Pablo Beltrán
Teu…¡¡¡shhh!!!…itlán
Y sin lugar a duda que los mariachis habían callado, esto en un escabroso tema originado en el occidental estado de Jalisco, pero con un impacto ya no solo en lo nacional, sino más allá de allende las fronteras.
El silencio había ido tomando su curso después de aquellos días álgidos del descubrimiento del Rancho Izaguirre en la comunidad de Teuchitlán, en donde grupos de buscadores hallaron una situación dantesca, que sugería que el lugar había sido utilizado para reclutamiento, entrenamiento, tortura y hasta ejecuciones.
La noticia y las fotos del cúmulo de zapatos le dieron la vuelta al país y llegó hasta otras latitudes, causando gran expectación, al grado de llamarle la Auschwitz mexicana.
Con gran inteligencia de control de daños, el gobierno federal, al paso aproximado de los diez días después de la intromisión de los colectivos de búsqueda, entró a una agenda interesante, en donde de campo de ‘exterminio’, consiguió la metamorfosis mediática a campo de ‘adiestramiento’, dando así un juego de palabras que dejó a muchos ciudadanos con un ¡ah bueno!…menos a las familias buscadoras, que aun con el cambio de denominación, para ellos Izaguirre es un ícono de la displicencia en torno al tema de los desaparecidos en este país.
Sin embargo, después de esa curva silenciosa, hace una semana surgió algo por demás interesante en el terreno supranacional, que lo viene a ser la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité contra la Desaparición Forzada, el cual ya está dictando medidas cautelares para el resguardo del material encontrado en el rancho, al ser susceptible de pruebas diversas, entre ellas las genéticas.
El comité de mérito basó su decisión en cierta información recabada, la cual da lugar a que preliminarmente -sin prejuzgar- se considere la desaparición forzada en la jurisdicción mexicana, ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país; lo que activa el procedimiento previsto en los artículos 31 y 34, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Lo anterior, da pie a que de existir indicios bien fundados -previa solicitud de información al Estado Parte-, pudiera llevar el asunto, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas, lo que eventualmente pudiera traer aparejadas sanciones, ya que no solo se entendería la desaparición forzada como una situación deliberada por parte del Estado, sino que puede constituirse por el hecho de que las desapariciones tengan un alto grado de tolerancia, por las autoridades de cualquier orden de gobierno. Esto es, no solo se ciñe al actuar u omisión de la federación, sino que también se constriñe a la conducta de los estados y municipios del país, por su autorización, apoyo o aquiescencia (consentimiento), conforme el criterio del Estatuto de Roma.
Por lo pronto, en la semana, el grandilocuente senador Gerardo Fernández Noroña, como presidente de la mesa directiva, ya se rasgó las vestiduras e incluso amenaza con denunciar al funcionario del comité, Olivier de Frouville, por su ‘atrevimiento’; mientras que en consonancia -o nado sincronizado- la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, manifestó que no existe crisis de desaparición forzada en este país, aunque reconoció que hay más de 120,000 desaparecidos. ‘La ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir’, remachó la ‘veladora’ institucional de los derechos humanos.
En calidad de mientras, el día de antier fue clausurado simbólicamente el Senado de la República por colectivos buscadores, mientras que, en las recientes Mesas de Diálogo con la Secretaría de Gobernación, fue reprochado por las madres buscadoras la ausencia de la titular de la CNDH. Vaya paradoja.
Esta crisis, ya en los ojos de la comunidad internacional, de no contenerse, definitivamente nos proyectará ante el mundo de una manera negativa, con sus consabidas consecuencias -incluso comerciales-, de ahí que dicen los conocedores que más vale dejar a un lado la indiferencia de años anteriores y agarrar el ‘toro por los cuernos’, no le hace que piquen.
A menos que…
PUEBLA DE LOS ‘ÁNGELES’. Y vaya que ha causado resquemor lo advertido públicamente por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, el jueves de la semana, en una conferencia de gobierno, en donde conmina a la empresa Grupo Proyecta, inmobiliaria de Lomas de Angelópolis, para que done cuando menos dos hectáreas de terreno para la construcción de vivienda para elementos de la Policía. Les puso el plazo de treinta días, por lo que, de no realizar la donación, se iría por la expropiación del doble de terreno.
Cerrando el gober con la frase: ‘Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo’.
De trasminarse este criterio de Armenta por algunos estados, ahora sí que lo de la propiedad privada estaría en modo ‘tembeleque’, por lo que el empresariado ya sabrá si pone sus barbas a remojar, aunque el futuro mediato -en términos de seguridad jurídica- tampoco se ve muy alentador, puesto que la reforma judicial, no garantiza la independencia judicial y solo contados ‘mohicanos’ que logren sobrevivir, darán igual vida al efecto protector del juicio de amparo, el cual es muy posible que en el mediano plazo, se dice, sea llenado -en ley- de más causales de improcedencia y limitaciones a la suspensión.
Crucen los dedos o ‘hagan changuitos’ …
TROTANDO, TROTANDO. Y la que va más que bien en su intención de ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo es la cajemense Zulema Mosri Gutiérrez, ex alumna de la Universidad de Sonora, la cual está dispuesta a aportar su experiencia de más de tres décadas en el terreno jurídico al pueblo de México, en donde la mitad de ese tiempo lo ha llevado en el campo de los tribunales, de ahí que no es ninguna improvisada.
La doctora Mosri, igualmente egresada en posgrado del ITESM y UNAM, recorre el país en foros de abogados y ciudadanos comunes, demostrando su talento, pero además recogiendo las opiniones para la mejora de la práctica jurisdiccional en los años por venir.
No hay que perderla de vista…