Por Lorenza Sigala
Hermosillo, Sonora.- A cuatro años de la sustracción de su bebé, Mayra Goyo Armenta acudió nuevamente a solicitar apoyo y denunciar lo que describe como “un caso detenido en el tiempo”, asegurando que el proceso ha estado marcado por irregularidades que habrían permitido que el hecho se simulara como una adopción realizada por pastores de una iglesia local.
Goyo Armenta relató que los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2021 en la clínica San Benito, donde —según su testimonio— su bebé habría sido entregado de manera irregular a una pareja de pastores vinculados a la congregación Ancla Hermosillo. Señaló que el aviso de nacimiento salió a nombre de la mujer identificada como pastora y que personal del hospital habría participado en dicha entrega, lo que derivó en la denuncia formal presentada en marzo de 2022.
“El apoderado legal de esa clínica es el señor López Caballero, entonces no me han querido hacer justicia. Los dejaron libres, solamente los detuvieron un mes. Ellos siguen libres, nosotros tenemos miedo, llevamos terapias psicológicas, psiquiátricas, y la justicia nomás no avanza, siempre me cancelan las audiencias.
Ellos ya están aquí en Hermosillo y me dicen que no los encuentran, que no dan con ellos, yo ya di sus direcciones y me salen con eso. Yo tengo muchas evidencias, videos donde le entregan al bebé a los pastores, los pastores son de la congregación Ancla Hermosillo, ellos predicaban en esa iglesia. Estoy muy desesperada, nadie me hace caso, ya no puedo, me estoy desquiciando ya, tengo mucho dolor, necesito por favor que me ayuden, nadie me voltea a ver”, expresó
La madre señaló que, a pesar de haber entregado direcciones y pruebas documentales y videográficas, las audiencias han sido canceladas repetidamente. Indicó que la autoridad le ha informado que no localiza a los presuntos responsables, pese a que —según afirma— cuentan con negocios y domicilios identificados dentro de Hermosillo. A cuatro años del hecho, explicó que su familia continúa asistiendo a terapias psicológicas y psiquiátricas debido al impacto emocional de este proceso.
Con evidente desesperación, Goyo Armenta expresó que teme por su seguridad y la de sus hijos, quienes atraviesan secuelas emocionales derivadas de este caso. Señaló que su hijo menor ha sido diagnosticado con autismo y recibe terapias constantes, mientras que su hijo mayor ha limitado actividades por temor. La denunciante afirmó que la falta de avances en la investigación la ha llevado a recurrir nuevamente al Gobierno estatal en busca de atención y resolución.