Redacción / El Tiempo
GARANTIZAN AGUA CON PLAN INTEGRAL RÍO SONORA
El gobernador Alfonso Durazo presentó el Plan Integral Río Sonora, con promesas de garantizar un suministro equitativo de agua y detonar el desarrollo económico y social de la región. La iniciativa incluye la construcción de la presa Puerta del Sol, apoyos a la ganadería, créditos productivos y proyectos de turismo y energía solar. A primera vista, el plan combina infraestructura, desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, lo que suena alentador. Sin embargo, el anuncio plantea preguntas clave: garantizar derechos de agua requiere un marco legal sólido y mecanismos que trasciendan la administración actual. La presa y los apoyos productivos, por sí solos, no aseguran que las comunidades accedan de manera permanente a los beneficios. La efectividad del plan dependerá de su implementación y seguimiento: que los créditos lleguen a quienes más los necesitan, que los proyectos productivos sean sostenibles y que la infraestructura hidráulica funcione sin favorecer solo a ciertos sectores. La verdadera medida no será la cantidad de agua almacenada, sino si las familias de la cuenca del Río Sonora perciben mejoras reales en su calidad de vida.
PASA FACTURA LA FALTA DE EXPORTACIÓN GANADERA
El cierre de la frontera con Estados Unidos ha expuesto la vulnerabilidad de los ganaderos sonorenses frente a la dependencia del mercado estadounidense. Pasar de 400 mil cabezas de ganado exportadas en 2024 a solo 200 mil este año es un golpe directo a la economía regional. Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, advierte que sin exportaciones el sector debe buscar alternativas para no colapsar. Tiene razón: revisar las importaciones de carne y ganado no es un capricho, sino una medida de supervivencia frente a la sobreoferta que amenaza con desplomar precios. Pero más allá de la coyuntura, la reflexión es inevitable: mientras la ganadería dependa casi exclusivamente de una sola frontera, seguirá siendo rehén de decisiones externas. Diversificar mercados, invertir en valor agregado y fortalecer el consumo interno ya no es opción, es obligación. El cierre fronterizo es una alerta. Como lo señala Ochoa Valenzuela, proteger la competitividad local no puede esperar.
VIENE UN ‘MEGARECORTE’ PARA EL INE
Ricardo Monreal ha dejado claro que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados perfila un “megarecorte” al INE y al Poder Judicial. Su argumento es sencillo: en 2026 no habrá elecciones federales y, por tanto, el Instituto Nacional Electoral no requiere los mismos recursos que en años de comicios; lo mismo con un Poder Judicial que, a su juicio, solicitó un incremento excesivo de su presupuesto. Desde una mirada estrictamente contable, la postura parece lógica. Reducir más de 4 mil millones al INE y al menos 15 mil millones al presupuesto del Poder Judicial se presenta como un ejercicio de austeridad responsable. El INE, aun sin elecciones, mantiene funciones permanentes —desde la fiscalización hasta la educación cívica— que requieren estabilidad financiera. Y en el caso del Poder Judicial, el rechazo a un aumento solicitado por la propia Suprema Corte de Justicia no puede desligarse del contexto de tensiones entre el Legislativo y los jueces en torno a su papel como contrapeso. Monreal, político hábil y pragmático, sabe que los recortes tienen un impacto más allá de las cifras: son una herramienta para marcar límites, condicionar agendas y mostrar la fuerza de la mayoría legislativa.
ACUSAN AL PRI DE ESTAR DETRÁS DE AMPAROS A FAVOR DE LOS HIJOS DE AMLO
Arturo Ávila, diputado de Morena, acusó al PRI de estar detrás de los amparos presentados en favor de los hijos de López Obrador. En un debate con Azucena Uresti, afirmó que presentará pruebas y señaló al abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald como supuesto operador, aunque éste ya negó su participación. Más allá de las descalificaciones, el tema refleja cómo una figura jurídica como el amparo se está transformando en instrumento de batalla política. Lo que debería ser una herramienta de protección ciudadana aparece en este caso como parte de una estrategia de comunicación para dañar o blindar personajes públicos. Ávila busca colocar al PRI como responsable de una campaña de desprestigio contra los hijos del expresidente, mientras que el PRI lo acusa de mentir. El resultado inmediato es el mismo: alimentar la confrontación y trasladar la discusión de los tribunales a los medios.
PRESIÓN POLÍTICA EN SAN LÁZARO
La confrontación entre la panista María Elena Pérez-Jaén y la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo no es solo un intercambio acalorado en los patios de San Lázaro: refleja la creciente tensión política que generan los señalamientos internacionales contra legisladores mexicanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Brown de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Más allá de la gravedad de estas imputaciones, la reacción de Brown —afirmar que “el que nada debe, nada teme” y retirarse sin responder a los medios— deja un vacío de claridad que se traduce en presión política inmediata dentro del Congreso. La insistencia de Pérez-Jaén, quien le pidió solicitar licencia para esclarecer los señalamientos, ilustra la estrategia de la oposición: trasladar la confrontación internacional al terreno legislativo, cuestionando la legitimidad y la moralidad de un cargo público ante la opinión pública. Los señalamientos de autoridades extranjeras, aunque todavía sujetos a investigación, se convierten en catalizadores de disputa política interna. La política mexicana, en este contexto, opera en dos frentes: uno legal y otro mediático, donde los recursos de comunicación se usan para moldear la percepción ciudadana y ejercer presión sobre los actores involucrados.