Redacción / El Tiempo
TRANSFORMA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA AL SUR DE SONORA
El fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola en San Ignacio Río Muerto no solo representa una obra pública más, sino una corrección histórica a décadas de rezago en una de las regiones más productivas del sur de Sonora. La supervisión del gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre la primera etapa concluida y el avance de la segunda fase de la línea de conducción de agua de riego confirma un compromiso sostenido con las y los agricultores que durante años esperaron ser escuchados. Que estas acciones cuenten con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es un detalle menor: revela una coordinación efectiva entre niveles de gobierno para impulsar proyectos que realmente impactan a las comunidades rurales. La construcción de mil 880 metros de infraestructura hidráulica permitirá operar el pozo a su máxima capacidad, mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la producción agrícola en un contexto climático cada vez más desafiante. Más allá de los montos invertidos —superiores a los 2.6 millones de pesos en ambas etapas— destaca el enfoque humano del mandatario, quien habla desde su propia historia familiar ligada al campo. Ese vínculo personal da sentido a una política pública que busca garantizar un futuro más próspero para las familias agricultoras del sur del estado.
PIDE TRIBUNAL PRESUPUESTO NECESARIO PARA FORTALECER LA JUSTICIA
El proyecto de presupuesto presentado por el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, que asciende a 2 mil 126 millones de pesos para 2026, refleja una necesidad ineludible: fortalecer un sistema judicial que enfrenta crecientes demandas ciudadanas y una carga de trabajo cada vez más compleja. Rafael Acuña Griego, presidente del STJ, detalló que el planteamiento mantiene criterios de austeridad, destinando cerca de 415 millones de pesos al gasto operativo y 193 millones a obras e inversión pública, lo que muestra una intención clara de modernizar la infraestructura y mejorar la capacidad administrativa. En un contexto donde los municipios requieren mayor presencia judicial y donde el personal del Poder Judicial necesita recursos adecuados para cumplir con sus funciones, este incremento del 10% respecto a 2025 no debe interpretarse como un exceso, sino como una inversión estratégica en la calidad y eficiencia de la justicia. Si se aspira a procesos más ágiles, resoluciones más oportunas y una ciudadanía que confíe en sus instituciones, es indispensable dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias. Corresponde ahora al Congreso evaluar con seriedad esta propuesta, entendiendo que cada peso destinado a la estructura judicial es, en realidad, una aportación al fortalecimiento del estado de derecho en Sonora.
MORENA EN CAJEME TIENE NUEVOS FILTROS
El anuncio de Alejandro Monge Badachi, coordinador municipal de Morena, sobre la existencia de un Comité Evaluador para revisar los perfiles de quienes buscan ingresar al partido, llega en un momento oportuno para una militancia que exige coherencia ideológica y congruencia con los principios que dieron origen al movimiento. Ante las inconformidades de morenistas que ven con recelo la llegada de exmilitantes de otros partidos, Monge Badachi enfatiza que este comité no solo existe, sino que opera para asegurar que el crecimiento del partido no diluya sus valores fundamentales. Su mensaje también delimita con claridad las fronteras políticas al referirse al polémico retorno de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, “Maloro”, ahora coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México: su trayectoria y decisiones, recordó, no son competencia de Morena. Esta postura es necesaria para evitar que los conflictos generados en otros institutos se filtren al movimiento y lo fragmenten. En un escenario donde el pragmatismo electoral ha llevado a muchos partidos a abrir sus puertas indiscriminadamente, Morena intenta enviar la señal de que crecer no significa perder identidad. El reto será que ese Comité Evaluador sea realmente riguroso y transparente, porque solo así podrá sostenerse la confianza de la base y la congruencia del proyecto político.
RIVALIDADES POLÍTICAS QUE EXIGEN CLARIDAD Y RESPONSABILIDAD
Las declaraciones de Leonel Godoy, quien reconoció abiertamente su rivalidad política con el alcalde asesinado Carlos Manzo, ponen en evidencia una realidad incómoda pero necesaria de atender: en México, la competencia electoral no puede seguir coexistiendo con la sombra de la violencia. Que un diputado federal admita que ambos “eran adversarios políticos” no es, por sí mismo, motivo de sospecha; forma parte de la pluralidad y el debate democrático. Sin embargo, el contexto que rodea el asesinato del edil de Uruapan obliga a que cada señalamiento se atienda con rigor y transparencia. La lista de nombres revelada por la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz —entre ellos el propio Godoy, el senador Raúl Morón y el exalcalde Ignacio Campos— no puede descartarse sin un proceso exhaustivo que confirme o deslinde responsabilidades. En este caso, la disposición de Godoy para declarar ante la Fiscalía es un paso correcto, pero insuficiente si no va acompañado de una investigación sólida que devuelva certidumbre a la ciudadanía.
REFUERZAN SEGURIDAD EN OFICINAS DE ADÁN AUGUSTO
El reforzamiento inusual de la seguridad en torno a las oficinas de Adán Augusto López en el Senado —bloqueos de pasillos, inspecciones exhaustivas de vehículos, revisiones a mochilas y hasta filas que paralizan el acceso por la puerta 2— envía un mensaje inquietante sobre el clima político que se vive al interior de la Cámara Alta. Resulta inevitable recordar que hace apenas unas semanas el propio senador declaró con firmeza que “el que nada debe nada teme”, en respuesta a señalamientos sobre supuestas irregularidades fiscales. Hoy, sin embargo, la creciente vigilancia que lo rodea despierta dudas legítimas sobre a qué responde este despliegue: ¿a amenazas reales, a tensiones políticas internas o simplemente a una narrativa de victimización que busca blindarlo de críticas? Cualquiera de estas posibilidades revela una contradicción preocupante para un líder parlamentario que debería promover transparencia y estabilidad en vez de alimentar la percepción de paranoia. En un país donde la seguridad es un recurso escaso y una preocupación cotidiana para millones, el uso excesivo de medidas restrictivas en beneficio de una sola figura pública no solo genera malestar dentro del propio Senado, sino que también erosiona la confianza ciudadana.