Martín alberto Mendoza Salazar
SEPULTADOS POR EL DEBER, TRES TRABAJADORES DE CONTRATISTA QUE LABORABA PARA EL OOMAPAS; FALLECIERON POR UNA ORDEN QUE NUNCA DEBIO DARSE; ENTRE EL DEBER Y LA TRAGEDIA; UN TURNO MÁS QUE TERMINÓ EN SILENCIO; EL IMPACTANTE SUCESO QUE SACUDE ENTRAÑAS NO SOLO DE LA PARAMUNICIPAL SINO DE LA COMUNIDAD; LO QUE CORRESPONDE AHORA ES LA JUSTICIA, VERDAD Y EL RESPETO A LA MEMORIA DE QUIENES DEJARON DE EXISTIR CUMPLIENDO CON SU TRABAJO; ES MOMENTO DE QUE LAS INSTITUCIONES ACTÚEN CON RIGOR, QUE LOS DICTÁMENES SE REALICEN CON VERDAD Y QUE LA JUSTICIA NO SEA MOLDEADA POR LOS INTERESES ABSOLUTAMENTE DE NADIE; EN CAJEME, EL VALOR DE UNA VIDA NO DEBE MEDIRSE POR EL CARGO QUE SE OCUPA, SINO POR LA RESPONSABILIDAD QUE SE ASUME; HASTA AYER LO HICIERON QUE LO DEBIERON HABER HECHO DESDE QUE LA OBRA FUE PARADA POR PROTECCIÓN CIVIL; ACORDONARLA Y COLOCAR VIGILANCIA POLICÍACA; AHORA BIEN, NO SE TRATA DE BUSCAR CULPABLES, PERO SI ES IMPORTANTE QUE EL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA TAMBIÉN SE DIGNE EN VOLTEAR HACIA ESAS OBRAS; PORQUE DESPUÉS DE AHOGADO EL NIÑO NO TIENE SENTIDO Y ESTO DEBE SABERLO CLAUDIO CRUZ HERNÁNDEZ; OTRO HECHO QUE ENTRISTECIÓ A CAJEME FUE EL DECESO DE MUCHACHITA BALEADA EN POSADA DEL SOL; REMUEVEN DE TITULAR COMO INTERDICIPLINARIO DE SSPM A ARMENTA TABABARDILLO Y ADÁN VALENZUELA, CUÁNDO
A UNAS HORAS de la tragedia que enlutó a Cajeme, el recuerdo de tres hombres que salieron a trabajar buscando el sustento diario para sus familias sigue estremeciendo a la comunidad. Aquella noche de viernes, sobre la calle Zaragoza entre Obregón y Ferrocarril, en la colonia Benito Juárez, tres trabajadores de un contratista que indirectamente convino con el Órgano Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) perdieron la vida y uno más resultó gravemente lesionado al caer dentro de un pozo de visita del colector de drenaje, durante labores de mantenimiento. Ninguno de ellos imaginó que esa jornada, como tantas otras, sería la última. Las víctimas fueron identificadas como Flavio M. A., de 34 años, y los hermanos Jonathan y Yosimar L. V., de 34 y 38 años respectivamente, quienes trabajaban bajo las órdenes del contratista Geovanny Reynaldo Ayala Quintana. El único sobreviviente, Luis Carlos R. L., de 36 años, se encuentra hospitalizado tras lanzarse al pozo para intentar rescatar a sus amigos, siendo extraído en estado crítico por socorristas de Cruz Roja. En un momento álgido de las labores de rescate, el jefe de Bomberos, Víctor Manosalvas Mena, informó que los cuerpos fueron encontrados a una profundidad de entre cinco y seis metros y que el último fue recuperado pasada la medianoche, cerca de las 00:30 horas del sábado, después de horas de maniobras en las que participaron bomberos, paramédicos, Ejército, Marina y AMIC. De acuerdo con el coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, las víctimas habrían muerto por inhalación de gas metano, un peligro conocido que requiere protocolos de ventilación y supervisión estrictos. Lo que agrava esta tragedia es que la misma Unidad Municipal de Protección Civil ya había emitido una recomendación para detener los trabajos debido a la falta de lineamientos de seguridad. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿quién autorizó que las obras continuaran pese a esa advertencia? No se trata de señalar por impulso, sino de exigir que se identifique a quienes tomaron decisiones sin valorar los riesgos. Porque si hubo advertencia y aun así se siguió adelante, el accidente pudo y debió evitarse. Aún más preocupante resulta saber que al día siguiente el lugar del siniestro permanecía sin acordonamiento ni resguardo policial, pese a tratarse de una zona que debía preservarse para la investigación ministerial. Esa omisión pone en entredicho la seriedad del seguimiento institucional y compromete la integridad de las evidencias que servirán para determinar responsabilidades. Mientras las familias enfrentan el dolor por la pérdida de sus seres queridos, algunos actores intentan aprovechar el momento para obtener protagonismo político. Pero aquí, la política no tiene cabida: ante la muerte, ya nada justifica el discurso ni la conveniencia. Lo que corresponde ahora es la justicia, la verdad y el respeto a la memoria de quienes murieron cumpliendo con su trabajo. Estas líneas no buscan señalar ni enjuiciar; busca exigir que la justicia se aplique sin favoritismos, sin influencias y sin olvido. Que la balanza no se incline por la conveniencia, sino por la justicia. Porque en Cajeme, el valor de una vida no debe medirse por el cargo que se ocupa, sino por la responsabilidad que se asume. La justicia no solo debe buscar culpables, sino responsabilidades integrales. Este hecho exige que se generen resultados desde lo técnico, lo administrativo y lo penal, porque las muertes de Flavio, Jonathan y Yosimar no pueden quedar como una estadística más. Es momento de que las instituciones actúen con rigor, que los dictámenes se realicen con verdad y que la justicia no sea moldeada por intereses. Aquí no se trata de política, sino de humanidad. Que este dolor sirva para corregir estructuras, para salvar vidas y para recordar que la justicia verdadera no se predica…se demuestra…Y SIN QUE ESTO suene a la zalamería, porque no es lo mío y se ha demostrado con indeclinables señalamientos y el peso de la verdad, pero ayer al mediodía nos echamos una vuelta al trágico escenario para tener una idea clara de lo que se escribiría y observamos a distancia al coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón, tal parece que se estaban colocando cintas restrictivas e incluso más tarde nos enteramos que se solicitó la presencia de elementos policíacos para que vigilen el área, acciones que desde el primer momento en que se suspendieron los trabajos debieron instrumentarse y no esperarse a que se ahogara el niño como dice la conseja popular. De cualquier manera, la medida no debe ser tardía y es primordial para evitar que una criatura o adolescente vaya y se acerque a ese sitio por curiosidad como suele suceder y se escriba otra tragedia, mientras esa obra no sea concluida y cerradas esas mortales zanjas representan latente peligro para la comunidad…EN ESTE MISMO asunto habrá que esperar a que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a través del Ministerio Público emita una resolución al respecto por órdenes precisas de Gustavo Rómulo Salas Chávez a quien en definitiva le han quedado grandes los zapatos que se requieren usar como Fiscal del Estado, pero tal parece que el funcionario es de pie chico es por ello que no los llena… OTRO HECHO que entristeció a la comunidad cajemense fue el deceso de la jovencita Dalia Astril, de 16 años, quien desde la noche del sábado 4 de octubre luchaba por su vida, cuando fue baleada con otros tres adolescentes más, en un atentado que se perpetró en el fraccionamiento Posada del Sol, en la esquina de las calles Santa Martina y Posada San Eligio, donde celebraban una fiesta de amigos. Horas después del artero ataque inicialmente dejó de existir Ángel Giovanny, también de 16 años. Su fallecimiento ocurrió poco antes de las 7:00 de la mañana del domingo, ese día, en redes sociales, se dijo insistentemente que también había expirado Dalia, cuando ella se debatía entre la vida y la muerte. Se tenía la esperanza que su juventud la sacara adelante, pero tristemente sucumbió y perdió la batalla con la muerte ante el incontenible llanto y dolor de sus padres, hermanos, demás familiares y amigos. Aunque uno de los presuntos pagó con su vida el haber participado en la mortal agresión, cuando tres días más tardes, el martes 7 de octubre murió al enfrentarse a balazos con policías ministeriales y estatales, en la colonia Valle Dorado. Otro junto con una mujer se encuentran presos. Uno más logró escapar en plena refriega, pero de seguro que ya está identificado y debe ser buscado por las autoridades. En el atentado otros dos jovencitos, Leonel Alejandro y Axel Alexis, también resultaron heridos, pero con lesiones que ponen en peligro sus vidas. Por supuesto que la muerte de Dalia Astril, complicará la situación jurídica de los ahora imputados…EL PASADO fin de semana fue removido de su cargo como jefe interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el comandante Eleazar Armenta Tabardillo y se desconoce si fue enviado a la tropa o fue suspendido de sus labores por lo que en el curso de esta semana habremos de averiguar. Bueno fuera que igualmente reconsiderara el nombramiento que absurdamente se entregó a Raúl Adán Valenzuela Cruz, que ahora indignamente despacha como comandante de la Delegación Poniente de la Policía en un gravísimo retroceso. Estamos por recibir una información de Rosario, Tesopaco, donde de la misma forma se desempeñó como agente policíaco y se aventó algunas “hazañas” de las que daremos cuenta en el devenir de los días, porque es necesario que Claudio Cruz Hernández entienda que se equivocó. Sabemos que como siempre pone oídos sordos a lo que dice la tropa y de manera unilateral se hace lo que al le viene en gana sin importarle el daño que le hace a la sociedad, al colocar en esos cargos a gente que sólo serán una carga para la corporación y un riesgo latente de que deterioren más la imagen. Por cierto, qué no es responsabilidad de Cruz Hernández las obras inconclusas que se localizan en distintos sectores de la ciudad. Como responsable de la seguridad pública debe estar implícito su compromiso de vigilar esos lugares, porque son caldo de cultivo para que ocurran otras tragedias y después andan buscando culpables donde no los hay…Luego seguimos, Dios mediante.