Redacción / El Tiempo
SALUD PÚBLICA, UN DERECHO Y POLÍTICA DE ESTADO EN SONORA
La incorporación de 125 médicas, médicos especialistas y personal de enfermería al sistema IMSS Bienestar en Sonora confirma que, cuando existe coordinación entre el Gobierno de México y los gobiernos estatales, los resultados en materia de salud pública pueden ser tangibles y medibles. Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fortalecimiento del modelo IMSS Bienestar deja de ser un discurso para convertirse en una política de Estado orientada a garantizar el acceso universal, gratuito y digno a los servicios de salud. La presencia del director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el reconocimiento al avance de Sonora —que pasó del lugar 23 al cuarto sitio nacional en productividad— reflejan un esfuerzo institucional serio por cerrar brechas históricas en atención médica. La contratación de 78 enfermeras y enfermeros, así como 47 médicas y médicos especialistas, no solo amplía la cobertura y reduce tiempos de espera, sino que también dignifica el trabajo del personal sanitario y fortalece la infraestructura humana del sistema. En un contexto nacional donde la salud ha sido por décadas un privilegio condicionado, este avance reafirma que la atención médica debe concebirse como un derecho fundamental. lazo.
PAPA DE IMPORTACIÓN PONE AL CAMPO EN RIESGO
La advertencia de Eduardo Pedroza Ramos, presidente del Sistema Producto Papa en Sonora, pone sobre la mesa una problemática que se repite cíclicamente en el campo mexicano: la falta de planeación frente a un mercado abierto y desregulado que termina castigando al productor nacional. La importación de papa proveniente de Estados Unidos, sumada a un mercado interno saturado, ha provocado precios bajos y serias dificultades de comercialización que afectan no solo a Sonora, sino a todo el país. Aun cuando la escasez de agua hacía prever una reducción en la superficie sembrada, el riesgo de que se mantenga o incluso se incremente el interés por sembrar puede derivar nuevamente en una sobreoferta que hunda los precios y haga incosteable la producción. El antecedente inmediato es alarmante: durante el ciclo anterior, el exceso de papa obligó a regalar toneladas del producto a bancos de alimentos y comunidades vulnerables, un gesto solidario, sí, pero que evidencia un fracaso en la cadena de valor agrícola. No se trata de frenar la solidaridad, sino de evitar que el trabajo del campo termine en pérdidas por falta de coordinación entre productores, autoridades y políticas comerciales. Mientras no exista una estrategia clara que regule importaciones, incentive la planeación productiva y proteja al agricultor nacional, el campo seguirá atrapado entre la sobreproducción, los bajos precios y la incertidumbre económica.
INCENTIVA EU A LA DEPORTACIÓN VOLUNTARIA
El anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre apoyos de hasta mil dólares para quienes opten por la deportación voluntaria, expuesto por Roberto B. Domínguez, subjefe interino en la sede central de la Patrulla Fronteriza, refleja una estrategia que combina incentivos económicos con una política de control migratorio cada vez más estricta. En el discurso oficial, la medida busca ordenar los flujos migratorios y reducir la presión sobre los sistemas de detección mediante la entrega voluntaria de personas en situación irregular, especialmente ante los intensos operativos desplegados en todos los estados. Sin embargo, más allá del enfoque administrativo, esta política abre un debate profundo sobre la condición humana de la migración. Para miles de personas, mil dólares difícilmente compensan la pérdida de empleo, redes comunitarias y proyectos de vida construidos en Estados Unidos, ni resuelven las causas estructurales que los obligaron a migrar. El incentivo económico, en este contexto, funciona más como una herramienta de persuasión ante el endurecimiento de la vigilancia que como una solución integral al fenómeno migratorio. La estrategia confirma que la prioridad sigue siendo el control y la disuasión, no la generación de vías legales suficientes ni la cooperación regional para atender la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Mientras no se aborden las desigualdades económicas, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen, medidas como esta seguirán siendo paliativos temporales que trasladan el problema sin resolverlo de fondo.
MADURO DENUNCIA ESCALADA DE AMENAZAS
La denuncia del presidente Nicolás Maduro ante el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre una supuesta “escalada de amenazas” del expresidente estadounidense Donald Trump vuelve a colocar a Venezuela en el centro de una narrativa internacional marcada por la confrontación, la desconfianza y el uso político del lenguaje. Las declaraciones atribuidas a Trump, en las que se alude al petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano como si fueran propiedad de Estados Unidos, reavivan un discurso de corte colonial que América Latina creía superado, pero que reaparece cada vez que los intereses estratégicos se anteponen al respeto al derecho internacional. Maduro aprovecha este escenario para reforzar su discurso de defensa de la soberanía, denunciar un supuesto asedio político y económico y apelar a la ONU como árbitro moral, aunque su credibilidad internacional sigue erosionada por cuestionamientos internos y externos a su gobierno. La confrontación verbal, amplificada por redes sociales y comunicados oficiales, no solo eleva la tensión diplomática, sino que también sirve como combustible político para ambos bandos: para Trump, como retórica de fuerza; para Maduro, como justificación de un discurso de resistencia. En medio, queda una región que observa con preocupación cómo la geopolítica del petróleo, las sanciones y los egos personales siguen condicionando la estabilidad, mientras los organismos multilaterales enfrentan el reto de pasar de la retórica a una defensa efectiva de la legalidad internacional.
SE AVECINA CONFRONTACIÓN EN LA FAMILIA MONREAL
La posible confrontación entre los hermanos Monreal rumbo a la elección de gobernador en Zacatecas en 2027 exhibe con crudeza cómo las disputas de poder suelen tensar incluso los lazos familiares cuando la sucesión política está en juego. De confirmarse que el gobernador David Monreal respalda a la senadora Verónica Díaz como eventual candidata de Morena, mientras Saúl Monreal busca una postulación alternativa por el PT o el PVEM para sortear la cláusula anti nepotismo, el escenario dejaría de ser una diferencia interna para convertirse en un conflicto político de alto impacto. Saúl Monreal, convencido de su fortaleza electoral y de que puede competir y ganar aun fuera de Morena, parece decidido a librar una batalla que no solo pondrá a prueba su capital político, sino también la cohesión del proyecto que su familia ha construido en el estado durante años. En contraste, la postura de David Monreal apunta a privilegiar la disciplina partidista y la viabilidad de Morena frente a los nuevos candados internos, aun al costo de fracturar el respaldo familiar. Ricardo Monreal, por su parte, se mantiene como un actor prudente y distante, consciente de que cualquier pronunciamiento podría escalar la disputa. Este eventual “pleito” no es menor: pone sobre la mesa el debate sobre nepotismo, alternancia real y límites éticos en la política mexicana, y anticipa que 2026 será un año de definiciones tensas en Zacatecas, donde la unidad o la ruptura marcarán el rumbo del 2027.