Milton Martínez Estrada/MO
Un millón para detener a los AMIC que ya tenían en las manos
Hay tantas cosas mal en el caso de los dos Agentes Ministeriales de Investigación Criminal que balearon hasta el cansancio a un abogado en mayo pasado.
La línea de investigación de este atentado es muy sencilla: Un par de agentes ministeriales de Sonora realizaron 70 detonaciones de arma de fuego contra un inocente conductor.
Esto que les explico en segundos le ha llevado a la Fiscalía General de Justicia del Estado cinco meses en llevar a la justicia a los responsables.
La primera versión que esgrimieron los agentes implicados, Argel Azael Luna Delgado y Miguel Ángel Palafox López fue que un automóvil sedán, color gris, les había cerrado el paso, les había disparado en múltiples ocasiones y luego se dio a la fuga.
Por lo que estos agentes, ahora prófugos de la justicia y por quienes se ofrece 500 mil pesos de recompensa por cada uno, buscaron y encontraron un automóvil similar al que los había atacado y le abrieron fuego.
Le descargaron 70 balas al automóvil y al conductor de la unidad.
Sí, fueron 70 detonaciones y testigos de los hechos relataron a este columnista que uno de los agentes se acercó al conductor y estuvo a punto de propinarle el “tiro de gracia”, o sea de ultimarlo al mero estilo sicario.
Esto tiene un nombre y se llama ejecución extrajudicial.
Todo hasta aquí era turbio porque un agente ministerial solo se encarga de integrar carpetas de investigación, y sólo si su labor se lo exige, accionar su arma en defensa propia.
Pero esa misión de imponer su ley y ultimar ciudadanos nadie se la ha conferido.
Todavía peor: El sedán que emboscaron los AMIC no era el que andaban buscando y aún así descargaron toda la artillería que traían.
De andar buscando un rufián se encontraron con el reconocido litigante Carlos Arturo Bustamante Bracamonte quien recién había aparcado su automóvil por fuera de una vivienda que estaba remodelando.
Así como se lee: El abogado llevaba algunas cositas que los albañiles le habían pedido para la restauración de su casa y se encontraron con este par de agentes que abrieron fuego sin piedad.
Esto ocurrió el 24 de mayo y la fiscalía sonorense informó de los hechos hasta el 28 de mayo, cuatro días después cuando los agentes ya se le había escapado.
Con el siguiente informe oficial, la fiscalía sonorense, se excusó de su lento actuar:
1.- Los elementos involucrados manifestaron a su superior jerárquico que habían accionados sus armas para repeler una agresión, ya que estaban siendo seguidos por diversos vehículos.
Después de lo anterior, dichos elementos se retiraron del lugar de los hechos y fueron presentados por su superior jerárquico horas más tarde ante el agente del ministerio público a fin de deslindar responsabilidades.
2.- Al no existir flagrancia delictiva se ejercitó acción penal con pedimento de órdenes de aprehensión, siendo concedidas la madrugada del 26 de mayo.
Por lo anterior, cuando se informó, el propio 26 de mayo, que dichos sujetos habían sido judicializados, fue porque ya existían órdenes de aprehensión y se estaba realizando su búsqueda para la detención.
3.-Por otra parte, desde que se tuvo conocimiento que la víctima se encontraba internado en el Hospital General de Especialidades, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se apersonó para gestionar y garantizar la atención médica correspondiente, así mismo se mantiene comunicación permanente con su familia.
El día 27 de mayo por decisión de la familia fue trasladado a un hospital privado para su atención médica, por lo que esta Fiscalía no está autorizada para informar sobre su estado de salud.
El abogado pasó meses en estado crítico de salud y hoy enfrenta una dolorosa recuperación. A fin de que no se le inculpara de algún delito al litigante, la familia le practicó una prueba de Harrison y este resultó negativo a residuos de pólvora.
Voy a enumerar todos los errores que advierto en el caso:
I
Los agentes accionaron en 70 ocasiones sus armas de cargo en contra de un ciudadano que ni siquiera poseía un arma de fuego.
II
Los efectivos no cuentan con un protocolo de actuación para saber cómo responder a cada caso que enfrenten.
III
La fiscalía supo del caso, tuvo a su alcance a los ministeriales y los dejó ir, pero no se trate de cualquier otro cristiano que haya conducido bajo los influjos del alcohol porque hasta lo esposan y lo dejan incomunicado.
IV
La Barra Sonorense de Abogados considera que el actuar es una violación a los principios establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
V
El fiscal sonorense dijo frente a los medios de comunicación que se tenía detenidos a los ministeriales y no fue cierto.
VI
La ineptitud de la fiscalía costará un millón de pesos a los sonorenses porque la recompensa sale directamente del erario público.
¿Qué motivó a los ministeriales a abrir fuego tan descarado contra el inocente abogado? Es La Siguiente Pregunta.
Si el destino periodístico nos lo permite, les volveré a escribir el domingo próximo. Y seguiremos el profundo análisis de la política sonorense. Gracias por la lectura. Nos reencontraremos cuando usted tenga a su alcance La Siguiente Pregunta. Tengan la bondad de ser felices.