Martín alberto Mendoza Salazar
ESCALAN DECESOS DE ADOLESCENTES ANTE LA TOTAL INDIFERENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA; ¿DÓNDE ESTÁN JEFES Y JEFAS DE FAMILIA?; ¿LES CUESTA MUCHO TRABAJO ASUMIR SU MISIÓN?; CADA MENOR ASESINADO REPRESENTA UN FRACASO COLECTIVO; ESTAMOS FALLANDO TODOS Y TODAS; LAMENTABLEMENTE NO SON SUCESOS AISLADOS Y MENOS EN URBI VILLA DEL REY; MÁS EN ESE SECTOR DEL PONIENTE DE CIUDAD OBREGÓN; JOVENCITOS DE 14, 16 Y 17 AÑOS, QUE DEBERÍAN ESTAR CONCENTRADOS EN LA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIDA, HOY ESTÁN MURIENDO A TIROS EN LAS BANQUETA; AFUERA DE SUS CASAS, EN ESPACIOS QUE DEBERÍAN SER SEGUROS; SI BIEN CORRESPONDE A LA FISCALÍA ESCLARECER LOS HECHOS Y DAR CON LOS RESPONSABLES, EL PROBLEMA NO PUEDE ANALIZARSE ÚNICAMENTE DESDE LA ÓPTICA DEL DELITO; EXISTE UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA QUE SE HA POSTERGADO POR AÑOS; EL ENTORNO FAMILIAR, EL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y LA ACCIÓN OPORTUNA DEL ESTADO FORMAN UN TRIÁNGULO QUE HOY MUESTRA FRACTURAS EVIDENTES; ES NECESARIO RESALTAR QUE SE HA PRETENDIDO DELEGAR TODO A AUTORIDADES DE SEGURIDAD; CUANDO EL PRIMER CÍRCULO DE CONTENCIÓN SIGUE SIENDO LA FAMILIA; SEGUIDA DE LA ESCUELA Y REFORZADA POR EL GOBIERNO; SIN SUPERVISIÓN, SIN ORIENTACIÓN Y SIN PROGRAMAS PREVENTIVOS REALES, LOS ADOLESCENTES QUEDAN EXPUESTOS A CONTEXTOS DE ALTO RIESGO; EN CAJEME POR MÁS ESFUERZOS QUE HACEN DIVERSAS INSTITUCIONES ARMADAS NO CESAN LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO; MIENTRAS QUE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS SON MÍNIMAS O INEXISTENTES; SIN INVESTIGACIONES SÓLIDAS, SIN DETENCIONES BIEN SUSTENTADAS Y SIN CASOS QUE LLEGUEN A LOS TRIBUNALES, CUALQUIER ESFUERZO POLICIACO TERMINA POR DESGASTARSE; LA IMPUNIDAD SE CONVIERTE ENTONCES EN EL MENSAJE MÁS PODEROSO PARA EL CRIMEN; MUCHO SE HA INSISTIDO EN QUE BASTA DE VOLTEAR ATRÁS Y VIVIR DE RECUERDOS
CONTINÚAN sumando los decesos de menores de edad ante lo que parece total indiferencia de sus padres. Para nadie es cualquier cosa la pérdida de un hijo. Y, más tratándose de un adolescente como lamentable y dolorosamente sigue sucediendo en todos los sectores de la localidad. Por lo que se insiste: ¿Dónde están los jefes y jefas de familia? ¿Les cuesta mucho trabajo asumir su responsabilidad? La sociedad en su conjunto algo tendrá que hacer al respecto. No es posible que predomine tanto desinterés e insensibilidad de quienes los traen al mundo. Cada adolescente asesinado representa un fracaso colectivo. Estamos fallando todos y todas. Esto, nos lleva a precisar que la noche del lunes, en el inicio de esta semana un jovencito de 16 años. Un imberbe. Tristemente fue privado de la vida por mortales disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, al poniente de la Ciudad Obregón y la cifra de ejecutados se elevó a veintidós en enero. El ataque ocurrió en la vía pública, a escasa distancia de domicilios particulares, lo que generó alarma entre vecinos del sector. Como tantas veces he comentado estos homicidios no son un hecho aislado. Urbi Villa y zonas aledañas han sido escenario recurrente de hechos violentos. Basta recordar que el 15 de octubre, en ese mismo sector, como parte de fatídica jornada donde a cinco personas les fue arrebatada la vida, entre ellas, cayó una menor de apenas 14 años, lo que evidencia un patrón alarmante en el que las víctimas son cada vez más jóvenes…RESULTA de suyo grave que se estén destruyendo incipientes vidas de manera reiterada, en hechos que obliga a una reflexión profunda. Adolescentes de 14, 16 y 17 años, que deberían estar concentrados en la secundaria, la preparatoria y en la construcción de proyectos de vida, hoy están muriendo a tiros en las banquetas, afuera de sus casas, en espacios que deberían ser seguros. Si bien corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y dar con los responsables, el problema no puede analizarse únicamente desde la óptica del delito. Existe una responsabilidad compartida que se ha postergado por años. El entorno familiar, el acompañamiento escolar y la acción oportuna del Estado forman un triángulo que hoy muestra fracturas evidentes. Es necesario resaltar que se ha pretendido delegar todo a las autoridades de seguridad, cuando el primer círculo de contención sigue siendo la familia, seguida de la escuela y reforzada por el gobierno. Sin supervisión, sin orientación y sin programas preventivos reales, los adolescentes quedan expuestos a contextos de alto riesgo. En Ciudad Obregón existe una Agencia Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes; sin embargo, desde hace tiempo no se observa una estrategia preventiva sólida. Años atrás, ministerios públicos especializados como el Maestro Jesús Armando Guevara Tineo, Licenciado Armando Cortez Torres entre otros, ellos acudían a los planteles de secundaria y preparatoria, capacitaba a docentes, orientaban a padres de familia y trabajaban de manera directa con autoridades vinculadas a jóvenes en conflicto con la ley eso por instrucciones y preocupación del Maestro José Luis Sígala Servín. Hoy, esa labor preventiva parece haberse diluido. Eso nos queda claro no basta con investigar homicidios de adolescentes después de que ocurren, eso solo sucede cuando la prevención real falla. La verdadera obligación del Estado y de la sociedad es evitar que ocurran. Insisto: Cada adolescente asesinado representa un fracaso colectivo. Estamos fallando todas y todos…EN CAJEME por más esfuerzos que hacen diversas instituciones armadas no cesan los delitos de alto impacto, mientras que las carpetas de investigación judicializadas son mínimas o inexistentes. Sin investigaciones sólidas, sin detenciones bien sustentadas y sin casos que lleguen a los tribunales, cualquier esfuerzo policiaco termina por desgastarse. La impunidad se convierte entonces en el mensaje más poderoso para el crimen. Mucho se ha insistido en que basta de voltear atrás y vivir de recuerdos. La sociedad no necesita culpables ni excusas; necesita resultados. Hoy más que nunca, la seguridad demanda voluntad política, operación profesional y compromiso real con la gente. Sin simulaciones. Sin treguas tácitas. Con acciones que hablen por sí solas. Lo que se proyectó como un mecanismo de desfogue y atención ciudadana, hoy se ha convertido en un auténtico suplicio…JUSTO ES decir que los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), especialmente en Cajeme y Hermosillo, y al menos en el contexto local no creemos que el delegado regional Ricardo Enrique Revilla Celaya no haya advertido que distan mucho de cumplir su función original: recibir denuncias y querellas con prontitud, orientar a las víctimas y canalizar los asuntos de manera eficiente. La realidad que enfrentan quienes acuden a la Fiscalía es otra: falta de personal, apatía institucional y, en no pocos casos, desconocimiento básico del marco legal. La justicia en Sonora no es para improvisar, ni para actuar con el estómago; exige preparación, sensibilidad y dirección clara. Paradójicamente, Sonora fue uno de los últimos estados en implementar el sistema acusatorio adversarial, hacia el año límite de 2016, y aún así logró consolidarse durante años como una de las fiscalías más eficientes y empáticas del país. Hoy, basta con acudir a cualquier agencia del Ministerio Público para constatar que las cargas de trabajo no cesan ni disminuyen, que los asuntos se acumulan y que la atención se deteriora…AHORA BIEN, el problema no es sólo operativo. Falta coordinación interinstitucional, particularmente con el Poder Judicial, cuyo propio titular Rafael Acuña Griego ha reconocido recientemente que el sistema se encuentra rebasado, no por un mejor actuar de la Fiscalía, sino por el desborde de asuntos de poca monta que deberían resolverse mediante salidas alternas. Estos casos, lejos de filtrar adecuadamente, saturan juzgados y desvían recursos de los delitos que realmente lastiman a la sociedad. En tanto, desde la Fiscalía se insiste a los cuatro vientos en que el desempeño es correcto y que el impacto en otras instituciones no es una preocupación central. Esa postura, más que firmeza, refleja desconexión con la realidad que viven las víctimas y con la experiencia cotidiana de operadores y jueces de primera y segunda instancia…EN ESTE PLANO, el debate de fondo no puede evadirse. La conducción de áreas estratégicas en Sonora responde a una lógica de imposición que poco dialoga con la idiosincrasia local. El Fiscal General, Rómulo Salas Chávez, originario de la Ciudad de México, arrastra una trayectoria federal polémica y hoy encabeza una institución que privilegia la judicialización reactiva sobre la concertación, el diálogo y las soluciones alternas, incluso en conflictos que así lo ameritan. Más allá de los currículums, el problema es la falta de arraigo. Procurar justicia exige empatía real con la gente, conocimiento del territorio y sensibilidad social. Los estilos autoritarios y verticales chocan con la cultura sonorense y terminan erosionando la confianza pública. Recuperar los Centros de Atención Temprana como la primera puerta de la justicia es una urgencia institucional que no admite más dilaciones…EL RECIENTE hallazgo de restos humanos calcinados por parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme a cargo de Silvia Velázquez Rodelo en el predio denominado “La Antena” situado en calle 400 entre Kino y 2, Valle del Yaqui, no solo confirma que la violencia y la impunidad persisten en Cajeme, sino que desnuda una realidad aún más dolorosa: la Fiscalía sigue ofreciendo aspirinas emocionales a quienes viven el infierno de tener un familiar desaparecido. Durante meses, la narrativa oficial ha pretendido presentar como “avances” lo que en realidad son paliativos administrativos. Identificaciones, conferencias de prensa y discursos que no se traducen en detenciones, ni en desmantelamiento de estructuras criminales, ni en responsables ante un juez. Para las familias, eso no es justicia; es apenas un intento de mitigar el dolor sin atacar la causa. Mientras tanto, las madres buscadoras hacen el trabajo que deberían estar realizando elementos de la AMIC que, en el ámbito local son dirigidos por el comandante Jesús Armendáriz quien con todo y que es jefe de grupo y tiene una trayectoria cercana a los treinta años de servicio no ha demostrado su capacidad en este y otros casos. Ellas caminan los terrenos, arriesgan su integridad, localizan restos y mantienen viva la búsqueda que el Estado ha abandonado. No es un acto heroico voluntario, es una sustitución forzada ante la ausencia de una investigación real…Luego seguimos, Dios mediante.