Redacción / El Tiempo
CADA AÑO ES EL MISMO DILEMA
A estas alturas del año, cuando el calendario apenas deja 45 días por delante, los ayuntamientos de Sonora vuelven a enfrentar el mismo dilema de cada cierre: las arcas vacías, los compromisos encima y la necesidad de recurrir, una vez más, a préstamos o adelantos de participaciones para sobrevivir el tramo final de 2025. Lo que había por cobrar ya se cobró; lo que había por gastar ya se gastó, y en muchos casos, más. En Navojoa, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes pidió al Cabildo autorización para endeudarse con un préstamo de 32 millones de pesos, reflejo de una realidad que comparten casi todos los municipios: la incapacidad de cubrir aguinaldos, prestaciones sindicales y, por si fuera poco, los inevitables gastos de eventos navideños y cierres de año. Pronto se verá, como cada diciembre, la fila de alcaldes tocando la puerta de la Secretaría de Hacienda estatal en busca de adelantos que serán descontados en 2026, perpetuando así un ciclo que nunca se rompe. Este patrón no solo evidencia una mala planeación financiera crónica, sino un sistema de ingresos municipales insuficiente y dependiente de decisiones de última hora. El problema no es nuevo, pero cada año se vuelve más evidente: los municipios no gastan de más en diciembre, gastan de menos en planeación durante todo el año.
BUSCAN MODIFICAR LEY DE TURISMO
La iniciativa presentada por la diputada de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, para modificar la Ley de Turismo en Sonora representa un paso necesario y oportuno ante un problema que permanece oculto, pero cuya gravedad es innegable: el turismo sexual y la trata de personas que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes. Su propuesta demanda que hoteles, moteles y plataformas de alojamiento exijan documentos oficiales que acrediten el parentesco de los menores con los adultos que los acompañan, una medida básica que en muchos estados ya opera y que en Sonora sigue pendiente, a pesar de que en 2024 se denunciaron 120 casos de delitos sexuales contra menores, varios de ellos vinculados a contextos de hospedaje. Castro Valenzuela advierte lo evidente: hoy no existe ningún filtro real que impida que estos abusos ocurran. La iniciativa no solo busca cerrar esa puerta, sino también profesionalizar al personal de establecimientos turísticos mediante capacitación y sensibilización. Erradicar el turismo sexual exige corresponsabilidad del sector privado, respaldo legislativo y vigilancia efectiva del Estado. No basta con endurecer reglas: se necesita voluntad y supervisión para que la protección de la niñez deje de ser un discurso y se convierta en práctica cotidiana.
ADÁN AUGUSTO PONE ORDEN: RECHAZA EXCLUIR AL PAN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
La petición de Gerardo Fernández Noroña para dejar fuera al PAN de la Junta de Coordinación Política no pasó del escritorio: Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, descartó tajantemente la solicitud argumentando que simplemente no tiene facultades legales para impedir la participación de un grupo parlamentario en un órgano de gobierno del Senado. Aunque reconoció la inconformidad de Noroña ante lo que él calificó como “injurias, provocaciones y sabotaje” por parte de la bancada blanquiazul, Adán Augusto recordó que la Jucopo es una instancia regida por la representación proporcional, no por afinidades políticas ni por acuerdos internos, y que excluir a un partido sería un acto inconstitucional que vulneraría la pluralidad del Congreso. En un mensaje dirigido a los reporteros, el tabasqueño llamó a la armonía y al entendimiento entre grupos parlamentarios, al señalar que la civilidad en el pleno —incluidos los reclamos, los megáfonos y los excesos— es responsabilidad de cada legislador y de cada coordinador. Su postura no solo desactiva un intento de escalar el conflicto, sino que reafirma que, pese a las tensiones, las reglas institucionales siguen siendo el marco que limita los impulsos más estridentes dentro del Senado.
MEGAPUENTE LEGISLATIVO: DESCANSO PROLONGADO ENTRE PENDIENTES, CRISIS Y TENSIONES POLÍTICAS
Mientras el país enfrenta una oleada de violencia y una agenda cargada de temas urgentes, senadores y diputados decidieron tomarse un “megapuente” que aplazará toda actividad legislativa hasta el miércoles 19 de noviembre. En el Senado quedan en pausa asuntos tan relevantes como la Ley de Extorsión, la aprobación de magistrados electorales locales y el seguimiento al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que volvió a exhibir la presión del crimen organizado sobre gobiernos locales. El descanso llega, además, en medio de los señalamientos que rodean a la senadora morenista Olga Patricia Sosa, presuntamente investigada en Estados Unidos por huachicol fiscal y financiamiento ilícito a campañas republicanas, generando un clima adicional de incertidumbre. En San Lázaro, las y los diputados también suspenden actividades, dejando pendientes de alto impacto como la discusión de la Ley General de Aguas y la polémica iniciativa para adelantar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum a 2027. Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión entre oficialismo y oposición, especialmente visible en los constantes choques entre Gerardo Fernández Noroña y Lilly Téllez, cuyas confrontaciones han eclipsado debates de fondo. El megapuente, así, exhibe un contraste incómodo: mientras el país espera respuestas, el Congreso se toma un descanso prolongado.
OFENSIVA QUE EXHIBE MÁS VENGANZA QUE ESTADO DE DERECHO
La nueva embestida de Morena para retirar las escoltas financiadas con recursos públicos al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y, además, presionar por su extradición desde Estados Unidos, revela más un ánimo de revancha política que un compromiso genuino con la legalidad. Si bien es cierto que ningún exmandatario debe gozar de privilegios excesivos —mucho menos cuando enfrenta órdenes de aprehensión y señalamientos por delincuencia organizada y lavado de dinero—, también lo es que el uso faccioso de las instituciones erosiona la credibilidad del propio Estado. El caso de Cabeza de Vaca, a quien un juez le concedió un amparo para mantener escoltas hasta 2028 y que ha logrado navegar entre resoluciones contradictorias, refleja tanto las grietas jurídicas de Tamaulipas como la incapacidad de construir un consenso nacional sobre los límites de la protección oficial a exfuncionarios. La propuesta de Morena para retirarle la seguridad y acelerar su extradición podría ser legítima si se sustentara exclusivamente en criterios técnicos, pero el discurso que lo acompaña —cargado de calificativos y oportunismo— termina presentándose como una maniobra política en temporada preelectoral. México necesita certeza legal, no ajustes de cuentas; investigaciones sólidas, no linchamientos mediáticos; un Estado que actúe con rigor, no con rencor.