribunales definen que los juicios de lesividad se inician cuando se considera que existen resoluciones favorables para un particular y que éstas lesionan a la Administración Pública o al interés público.
Bueno, la patente le duró como tres años al Potrillo hasta que el Gobierno sonorense inició el juicio administrativo con número de expediente 281/2024 que concluyó con la anulación de la notaría pública 113.
¡Hace apenas cinco meses! No obstante Miguel Ernesto Pompa Corella se rehizo de ese fallo y ahora anda en la política de altos vuelos, en el tema de moda, la renovación del Poder Judicial.
Algunos se han acercado a mí o me han enviado mensajes al teléfono celular para saber si esta reincorporación del Potrillo a la vida pública del país está relacionada con el peso político de su prima política Claudia Pavlovich o porque en abril 2023 fue vocero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López en Baja California Sur.
El político nogalense se colocó al círculo cercano de Adán Augusto con una agrupación política llamada Movimiento Incluyente Transformador y luego fue nombrado representante en toda Baja California Sur.
La incorporación del Potrillo no cayó bien al interior de Morena ni tampoco en las huestes priistas.
Por el lado morenista, el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde cajemense, Javier Lamarque emitieron breves declaraciones:
“Creo que (Pompa) no dejó un buen saldo aquí en el gobierno”, expresó Durazo.
Mientras que Lamarque externó: “No estoy a gusto (con esta decisión)”.
Lo cierto es que Miguel Ernesto y Adán Augusto fueron compañeros como diputados federales en la LXI Legislatura de 2009 a 2012.
Y Adán Augusto, siendo gobernador de Tabasco, estableció una relación cercana con Claudia Pavlovich, entonces gobernadora de Sonora.
Por el lado priista, el presidente de la Fundación Colosio en Sonora, Bulmaro Pacheco, se preguntó públicamente: “¿Desde cuándo (Pavlovich y Pompa) trabajan para la 4T?”.
Muchas son las interrogantes y pocas las respuestas.
Además no se les olvide que en junio de 2020 Miguel Ernesto Pompa Corella, primo político de la gobernadora Claudia Pavlovich, se autodestapó como aspirante y potencial contendiente a la primera magistratura sonorense a renovarse en el 2021.
El otrora secretario de Gobierno sonorense manifestó sus aspiraciones políticas frente a los periodistas integrantes de la mesa Libre Opinión, quienes se reúnen cada jueves en Hermosillo.
“Sí. Sueño con ser Gobernador. Claro que me gustaría serlo. Pero hasta para sembrar maíz tienes que esperar los tiempos”, reveló el político originario de Nogales, Sonora, a los comunicadores.
Después mesuró sus ansias: “No me molesta que se me mencione con la posibilidad de ser el candidato a gobernador de Sonora. Pero en este momento no son los tiempos. Siento que sí estoy preparado. Me he estado preparando”.
Pompa Corella se desempeñó como diputado local de 2003 a 2006; en el periodo de 2009 a 2012 fue legislador federal y desde 2015 a 2020 fue el encargado de la política interior sonorense, como secretario de Gobierno, en la gestión de su prima política, Claudia Pavlovich.
Todavía más. El 25 de abril de 2018 los regidores morenistas y petistas del municipio de Guaymas interpusieron una denuncia contra la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por la contratación de su suegra, primos y demás familiares.
La carpeta de investigación SON/HER/PGR/2019/503/00050, iniciada ante Fiscalía Anticorrupción de Sonora, argumenta que la mandataria estatal incurrió en el presunto del delito de Ejercicio indebido del servidor público al integrar a la nómina gubernamental a la madre de su esposo, Margarita Ibarra Platt; a su primo, secretario Técnico y de Atención Ciudadana, Jesús Epifanio Salido Pavlovich; y al esposo de su prima, al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.
Presuntamente, la decisión de Pavlovich de convertir en burócratas a sus parientes contraviene lo consagrado en el artículo 180, fracción IX, del Código Penal del Estado y en los artículos 127, 128, 129, 131, 212, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con respecto al esposo de su prima, el ex secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, la denuncia establece que el artículo 180 de Código Penal del Estado de Sonora, en su Capítulo II, indica que se “impondrán de uno a ocho años de prisión, una multa de 20 a 250 Unidades de Medida y Actualización y, destitución, en su caso e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un empleo, cargo o comisión público a todo servidor público cuando incurra en los siguientes casos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal”.
En el precepto IX, de este mismo artículo, advierte que se harán acreedores a esta sanciones quienes: “Aprovechen el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona”.
Este personaje está a cargo desde ya del proceso de selección de jueces, magistrados y ministros del futuro Poder Judicial. Otra vez ponen a los coyotes a cuidar las gallinas.