Lorenza Sigala / MO
A pesar de que en Sonora continúa vigente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), trabajadoras de la Unidad de Medidas Cautelares han denunciado actos de violencia institucional por parte de su titular, Mariela “N”, quien ha sido señalada por ejercer hostigamiento, maltrato psicológico y abuso de poder, particularmente contra mujeres de su equipo.
El caso ha cobrado relevancia mediática en días recientes, luego de que diversas plataformas de comunicación visibilizaran las denuncias internas que acusan a la funcionaria de mantener un ambiente laboral hostil y ejercer violencia sistemática dentro de la institución. Según testimonios, las trabajadoras han recurrido a instancias como la Contraloría y la Secretaría de Buen Gobierno, sin que se haya actuado con firmeza. Las afectadas acusan que las denuncias han sido desestimadas por vínculos de compadrazgo y protección institucional.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Braulio Martínez Navarrete, fue cuestionado sobre esta situación. Al respecto, expresó:
“No. Esa parte no me corresponde a mí comentarla en ese sentido. Si la Contraloría y la Secretaría de Buen Gobierno tienen en su proceso esas denuncias que usted menciona, es el área que le corresponde”.
Además, afirmó no tener conocimiento de que la titular de Medidas Cautelares ejerza violencia contra su personal, en particular contra mujeres.
Las víctimas han señalado que recientemente, tras hacerse públicas las denuncias, la funcionaria removió de su cargo a una de las trabajadoras que la había denunciado, como forma de represalia. Sin embargo, luego de que el caso alcanzara atención mediática, se revirtió la medida y la empleada fue reubicada en otra área, conocida entre el personal como un “lugar de castigo”, lo que ha sido interpretado como una nueva forma de intimidación institucional.
Los hechos descritos reflejan no solo la persistencia de prácticas de violencia dentro del aparato gubernamental, sino también la omisión de las autoridades encargadas de prevenir, atender y sancionar estas conductas, especialmente en un estado que mantiene activa una alerta por violencia de género.
Organizaciones feministas y trabajadoras afectadas han exigido una investigación seria y con perspectiva de género, así como la destitución de perfiles que, desde cargos públicos, perpetúan la violencia y el acoso dentro de las instituciones.