Lorenza Sigala / MO
El amanecer de este viernes no trajo calma a las puertas del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA).
La primera luz del día iluminó un escenario de hartazgo y miedo: desde las 07:00 horas, una veintena de custodios se plantó frente a la entrada principal, exigiendo atención urgente de las autoridades. Su advertencia es tan clara como alarmante: un motín está en puerta, orquestado por al menos 60 internos mayores de edad, catalogados como de alta peligrosidad.
No se trata de una amenaza vacía. Los custodios recuerdan que apenas el mes pasado un motín dejó heridos, golpes, un custodio sin un ojo y amenazas de muerte contra el personal. “Ya obtuvimos otra amenaza directa de que quieren más problemas aquí adentro”, dijo Sergio, oficial de seguridad, con voz grave. “No queremos ser los próximos en terminar en el hospital”.
“Son alrededor de 60 mayores, muy peligrosos mayores, son del pabellón dos de mayores y del pabellón, uno de menores de los mayores es que ya obtuvimos esa amenaza que quieren… que no se curaron que quieren más problemas, aquí estamos pidiendo ayuda, auxilio”, imploró.
Los pabellones 1 y 2 son hoy un polvorín: 120 menores y más de 60 internos que ya cumplieron la mayoría de edad, muchos de ellos con historial de violencia extrema. Los custodios aseguran que estos reos han dejado claro su desafío a la autoridad y su disposición a encender nuevamente la mecha del caos.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad, Braulio Martínez —quien asumió el cargo apenas el 8 de mayo a decir de los custodios- desconocía la magnitud del problema en el ITAMA y el CERESO, una omisión que, en un contexto de agresiones mediáticas contra agentes estatales, resulta alarmante.
La protesta no se limitó a pedir más seguridad. Los custodios denunciaron salarios que rondan entre 4 mil y 4 mil 500 pesos por quincena (niveles 2 o 3), muy lejos de la promesa del gobernador de homologarlos al nivel 7 de policía raso, con sueldos cercanos a los 9 mil u 11 mil pesos quincenales.
La manifestación, pacífica pero cargada de tensión, se extendió hasta las 08:00 horas, cuando los custodios bloquearon el Boulevard Ganaderos. Solo entonces llegó Braulio Martínez, quien prometió reforzar la vigilancia con policías estatales y llevar la demanda salarial al gobernador. Sin embargo, los custodios son escépticos: “solo están de presencia, no agarran llaves; y al final, los que abrimos las celdas somos nosotros”.
Una granja femenil custodiada por una sola mujer
En la granja femenil, la situación es igualmente alarmante: un solo oficial para vigilar a 14 adolescentes, con apenas cuatro elementos en total.
“Si pasa algo grave, no hay forma de reaccionar como se debe”, explicó la oficial Rebeca Vargas, tras mencionar que el secretario de seguridad no conocía la gravedad de la situación de los centros penitenciarios en Sonora.
Con apenas 20 custodios para 170 internos en todo el complejo, los trabajadores saben que la amenaza de un motín no es un simple rumor. “Es cuestión de tiempo si no nos escuchan”, concluyó Sergio.
Cifras que no cuadran con la seguridad
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica establecen que debe haber el personal suficiente para garantizar la seguridad y los derechos humanos, en la práctica, México opera con proporciones que rozan la negligencia: casos documentados muestran a un solo custodio frente a más de 20 o incluso 30 internos. En estándares internacionales, en un centro de alta seguridad debería haber un custodio por cada tres a cinco internos en turnos críticos; en centros de mediana seguridad, uno por cada diez; y en centros para adolescentes, uno por cada ocho durante el día y uno por cada 16 por la noche.
Para cubrir mínimamente los tres turnos y reducir el riesgo de fugas y motines, los custodios calculan que en el ITAMA harían falta al menos 10 guardias más en la granja femenil y 60 más en los pabellones 1 y 2.
Mientras tanto, el presupuesto estatal para 2025 —89 mil 198 millones 372 mil 583 pesos— sigue sin especificar cuánto se destinó realmente a reforzar la seguridad penitenciaria. En un ambiente tan cargado de amenazas, el tiempo que se tarde en responder puede marcar la línea entre el control y el caos.