Redacción / El Tiempo

UN MES DESPUÉS, EL CENTRO SIGUE PAGANDO EL INCENDIO DE WALDOS

A un mes del incendio en la tienda Waldos, las pérdidas económicas que reveló Rubén López Peralta deberían encender nuevas alarmas en Hermosillo: más de 67 millones 500 mil pesos evaporados y una caída del 50 por ciento en ventas para los comercios del Centro no son solo cifras frías, sino el reflejo de una realidad que golpea directamente a cientos de familias que dependen de pequeños y medianos negocios. Mientras cadenas como Waldos y Santory —señala López Peralta— avanzan protegiendo sus propios intereses, los comerciantes locales continúan enfrentando el costo real del siniestro, con menos clientes, menor actividad y una recuperación que se ve todavía lejana. Este episodio vuelve a dejar al descubierto la fragilidad del corazón comercial de la ciudad y la falta de un plan contundente para acompañar a quienes sostienen día a día la economía local. No basta con lamentar el incendio: es momento de que autoridades municipales y estatales articulen medidas claras, puntuales y urgentes para reactivar la zona, restablecer la confianza de los consumidores y garantizar que un hecho así no vuelva a paralizar al Centro.

NATANAEL CANO ES ABSUELTO POR CARGOS DE SOBORNO A POLICÍAS

La absolución de Natanael Rubén Cano por los señalamientos de soborno vuelve a poner sobre la mesa la distancia que suele existir entre la percepción pública y las resoluciones judiciales, especialmente cuando se trata de figuras mediáticas. Según informó Rafael Acuña Griego, presidente del STJE, la defensa del cantante logró revertir la decisión inicial mediante recursos legales y un amparo concedido por un juez federal, lo que derivó en la exoneración del músico. El caso, que inició en marzo de 2024 cuando el artista lanzó dinero a policías municipales durante un altercado vial, se convirtió rápidamente en un episodio viral que alimentó la narrativa de excesos asociada a ciertos referentes de la música regional urbana. Sin embargo, más allá de los reflectores, la decisión judicial plantea preguntas necesarias: ¿se actuó conforme a derecho o el peso de la fama influye, aunque sea de manera indirecta, en los procesos? Cano deberá cumplir con condiciones impuestas y una fianza, pero el mensaje que queda hacia la ciudadanía es ambiguo: un hecho que para cualquier ciudadano común podría haber derivado en consecuencias más severas termina resolviéndose con una suspensión provisional,

OPOSICIÓN BUSCA RECONSTRUIRSE

La visita de Enrique de la Madrid Cordero a Hermosillo este martes ocurre en un momento en el que la oposición mexicana busca desesperadamente reconstruirse tras la derrota electoral de 2024 y la posterior fragmentación de sus estructuras tradicionales. De la Madrid, quien ya había mostrado aspiraciones presidenciales en el proceso anterior, representa a un sector político que intenta reinventarse lejos de las marcas partidistas que durante décadas fueron su plataforma natural. Su salida del PRI, como la de tantos cuadros que vieron agotado el viejo modelo, responde a una realidad: la política mexicana vive una recomposición profunda y los liderazgos con ambiciones rumbo a 2030 deben construir desde cero nuevas rutas para conectar con una ciudadanía cada vez más crítica. Su experiencia en el gabinete de Enrique Peña Nieto y su apellido lo colocan en un lugar reconocible, pero también lo obligan a demostrar que puede trascender las inercias del pasado y ofrecer algo distinto a una sociedad que ya no se conforma con proyectos reciclados. La presencia de diversos sectores sonorenses en su agenda refleja interés, pero también pone a prueba su capacidad para articular propuestas, no solo notoriedad.

UN MES SIN RESPUESTAS EN EL CASO CARLOS MANZO

A un mes del asesinato de Carlos Manzo, la indignación no disminuye y las dudas crecen, pese a que las autoridades presumen avances con nueve detenidos, entre ellos Jaciel Antonio ‘El Pelón’, señalado como reclutador, y JORGE ARMANDO ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto coordinador del ataque. El homicidio del exalcalde de Uruapan, ocurrido durante el Festival de Velas el pasado 1 de noviembre y ejecutado por un joven de apenas 17 años, evidencia la brutal eficiencia con la que opera el CJNG, que según las investigaciones ofreció dos millones de pesos y contó incluso con un infiltrado que reportaba los movimientos de ‘El Del Sombrero’. Sin embargo, pese a las capturas y los señalamientos, el motivo del crimen sigue sin esclarecerse, lo que alimenta la percepción de que el Estado llega tarde y responde a golpes de tragedia. Mientras ‘El Licenciado’ y los escoltas permanecen en prisión preventiva y el coronel José Manuel Jiménez sigue prófugo, la ciudadanía observa un entramado que mezcla crimen organizado, fallas de seguridad y silencios incómodos. El llamado ‘Plan Michoacán’ llega después del desastre, cuando Carlos Manzo ya había advertido la necesidad de protección. La justicia, para ser justicia, requiere no sólo detenidos, sino verdad.

UNA FISCALÍA ENTRE SOMBRAS POLÍTICAS Y ASPIRANTES RECICLADOS

La contienda para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República abrió con una lista de 43 aspirantes donde destacan nombres como Ernestina Godoy, César Gutiérrez Priego, Ricardo Peralta y Hamlet García Almaguer, figuras vinculadas directa o indirectamente a Morena y al entorno político que hoy domina la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, encabezada por Adán Augusto López. La renuncia de Alejandro Gertz Manero —camuflada bajo la invitación a una embajada en un ‘país amigo’— dejó un espacio que, más que técnico, parece eminentemente político, pues la presencia de perfiles que han transitado por cargos, aspiraciones judiciales fallidas o cercanías ideológicas con el oficialismo plantea dudas legítimas sobre la autonomía real de la FGR. Que Ernestina Godoy figure como encargada de despacho mientras compite por el puesto refuerza la percepción de un proceso con inclinaciones marcadas, en el que la transparencia no abunda y donde la decisión final recaerá en un Senado que ya ha sido cuestionado por su manejo discrecional de los procedimientos. Más que nombres o trayectorias, lo que está en juego es la credibilidad de una institución que debería operar sin filias ni fobias, pero que hoy parece atrapada entre cuotas, lealtades y cálculos políticos.

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