Redacción / El Tiempo
MOVILIDAD CON SENTIDO SOCIAL EN SONORA
La entrega de 49 nuevas unidades de transporte público en Hermosillo por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño confirma una visión de gobierno que entiende la movilidad como un derecho social y no como un privilegio condicionado al ingreso. En un contexto nacional donde la modernización del transporte suele ir acompañada de aumentos tarifarios, la decisión de renovar camiones sin trasladar el costo a las y los usuarios, mediante un esquema de subsidio responsable, marca una diferencia clara en la política pública estatal. La inversión de 207 millones de pesos para beneficiar a más de 83 mil personas de 273 colonias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la seguridad, la inclusión y la dignidad de quienes dependen diariamente del transporte público. El hecho de que desde el inicio de la administración se hayan incorporado 420 unidades nuevas en 15 municipios, con una inversión conjunta superior a los 616 millones de pesos, muestra que no se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia sostenida de modernización. Al sustituir unidades que ya habían agotado su vida útil por camiones equipados con videovigilancia, validadores y sistemas de monitoreo, el gobierno estatal avanza hacia un modelo de movilidad más eficiente y confiable.
A FINALES DE ENERO SE PERFILARÁ EL CANDIDATO A LA GUBERNATURA EN MORENA
La definición que Morena hará a finales de enero de 2026 del coordinador estatal que, en los hechos, se perfilará como virtual candidato a la gubernatura de Sonora confirma que la sucesión rumbo a 2027 ya está en marcha, aunque formalmente falten tiempos legales por cumplir. La explicación del diputado federal Jacobo Mendoza Ruiz deja claro que el partido replicará una estrategia nacional probada: el uso de encuestas de posicionamiento para ungir a una figura que concentre apoyos, discipline al resto de los aspirantes y comience desde ahora la construcción política del proyecto. En Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo mantiene un peso político determinante, el método busca reducir fracturas internas y asegurar continuidad, aunque también concentra el poder de decisión en la dirigencia y limita la competencia abierta. Los nombres de Javier Lamarque Cano y Lorenia Valles Sampedro reflejan dos perfiles distintos, con trayectorias y bases territoriales propias, lo que anticipa una definición que no estará exenta de tensiones. A ello se suma el factor de paridad de género, que podría inclinar la balanza no solo por méritos locales, sino por necesidades nacionales del partido. El reto para Morena no será únicamente elegir al coordinador mejor posicionado, sino lograr que el proceso sea percibido como legítimo y que la unidad invocada por Mendoza Ruiz se traduzca en respaldo real, no solo en discursos, para evitar que una decisión temprana se convierta en un desgaste anticipado.
REFORMA ELECTORAL: TIEMPOS POLÍTICOS Y RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA
La confirmación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se discutirá hasta febrero de 2026 introduce un mensaje de cautela institucional en un tema que históricamente genera alta polarización política. Al descartar un periodo extraordinario y señalar que la iniciativa estará lista a mediados de enero, Monreal alinea el proceso legislativo con los tiempos formales del Congreso y con la ruta marcada desde el Ejecutivo federal, enviando una señal de control y previsibilidad. La reforma electoral no es un asunto menor: toca el corazón del sistema democrático, define reglas de competencia política y puede modificar equilibrios de poder, por lo que su discusión exige apertura, análisis técnico y diálogo con todas las fuerzas políticas. El hecho de que la Comisión Permanente y las comisiones legislativas sean el primer filtro a partir del inicio del próximo periodo ordinario refuerza la necesidad de un debate ordenado y transparente. Si bien Morena cuenta con mayoría, la legitimidad de una reforma de esta naturaleza no depende solo de los votos, sino de la percepción pública de que fue construida con responsabilidad y sin prisas.
REVÉS PARA ALFONSO ROMO REVOCAN LICENCIA DE OPERACIÓN DE VECTOR
La revocación de la licencia de operación de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representa mucho más que un trámite administrativo: es un episodio que pone a prueba la solidez institucional del sistema financiero y la credibilidad del Estado de derecho en México. Aunque el propio Vector solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa, el contexto en el que ocurre no puede ignorarse, sobre todo tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de la institución con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. En ese sentido, la publicación en el Diario Oficial de la Federación y las instrucciones precisas de la CNBV para la liquidación ordenada envían una señal clara: las autoridades regulatorias están obligadas a actuar con base en la ley, sin importar el peso político o la cercanía que en el pasado hayan tenido los involucrados con el poder. Para Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el golpe es político y simbólico, pues revive el debate sobre la relación entre poder económico, poder político y supervisión financiera.
LEGISLADORAS PROTAGONIZAN ZAFARRANCHO
En toda democracia la sociedad debe demandar poderes legislativos donde exista debate, confrontación de ideas y defensa clara de posturas, pero nunca al extremo del espectáculo bochornoso que se observó recientemente en la Ciudad de México. Las legisladoras Daniela Ayala, del PAN, y Yuri Ayala, de Morena, protagonizaron un zafarrancho que se viralizó de inmediato en redes sociales y que poco aporta a la credibilidad del trabajo parlamentario. A la ciudadanía no le conviene un Legislativo que, en lugar de fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo, se convierta en un ring de confrontaciones personales donde se pierde el diálogo y se anula la deliberación. Sin embargo, tampoco es deseable un Congreso pasivo, sin carácter ni cuestionamientos, donde se apruebe todo sin debate y se ignore la obligación de señalar decisiones polémicas o desaciertos de las autoridades. El equilibrio es la clave de la vida democrática: firmeza sin estridencia, crítica con argumentos y respeto a la investidura que se representa. Cuando el debate se degrada en pleito, se pierde la razón de ser del Legislativo; cuando el silencio sustituye a la crítica, se traiciona su función. Por eso, hoy más que nunca, vale recordar que en política democrática ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.