Redacción / El Tiempo
INICIA EN SONORA EL CAMINO HACIA LA REFORMA ELECTORAL
El inicio de las audiencias para la construcción de la Reforma Electoral, encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, marca un momento significativo para el país. Se trata de un proceso que busca replantear la relación entre ciudadanía e instituciones, en consonancia con la visión de transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El hecho de que Sonora sea el punto de partida para estos diálogos ciudadanos no es casualidad. La entidad ha mostrado, bajo la conducción de Durazo, una disposición constante al debate democrático y a la participación social. Su papel en esta etapa inicial envía un mensaje claro: las reformas de fondo deben construirse desde los territorios, escuchando las voces diversas que conforman el país. En ese sentido, las aportaciones como la de Alberto Mellado Moreno, representante de comunidades originarias, son muestra del espíritu incluyente que debe guiar la Reforma Electoral. Integrar las visiones de los pueblos indígenas y garantizar su representación efectiva en los congresos locales es una deuda histórica que México aún tiene pendiente. La democracia no puede entenderse sin la pluralidad cultural que la sustenta.
QUIEREN MAESTROS CAMBIO EN LA SNTE
El llamado de los maestros a transformar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) refleja un hartazgo que no es nuevo, pero que hoy adquiere fuerza renovada. Desde Ciudad Obregón, representantes de distintas secciones del país, encabezados por Ricardo Aguilar Gordillo, alzaron la voz para demandar un sindicato que realmente los represente, lejos de intereses políticos o clientelares. Durante décadas, el SNTE ha sido un actor clave en la vida pública mexicana, pero también un ejemplo de cómo el poder sindical puede distanciarse de las bases. Cuando las estructuras se enquistan, cuando los liderazgos se perpetúan y los beneficios se concentran, el sentido original de la organización —la defensa del magisterio— se pierde. De ahí la urgencia de una renovación interna que devuelva al sindicato su legitimidad. Las exigencias de los docentes son claras y legítimas: mejorar el sistema de retiro, garantizar un servicio médico digno y fortalecer las condiciones laborales. Ninguna de estas demandas es nueva, pero su reiteración constante evidencia que las promesas de reforma sindical nunca se han materializado. El mensaje que envían desde Sonora y los estados participantes es contundente: ya no basta con discursos, se requieren hechos. Si el SNTE aspira a seguir siendo una voz relevante en el futuro de la educación mexicana, deberá escuchar a quienes sostiene su estructura: los maestros.
ADVIERTE IP RIESGOS POR APLICACIÓN DE IMPUESTO
La advertencia del sector empresarial ante el posible incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debe ser atendida con seriedad. Las cámaras y asociaciones que participaron en la mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda no se oponen a la recaudación fiscal, sino a que esta se base en decisiones que, aunque bien intencionadas, podrían generar efectos contraproducentes en la economía formal. El representante del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, Gastón Zambrano, expuso con claridad los riesgos: si el precio de una cajetilla de cigarros supera los 100 pesos, el mercado ilegal —ya controlado en buena parte por el crimen organizado— podría duplicar su tamaño. La informalidad y el contrabando no sólo erosionan la recaudación, sino que también fortalecen economías paralelas que el Estado no puede controlar. Más allá del tabaco, el aumento del IEPS en bebidas azucaradas, videojuegos y sorteos afectaría al consumo popular y a los pequeños comercios, sin garantizar una reducción real en los problemas de salud que se pretende combatir. Las políticas fiscales que castigan al consumidor sin acompañarse de educación, prevención y regulación efectiva terminan siendo regresivas y poco eficaces.
NOROÑA PONE EN DEBATE LA LIBERTAD DE PRENSA
El reciente enfrentamiento entre el senador Gerardo Fernández Noroña y el medio ADN Noticias vuelve a colocar en el centro del debate un tema esencial para toda democracia: la ‘libertad de prensa’. Al amenazar con presentar una denuncia por ‘acoso a su privacidad’, el legislador de Morena demuestra una vez más su intolerancia hacia la crítica y su incapacidad para entender que, como funcionario público, está sujeto al escrutinio ciudadano y mediático. El periodismo libre cumple una función indispensable: vigilar el uso del poder y de los recursos públicos. La investigación que ADN Noticias realizó sobre la propiedad de Noroña en Tepoztlán, Morelos, se originó a partir de denuncias vecinales, no de un interés personal o político. En un país donde la corrupción y el abuso de poder son males persistentes, la rendición de cuentas no puede considerarse acoso, sino obligación. La respuesta del director del medio, ‘Luciano Pascoe’, fue firme y necesaria: los medios tienen el deber de indagar, cuestionar y exponer, especialmente cuando se trata de figuras que viven del erario y que se autoproclaman representantes del pueblo.
BENEFICIOS JUDICIALES EN CASO BERMÚDEZ
La suspensión definitiva concedida por un juez federal a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vuelve a poner en evidencia las tensiones entre la justicia y la percepción pública de impunidad en México. Aunque esta medida no implica su libertad inmediata, sí alimenta la desconfianza ciudadana hacia un sistema judicial que, con frecuencia, parece favorecer a quienes cuentan con poder político o influencia. Bermúdez es un personaje mayor: Fue secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy figura relevante de la política nacional. Los reportes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya en 2022 ya lo vinculaban con actividades criminales, incluyendo secuestro, extorsión y robo de combustible. Que un ex funcionario con ese historial reciba beneficios judiciales genera inevitablemente sospechas sobre la independencia del poder judicial. El magistrado Ricardo Garduño Pasten aclaró que la suspensión no significa impunidad, sino que la orden de aprehensión queda bajo supervisión judicial. Sin embargo, la sociedad mexicana ha visto demasiados casos donde los tecnicismos legales terminan siendo escudos para eludir la rendición de cuentas. Cada resolución como esta erosiona la confianza en la justicia y envía el mensaje de que el peso de la ley no cae igual sobre todos.