Redacción / El Tiempo
CRISIS DE RENTABILIDAD EN EL CAMPO
El pronunciamiento del diputado Jesús Tadeo Mendívil en el Congreso del Estado refleja una preocupación que comparten miles de productores en Sonora: la crisis de rentabilidad que atraviesan cultivos estratégicos como el trigo y el maíz. Las cifras son claras. El costo de producción por hectárea supera los 41 mil pesos, mientras que el precio proyectado del trigo cristalino apenas llega a 4 mil 750 pesos por tonelada. Esta diferencia coloca a los agricultores en una situación de pérdidas que compromete la viabilidad de sus actividades y, en consecuencia, la estabilidad del sector agrícola en la entidad que no se limita a un ciclo ni a una variación temporal en los precios internacionales. Es un problema estructural que demanda atención y soluciones de fondo. En este sentido, la propuesta de Mendívil para reactivar coberturas agrícolas subsidiadas, actualizar los precios de garantía y abrir mesas de diálogo permanentes entre productores y autoridades constituye un punto de partida necesario para construir alternativas viables. El campo de Sonora ha sido históricamente motor de productividad y un pilar de la seguridad alimentaria nacional. Preservar su fortaleza es una tarea que requiere corresponsabilidad: del Gobierno Federal, del Estado y de los propios productores.
JOSÉ NARRO EN EL RÁDAR DE LA FISCALÍA
El nombre del diputado de Morena José Narro vuelve a aparecer en el radar de la Fiscalía General de la República, ahora vinculado a las investigaciones por huachicol fiscal. Desde 2022, su figura quedó marcada por la desaparición de dos marinos que lo custodiaban, tras presuntamente haberse reunido junto con Américo Villarreal con Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”, operador del Cártel del Noreste. Las pesquisas apuntan a una red compleja de vínculos políticos y criminales que alcanza a otros personajes de peso en Morena, como Adán Augusto López, Rafael Ojeda, Audomaro Martínez, los hermanos López Beltrán, Alberto Granados y Tania Contreras. Aunque muchos de ellos han salido al paso asegurando que se trata de calumnias, la percepción pública comienza a resquebrajarse. La FGR tiene frente a sí una oportunidad para demostrar autonomía y firmeza. Y los políticos señalados, incluido José Narro, tienen la obligación de rendir cuentas más allá de declaraciones públicas. La sombra del huachicol no se despeja con comunicados: se enfrenta con verdad y justicia.
PRESIONA WASHINGTON REVISIÓN DEL T-MEC
El Senado se prepara para la revisión del T-MEC en un momento de gran complejidad política y económica. El anuncio de Marcelo Ebrard sobre el inicio de consultas públicas abre la puerta a un debate en el que no solo estarán en juego los términos del tratado, sino la estabilidad de miles de empleos que dependen de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Los senadores del PAN ya advirtieron que México llega con desventaja. Las presiones de Washington marcan la agenda y la amenaza de aranceles es un recordatorio de que la negociación será cuesta arriba. El T-MEC ha sido vital para sectores estratégicos como el agrícola y el automotriz, y cualquier alteración podría impactar de manera directa en la economía de las familias. La reforma eléctrica impulsada por Morena cerró la puerta a nuevas inversiones extranjeras, y la falta de confianza en la autonomía judicial genera incertidumbre en los socios comerciales. Estos elementos debilitan la posición de México justo en la antesala de la revisión.
La visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, será una oportunidad clave para fortalecer la relación bilateral con Canadá. Más que un gesto diplomático, México necesita consolidar una alianza estratégica que le permita enfrentar con mayor solidez las exigencias de Estados Unidos. La negociación que se avecina pondrá a prueba no solo la capacidad técnica de los legisladores, sino también la voluntad política de colocar al país por encima de las agendas partidistas.
PIDEN PRUEBAS CONTRA DIPUTADA BROWN
El señalamiento contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, vuelve a poner en la mesa el debate sobre la responsabilidad política y el papel de las instituciones frente a acusaciones graves. En ese contexto la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, fue clara: si hay pruebas, deben aportarse a la Fiscalía General de la República y abrirse la investigación correspondiente. Esta postura es correcta en el marco de un estado de derecho, pues nadie puede ser culpado únicamente a partir de trascendidos mediáticos o filtraciones de interés político. La justicia requiere evidencias, no linchamientos. La reacción del gobierno mexicano, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, apunta en la misma dirección: no existen hasta ahora elementos que vinculen a Brown con alguna estructura criminal. Pero la ausencia de pruebas en el presente no significa que no se deba investigar, sobre todo si hay información que provenga de autoridades extranjeras con sustento documental y financiero.
OPACIDAD Y DUDAS LEGÍTIMAS EN PUEBLA
El gobierno de Alejandro Armenta Mier ha optado por un camino que, aunque busca proyectarse como un logro financiero, está lleno de opacidad y dudas legítimas. El pago anticipado de la deuda del Museo Internacional Barroco podría verse como un alivio a largo plazo para las finanzas estatales, pero la forma en que se llevó a cabo el convenio con Grupo Hermes y el préstamo por 2 mil millones de pesos con Banorte plantea más preguntas que respuestas. El hecho de que el crédito haya sido adquirido con un banco propiedad de la familia Hank, beneficiaria del convenio, genera un conflicto de interés evidente. No se trata sólo de una operación financiera, sino de una relación directa entre el deudor y el acreedor que obliga a exigir máxima claridad. En vez de fortalecer la confianza, el hermetismo del gobierno armentista abre la puerta a sospechas de favores políticos o arreglos poco claros. Más preocupante aún es la decisión de mantener bajo reserva por cinco años los términos del acuerdo con Grupo Hermes. En una democracia, donde la transparencia en el manejo de los recursos públicos debería ser un principio irrenunciable, resulta inaceptable esconder documentos que afectan el patrimonio colectivo. El derecho a saber no puede ser postergado bajo argumentos burocráticos o conveniencias políticas.