Redacción / El Tiempo
SE INCREMENTA PRESUPUESTO DE BECAS
El anuncio del gobernador Alfonso Durazo de elevar a mil millones de pesos el presupuesto para Becas Sonora en 2026 no solo representa una ampliación histórica del programa, sino también una señal clara de hacia dónde quiere orientar el futuro del estado: hacia la educación como motor de movilidad social. En un país donde la desigualdad sigue marcando destinos, apostar por las niñas, niños y jóvenes con apoyos que garanticen su permanencia en las aulas es una decisión que trasciende coyunturas políticas. Desde su primer año de gobierno, Durazo ha incrementado de manera sostenida estos recursos —de 400 millones a 830 millones en el ejercicio actual— y ahora plantea un salto sin precedentes que consolida a Sonora de Oportunidades como el programa de becas más grande en la historia del estado. Más allá de la cifra, lo relevante es el mensaje: invertir en la formación académica es invertir en una sociedad más justa. El reto, por supuesto, será asegurar que cada peso se traduzca en verdaderas oportunidades y que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. Si se logra, este esfuerzo presupuestal podría convertirse en uno de los legados más significativos del actual gobierno, un punto de inflexión para miles de familias sonorenses.
IMPULSAN CREACIÓN DE UN GABINETE JUVENIL PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN SONORA
El diputado del PT, Rene García, propuso la creación de un gabinete juvenil en Sonora con el objetivo de integrar a las y los jóvenes en el diseño de políticas públicas que atiendan directamente sus necesidades. La iniciativa plantea que este gabinete funcione como un órgano consultivo y honorífico adscrito al Instituto Sonorense de la Juventud, para fomentar el liderazgo social y abrir espacios reales de participación en la vida pública estatal. García explicó que la intención es que las juventudes sean un puente directo con el gobierno, aportando propuestas, evaluando áreas de mejora y generando perspectivas frescas en distintas dependencias. El gabinete estaría integrado por jóvenes de entre 18 y 29 años que fungirían como titulares juveniles dentro de las secretarías del Ejecutivo, con la misión de acompañar procesos, plantear alternativas y convertir sus ideas en políticas públicas efectivas. La legisladora subrayó que la participación juvenil no debe ser solo un discurso, sino un ejercicio institucionalizado que permita a nuevas generaciones incidir realmente en las decisiones de gobierno. Con esta propuesta, Sonora apunta a fortalecer la inclusión y dar un paso hacia una gobernanza más abierta, donde la visión juvenil se vuelva un elemento estratégico del desarrollo estatal.
RELEVO FORZADO EN MICHOACÁN
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detonó finalmente una sacudida en el Gobierno de Michoacán: Juan Carlos Oseguera fue destituido como secretario de Seguridad Pública apenas dos semanas después del crimen que exhibió, otra vez, la vulnerabilidad del estado frente al crimen organizado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que José Antonio Cruz Medina asumirá la titularidad de la SSP, un relevo que describió como “estratégico” para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con la Federación. La salida de Oseguera no sorprende: acumulaba críticas por el manejo de la crisis de violencia y quedó bajo escrutinio tras la denuncia de la periodista Dalia Villegas, quien lo acusó de agresiones e intimidación durante una protesta el 2 de noviembre. Aunque apenas días antes había rechazado cualquier posibilidad de renunciar, el deterioro de su posición era evidente. En un estado sacudido por asesinatos de autoridades, despliegues criminales y una percepción creciente de descontrol, el cambio en la SSP parece más una respuesta política a la presión pública que una transformación de fondo. El reto para Cruz Medina será monumental: recuperar la confianza ciudadana y demostrar que el relevo no es cosmético, sino el inicio de una estrategia capaz de enfrentar la violencia que Michoacán exige frenar con urgencia.
UNA LECCIÓN DE ÉTICA PARA SALINAS PLIEGO
El caso revelado por Bloomberg sobre Ricardo Salinas Pliego y la contratación de Black Cube para espiar, embriagar y obtener información del abogado de Astor Asset Management expone, más que una torpeza jurídica, una profunda falta de ética que hoy lo alcanza en un tribunal londinense. El regaño del juez Stephen Houseman no es un simple jalón de orejas: es un recordatorio de que el poder económico no puede ni debe estar por encima de los principios que sostienen a la justicia. Aunque el empresario buscaba un juicio sumario para resolver con rapidez un litigio por acciones presuntamente controladas por un estafador, sus métodos para “fortalecer” su caso terminaron debilitándolo al límite de obligarlo a enfrentar un proceso ordinario. Que uno de los hombres más poderosos de México recurra a tácticas propias del espionaje corporativo para torcer el procedimiento no solo “ofende la justicia”, como señaló el juez; exhibe una cultura de impunidad que trasciende fronteras. Este episodio debe leerse como un precedente: en democracias maduras, la ética procesal pesa tanto como el dinero y las influencias, y ninguna demanda —por sólida que parezca— puede sostenerse cuando se construye violando las reglas más elementales del debido proceso.
RECHAZAN IMPLICAR A OMAR FAYAN EN LA ESTAFA SINIESTRA
La confirmación de la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo de que ningún ex funcionario implicado en la llamada “Estafa Siniestra” ha aceptado un criterio de oportunidad para señalar al exgobernador Omar Fayad Meneses evidencia un muro de silencio que, lejos de disipar dudas, las profundiza. Aunque el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Siney Hernández Medina, insiste en que sin testimonios no se puede establecer relación directa con el exmandatario, lo cierto es que el entramado de desvíos —que supera los dos mil millones de pesos y que operó desde la Secretaría de Finanzas hacia municipios y dependencias— difícilmente pudo sostenerse sin conocimiento de las más altas esferas del gobierno. El caso de Martiniano Vega Orozco, mano derecha de Fayad por décadas, detenido y procesado por múltiples delitos, tampoco ayuda a despejar sospechas, especialmente cuando su carrera estuvo anclada a la del hoy embajador en Noruega. La negativa colectiva de los implicados a colaborar puede interpretarse como una defensa ciega, un cálculo político o simplemente miedo. Pero lo verdaderamente preocupante es que, aunque la Fiscalía presuma avances y recuperación de recursos, la red de presunta corrupción que marcó al sexenio de Fayad sigue sin alcanzar a sus figuras clave, alimentando la percepción de que en Hidalgo la justicia avanza, pero solo hasta donde el poder lo permite.