Lorenza Sigala/MO
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, aseguró que todo servidor público que incurra en una conducta delictiva debe enfrentar la justicia penal, independientemente de su cargo. En entrevista, también reconoció que, en algunos casos, la calidad de funcionario puede agravar la pena impuesta.
“Cualquier servidor público que cometa un delito, pues debe de ejercitarse acción penal en su contra. Y nosotros en los tribunales vamos a determinar si es culpable o inocente. Si es culpable, se le va a aplicar alguna pena. Eso es lo que le puedo decir”, sentenció.
Las declaraciones del magistrado se dieron en un contexto de creciente presión sobre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), luego de una cadena de incidentes protagonizados por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurridos en los primeros nueve meses del año.
“Sí, definitivamente”, respondió al ser cuestionado sobre si ser servidor público podría agravar una sanción penal”. El hecho de estar desempeñando una función como servidor público agrava, a veces, hasta la pena que se le va a imponer. Y en algunos delitos se señala específicamente que el hecho de ser servidor público aumenta la pena.
Acuña Griego subrayó que el debido proceso también debe garantizarse, aun tratándose de elementos activos de instituciones de seguridad.
“No por ser servidor público va a carecer de garantías”, afirmó—. Pero si me da usted oportunidad, le veo delito por delito cuánto se aumenta.
Ocho hechos, ocho señales
En lo que va del año, la AMIC ha sido vinculada con al menos ocho hechos de alto impacto, que incluyen ataques armados, accidentes fatales, escándalos públicos y delitos atribuidos a exmandos. Los casos, documentados entre febrero y septiembre, han comprometido la imagen de la institución y han provocado respuestas institucionales desde la fiscalía hasta el poder judicial.
- 70 disparos contra un abogado
El 24 de mayo, dos agentes ministeriales dispararon más de 70 veces contra el abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, en la colonia Tres Reinas de Hermosillo. Ambos elementos fueron acusados por tentativa de homicidio e incumplimiento de deber legal. Permanecen prófugos.
- Muerte en cateo
Dos días antes, el 22 de mayo, el agente Julio César Contreras Arroyo murió durante un cateo en la misma colonia. En el operativo también murieron un presunto agresor y su pareja sentimental.
- Atropellamiento fatal
El 24 de febrero, un agente arrolló a un ciclista, quien falleció en el lugar. Aunque no se le imputó responsabilidad directa, el caso se mantuvo bajo escrutinio.
- Estudiante atropellada
El 12 de junio, en Las Lomas, una menor fue impactada por una unidad oficial. La víctima fue hospitalizada. El agente fue exonerado.
- Doble ejecución en Altar
El 8 de marzo, el agente Roberto Eduardo y su esposa Marisela fueron ejecutados. El caso sigue bajo investigación.
- Exjefe imputado
El 13 de agosto, la Fiscalía imputó a un exagente, Roberto N., por delitos contra la administración de justicia, evasión de presos e incumplimiento de deber legal. Fue superior jerárquico de los agentes que dispararon contra el abogado Bustamante.
- Accidente mortal en San Carlos
El 28 de septiembre, el agente Luis Alejandro, presunto jefe de grupo, manejaba en sentido contrario y provocó un choque fatal. También figura en una carpeta por tortura, según versiones extraoficiales.
- Escándalo armado en Cajeme
El 29 de septiembre, la agente Jessica Abigaíl fue detenida al exterior de un antro, portando su arma y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Fue arrestada por policías municipales con apoyo de la Marina.
Más de 50 investigaciones en curso
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sonora acumuló 52 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos hasta agosto de 2025. Aunque no todos los casos están ligados a la AMIC, la corporación concentra varios de los más visibles en medios y redes sociales.
La serie de hechos ha encendido las alertas institucionales, especialmente por la frecuencia y el perfil de los agentes implicados. Lejos de tratarse de casos aislados, los patrones observados han escalado hasta mandos intermedios y exfuncionarios, generando presión sobre los mecanismos de control interno de la Fiscalía estatal.