Redacción / El Tiempo
JUSTICIA TARDÍA, PERO LLEGÓ PARA MINEROS EN CANANEA
El acuerdo que pone fin a la huelga de la Sección 65 en Cananea, tras más de 18 años de conflicto, representa mucho más que una liquidación laboral: simboliza el cierre de una herida histórica en la vida social, económica y política de Sonora. El respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la conducción del gobernador Alfonso Durazo Montaño permitieron destrabar un conflicto que durante casi dos décadas evidenció la fragilidad del Estado frente a intereses económicos y la deuda persistente con los derechos laborales. No se trata solo de recursos complementarios ni de un modelo de solución amistosa, sino del reconocimiento de que la justicia no puede seguir postergándose indefinidamente sin costos humanos profundos. Para más de 650 mineros y sus familias, este acuerdo llega después de años de incertidumbre, desgaste y abandono institucional. Si bien la reparación nunca compensa por completo el tiempo perdido, el Plan de Justicia para Cananea marca un precedente relevante: los conflictos heredados también pueden resolverse cuando existe voluntad política y coordinación entre niveles de gobierno. El reto ahora será que este hecho histórico no se quede como excepción, sino que se traduzca en una política laboral coherente que evite que tragedias similares vuelvan a prolongarse por décadas.
TERMINA MAESTRO HUELGA DE HAMBRE
La huelga de hambre emprendida por el académico Ricardo Ortega en la Universidad de Sonora revela, una vez más, cómo los conflictos laborales en las instituciones públicas suelen atenderse solo cuando alcanzan niveles extremos. Más allá del caso individual, la protesta del profesor del departamento de Física puso en el centro del debate una problemática estructural: la imposibilidad de cientos de maestras y maestros de la Unison para acceder a mejores niveles laborales, pese a cumplir con los requisitos académicos y de antigüedad. Que después de más de 70 horas sin ingerir alimentos se lograra un diálogo directo con la rectoría y la resolución de su situación, incluido el pago retroactivo, habla tanto de la capacidad institucional para corregir como de su resistencia inicial a escuchar. La movilización de agremiados y el impacto vial generado evidenciaron que el malestar no es aislado. Si bien la Universidad de Sonora ha reiterado su compromiso con un clima laboral justo y con la garantía de derechos, el estado de salud en el que terminó Ricardo Ortega obliga a una reflexión más profunda: ninguna comunidad académica debería recurrir al sacrificio físico para ser atendida. El reto institucional será transformar esta coyuntura en una revisión de fondo que evite que la dignidad laboral vuelva a ponerse en riesgo.
INVERSIÓN PÚBLICA CON NUEVAS REGLAS
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la preparación de un nuevo programa de inversión pública con participación de la iniciativa privada para 2026 abre una ventana relevante para replantear la relación entre Estado, mercado y desarrollo. Al marcar distancia explícita de las Asociaciones Público Privadas impulsadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el mensaje no es menor: se busca un modelo distinto, que combine inversión pública e inversión mixta sin reproducir esquemas que generaron desconfianza o beneficios asimétricos. La apuesta por ampliar la infraestructura bajo reglas “novedosas” plantea un doble reto: detonar crecimiento económico y, al mismo tiempo, garantizar que el bienestar social no quede subordinado a la rentabilidad financiera. En un contexto donde la revisión del T-MEC y la consolidación de los polos de bienestar serán ejes estratégicos, la certeza jurídica y la claridad de reglas serán determinantes para atraer capital sin comprometer la rectoría del Estado. El discurso es prometedor, pero el verdadero termómetro estará en la letra pequeña del programa: transparencia, rendición de cuentas y equilibrio entre interés público y privado.
DEL TESTIGO PROTEGIDO AL PRÓFUGO INCÓMODO
El caso de Raúl Rocha Cantú ilustra con claridad los límites —y los riesgos— de las figuras legales cuando no se acompañan de una conducta procesal responsable. Pasar de testigo protegido a personaje señalado por incumplir citatorios oficiales revela una contradicción que erosiona la credibilidad del sistema de justicia y del propio involucrado. La decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito de revocar el amparo no solo responde a un tecnicismo jurídico, sino a un principio básico: nadie puede beneficiarse de un criterio de oportunidad si evade a la autoridad. Que Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, haya ignorado al menos dos citatorios de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráficos de Armas coloca el caso en una dimensión más delicada, pues abre la puerta a interpretaciones sobre protección selectiva o uso estratégico de los recursos legales. A ello se suma la solicitud de Pemex para revocar el criterio de oportunidad, lo que confirma que el proceso dista de estar cerrado. Más allá de nombres y reflectores, el mensaje institucional debería ser contundente: la colaboración con la justicia no es negociable ni opcional. De lo contrario, la figura del testigo protegido corre el riesgo de convertirse en un refugio de impunidad.
EL VERDE MARCA DISTANCIA SIN ROMPER
El posicionamiento de Luis Armando Melgar no es un arrebato aislado, sino una señal política calculada en medio de los reacomodos rumbo a 2027, donde el Partido Verde Ecologista de México busca redefinir su papel dentro de las alianzas electorales. Al afirmar que el PVEM tiene “músculo político” para competir y mantener liderazgos en San Luis Potosí, Chiapas y otras regiones, Melgar envía un mensaje claro: la época de la subordinación automática a Morena está en revisión. El discurso de “aliados, pero no subordinados” revela una inconformidad creciente en sectores del Verde que consideran que su peso electoral y territorial no siempre se refleja en las decisiones estratégicas de las coaliciones. Sin romper abiertamente con Morena, el senador cuestiona la lógica de un “partido único” que, según su visión, se beneficia de aliados disciplinados pero marginados. Este planteamiento no implica una ruptura inmediata, pero sí anticipa negociaciones más duras, candidaturas propias y una defensa más abierta de espacios de poder. El reto para el Verde será demostrar en los hechos que su fortaleza va más allá del discurso y que puede competir sin el cobijo total del partido dominante. De lo contrario, esta rebeldía quedará solo como un gesto retórico en la antesala electoral.