Pablo Beltrán
La trapeadora
Y mientras avanzan los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el silencio sobre el abordamiento de un tema toral ha brillado intensamente.
El rubro de la inseguridad pública quizá es hoy por hoy, el punto que más preocupa a los mexicanos, por encima incluso de la salud y economía, de ahí que inquieta a más de tres, que de los últimos acontecimientos relevantes se haya hecho mutis en el seno legislativo, dejando prácticamente toda la carga de la responsabilidad al ejecutivo, fiscalía y jueces.
Curioso y displicente, cuando menos, ha sido el tratamiento de la última simbiosis detectada entre grupos criminales y servidores públicos, como lo visto en Tabasco, en donde el grupo de ‘La Barredora’ -brazo de cartel afamado-, fue ligado a gobierno y mandos policiales locales, cuyo caso sigue sin atenderse en su debido contexto, pues si bien pesa orden de arresto sobre diversas personas, el asunto da pauta para que dentro del congreso mexicano, se hagan los posicionamientos correspondientes, se hagan las reformas que sean necesarias, pero además, más allá de los procesos penales, se traiga al ámbito de las responsabilidades políticas a aquellos servidores públicos que por acción u omisión, dejaron actuar y crecer a ese grupo delincuencial. De entre varios, suena estridentemente el nombre del exgobernador y exsecretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre el cual las bancadas ajenas a Morena ya no solo piden que deje la coordinación del grupo parlamentario de ese partido en el Senado, sino además, que renuncie o se separe de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), porque esta si es prácticamente un órgano de gobierno.
No hay que olvidar que la cuestión de ‘La Barredora’ y sus socios o protectores, no fue denunciado por gente ajena u opositores al gobierno, por lo que llama poderosamente la atención de que aun y cuando aplicó la máxima de que ‘para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo’, aun así, la trama se está dejando a segundo plano, tratando de borrar así sus efectos políticos y mediáticos, en ese juego de algunos de hacer ver como que nada pasa.
Ya en esta semana y en la previa, han sido acallados legisladores que han deseado expresar por el micrófono su sentir sobre el tópico, tratando así el statu quo de detener un cerco, sin considerar que la omisión puede traer aún mayores costos políticos no solo nacionales, sino también internacionales, pues por supuesto que estos asuntos en desatención, si pesan para las decisiones arancelarias del vecino Trump, amén de otras potenciales medidas -aún más agresivas- que pudieran venirse.
Así pues, se ha ido tratando de difuminar paulatinamente el ‘maridaje’ denunciado por el propio gobernador Javier May y el grueso del Grupo Tabasco, los cuales al parecer ya han sido aparentemente ‘disciplinados’.
De último momento, para no perder la capacidad de asombro, surge denuncia periodística el día de ayer, sobre el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García por su aparente colusión en su período con grupos criminales en esa entidad -algo así como ‘Los Sombras’-, de ahí que en los próximos días ya se sumará otro exmandatario estatal en la lista de ‘observados’, mismo que por cierto no es actualmente un ciudadano común, ya que desde enero del año en curso, funge como Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), dependiente de la Secretaría de Energía.
Pues será melón o será sandía, pero día a día que pasa en el congreso federal las cosas siguen muy tibias, de ahí que algunos ya le llamen al grupo legislativo y evasivo del caso Tabasco, como ‘La Trapeadora’, pues mientras se tiene al elefante en la sala, al parecer mejor se ha optado por borrar toda huella con agua y cloro, pues no vaya a ser que el paquidermo despeine a varios.
Ya veremos si este affaire pasa al olvido, como otros…
MÁS DE ACORDEONES. Y vaya que en el tema de las elecciones judiciales siguen surgiendo máculas, pues en la semana que corrió, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, procedió a emitir sanciones -multas- por el uso o confección de acordeones, a más de una centena de futuros juzgadores, entre ellos ministros, magistrados y jueces, considerando que los mismos fueron beneficiarios de dichos documentos, dándole el fundamento a la sanción por el intrincado origen de los recursos dirigidos a la producción y distribución de acordeones físicos, así como para el diseño y operación de los sitios web que tuvieron dicha propaganda.
Aquí salió ‘raspado’ hasta el propio ministro electo Hugo Aguilar, que si otra cosa no sucede, en las próximas semanas -septiembre- estará sentado en la silla de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dicho de otra manera, titular de uno de los tres Poderes de la Unión.
El asunto fue por cierto muy debatido, con votación de seis contra cinco, lo que pone en evidencia el mecanismo electorero utilizado en detrimento de la democracia mexicana; aunque seguramente algunos de los sancionados ya deben de haber acudido en impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a defender ‘honra y bolsillo’.
Sin duda, ante tal experimento, sigue habiendo tela de qué hablar…