Redacción / El Tiempo
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y BIENESTAR ANIMAL COMO POLÍTICA DE ESTADO
La entrega de nuevas unidades a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño refleja una visión de gobierno que entiende el bienestar animal y la protección ambiental no como asuntos secundarios, sino como componentes esenciales del desarrollo sustentable en Sonora. La incorporación de una Clínica Móvil para Atención y Bienestar Animal, así como de vehículos destinados a la supervisión del Bosque Urbano La Sauceda y a la Dirección General de Protección y Bienestar Animal, fortalece de manera concreta la capacidad operativa del Estado para responder a problemáticas que durante años fueron relegadas. Más allá del simbolismo, estas acciones representan una política pública que asume la responsabilidad ética de proteger la vida en todas sus formas, alineada con una agenda moderna y socialmente responsable. El anuncio de la próxima operación de Clínicas de Bienestar Animal en Hermosillo confirma que existe una planeación integral orientada a ofrecer servicios accesibles y a fomentar una cultura de cuidado y corresponsabilidad ciudadana. En este contexto, la presencia de funcionarios como Carlos Ernesto Zatarain González, Paulina Ocaña, Azalia Guevara Espinoza y Samantha Piña Guzmán subraya el carácter institucional de una estrategia que busca trascender coyunturas y consolidarse como política de Estado.
ENTRE LA DEFENSA POLÍTICA Y EL PESO DE LA JUSTICIA
La respuesta de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora a los señalamientos de Ernesto de Lucas Hopkins coloca el debate en un terreno que va más allá del discurso mediático y lo regresa a donde debe resolverse: los tribunales. Frente a la narrativa de persecución política y fabricación de delitos, el fiscal Mauricio Ibarra Romo ha sido enfático al sostener que existen datos de prueba suficientes, validados por un juez de control, para justificar la vinculación a proceso del exsecretario de Educación por presunto desvío de recursos durante el sexenio de Claudia Pavlovich. Este contraste revela una constante en la vida pública: cuando un ex funcionario enfrenta un proceso penal, la defensa suele trasladarse del ámbito jurídico al político, buscando desacreditar a las instituciones en lugar de controvertir las pruebas en el marco del debido proceso. La Fiscalía insiste en que su actuación es técnica, autónoma y apegada a la ley, subrayando que incluso el representante legal de la empresa involucrada ya fue vinculado a proceso, lo que refuerza la idea de que no se trata de un caso aislado ni improvisado. En una entidad marcada por la exigencia social de combatir la corrupción, este caso pone a prueba la credibilidad institucional y envía un mensaje relevante: las responsabilidades derivadas del ejercicio del poder no se extinguen con el cambio de administración.
HERENCIAS POLÍTICAS DISFRAZADAS
El debate que hoy se asoma en San Luis Potosí y Nuevo León va mucho más allá de nombres propios, pero resulta inevitable mencionar a Ricardo Gallardo y Samuel García como símbolos de una práctica que la sociedad dice rechazar y la clase política insiste en normalizar: la herencia del poder. No es casual que ambos gobernadores hayan impulsado marcos legales o narrativas políticas orientadas a que el relevo en las gubernaturas sea mujer, cuando públicamente han expresado su cercanía política y personal con sus esposas, a quienes muchos ya visualizan como sucesoras naturales. El problema no es, ni debe ser, el género; ese argumento quedó superado desde el momento en que la ley obliga a la paridad en las candidaturas. Pretender encuadrar estas maniobras como avances feministas resulta, cuando menos, cínico. Lo preocupante es el mensaje que se envía en un país con una larga tradición de cacicazgos y patrimonialización del poder: que los cargos públicos pueden administrarse como extensiones familiares. Estas señales no solo impactan a sus estados, sino que sientan precedentes peligrosos en un sistema político experto en replicar las prácticas más cuestionables. La democracia se debilita cuando el mérito, la competencia real y la rendición de cuentas se subordinan a proyectos personales o familiares.
RICARDO SALINAS INVITADO A LA MESA DE TRUMP EN NAVIDAD
La invitación de Donald Trump a Ricardo Salinas Pliego para asistir a la cena navideña en la Casa Blanca no es un gesto menor ni meramente protocolario, sino una señal clara del peso que ciertos actores económicos buscan —y logran— tener en la interlocución política entre México y Estados Unidos. Que un empresario mexicano se asuma públicamente como “puente” en la relación bilateral abre un debate necesario sobre los límites entre diplomacia formal, intereses privados y representación nacional. En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, migratorias y de seguridad, la cercanía de Salinas Pliego con círculos de poder en Washington, Florida y Mar-a-Lago refleja cómo el capital económico puede traducirse en capital político, incluso fuera de los cauces institucionales tradicionales. No se trata de cuestionar la legitimidad de los encuentros privados, sino de reconocer que estos espacios suelen privilegiar agendas específicas, como la seguridad jurídica para la inversión, por encima de otras prioridades sociales. La escena también deja ver una constante histórica: mientras los gobiernos cambian, ciertos empresarios mantienen acceso directo a los centros de decisión, consolidando una influencia que trasciende administraciones y colores partidistas.
¿JAIMES ARCHUNDIA BRINCÓ A MORENA?
El caso de Erik Iván Jaimes Archundia, suplente de Manlio Fabio Beltrones, vuelve a poner sobre la mesa una de las prácticas más cuestionadas del sistema político mexicano: el chapulineo y la ambigüedad institucional que lo permite. Aunque desde Morena se insiste en que Jaimes no se ha integrado formalmente a su bancada, el hecho de que Adán Augusto López Hernández le haya otorgado un espacio en la Comisión Permanente bajo la cuota del grupo mayoritario alimenta percepciones legítimas de cooptación política. Más allá de tecnicismos reglamentarios, el mensaje hacia la opinión pública es problemático: un senador que llegó por el PRI, fue expulsado por disputas internas con Alejandro Moreno Cárdenas y hoy aparece arropado operativamente por Morena, sin asumir abiertamente una militancia, se mueve en una zona gris que erosiona la credibilidad del Congreso. La explicación de Verónica Camino Farjat puede ser jurídicamente válida, pero políticamente insuficiente en un contexto donde la ciudadanía exige coherencia y claridad en las lealtades. Estas maniobras, frecuentes en periodos de receso legislativo, fortalecen mayorías coyunturales, pero debilitan la idea de representación genuina. El problema no es solo Jaimes, sino un sistema que normaliza estos desplazamientos sin consecuencias.