Redacción / El Tiempo

CARRETERAS QUE CONECTAN DESARROLLO

La rehabilitación de la red carretera de Sonora anunciada por Alfonso Durazo Montaño y Claudia Sheinbaum Pardo no es solo una obra de infraestructura, sino una señal política y económica de alto impacto para la entidad. La inclusión prioritaria del corredor México-Nogales y de carreteras estratégicas como la 2, 15, 16 y 17 confirma que Sonora ocupa un lugar central en la agenda nacional de conectividad, logística y competitividad. En un estado donde la distancia, la dispersión territorial y la vocación exportadora marcan la vida económica, invertir en caminos seguros y modernos es apostar por el desarrollo regional, la integración de comunidades y la atracción de inversiones. El llamado Megabachetón 2026 y el Programa Nacional de Conservación de Carreteras responden también a una demanda social largamente postergada: transitar sin riesgos, reducir tiempos y costos, y fortalecer la seguridad vial. No es menor que estas acciones se den bajo una lógica de coordinación entre federación y estado, pues la infraestructura suele ser el primer termómetro de la eficacia gubernamental. Sin embargo, el reto no estará solo en anunciar inversiones millonarias, sino en garantizar que las obras se ejecuten con calidad, transparencia y visión de largo plazo. Si se cumple lo prometido, Sonora no solo tendrá mejores carreteras, sino una plataforma sólida para consolidarse como eje estratégico de la frontera norte y del comercio nacional.

RELEVO INSTITUCIONAL EN BÁCUM

El proceso para nombrar a la nueva o nuevo presidente municipal de Bácum pone a prueba, una vez más, el respeto a la legalidad y a los equilibrios institucionales entre el Cabildo y el Congreso del Estado de Sonora. La convocatoria a una sesión extraordinaria este viernes 23 de enero confirma que, pese a la coyuntura generada por el fallecimiento de Serge Enríquez Tolano, las autoridades buscan ceñirse al marco normativo vigente. Como lo explicó la presidenta del Congreso, Vicky Espinoza, el procedimiento es claro: el Cabildo, como máxima autoridad municipal, debe designar a quien asumirá la responsabilidad desde el cuerpo de regidores, mientras que el Congreso tiene la facultad de aprobar la revocación del mandato y ratificar la decisión tomada a nivel local. Este mecanismo no solo garantiza continuidad administrativa, sino que evita vacíos de poder y decisiones improvisadas. En momentos sensibles como este, resulta fundamental que el relevo se construya con base en consensos internos, responsabilidad política y visión institucional, dejando de lado intereses particulares o disputas partidistas. Bácum requiere estabilidad, gobernabilidad y certeza para su población, y ello solo puede lograrse mediante un proceso transparente, apegado a la ley y con pleno respeto a las atribuciones de cada órgano. La sesión del viernes será clave para enviar un mensaje de orden, legalidad y madurez política.

AUSTERIDAD EN ENTREDICHO

La compra de un Audi híbrido de más de un millón de pesos al contado por parte de Manuela Obrador Narváez, delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas y prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a colocar bajo los reflectores una de las banderas discursivas más reiteradas de la llamada Cuarta Transformación: la austeridad republicana. Más allá de la legalidad del acto —que deberá aclararse en términos patrimoniales y fiscales— el caso exhibe una profunda incongruencia política entre el mensaje y la práctica, especialmente cuando los ingresos reportados por la funcionaria no parecen guardar proporción con el valor del vehículo adquirido. El contraste es inevitable en un país donde millones de beneficiarios de los programas sociales sobreviven con apoyos modestos, mientras una alta funcionaria del Bienestar presume un patrimonio que difícilmente se explica solo con su sueldo. La situación se agrava por el vínculo familiar con López Obrador, quien hizo del combate a los privilegios y del discurso moral un eje central de su proyecto político. Aunque Manuela Obrador tiene derecho a disponer de sus recursos, la percepción pública importa, y en política la percepción suele pesar tanto como los hechos. Este episodio alimenta la narrativa de que la austeridad fue selectiva y que, para algunos cercanos al poder, nunca aplicó con el mismo rigor, erosionando la credibilidad de un discurso que se presentó como ético y distinto.

GROENLANDIA, SOBERANÍA Y AMBICIÓN GLOBAL

La exigencia de Donald Trump de abrir “negociaciones inmediatas” para adquirir Groenlandia, planteada desde Davos, reabre un debate incómodo sobre los límites entre la geopolítica, la seguridad y la soberanía en el siglo XXI, pues aunque el presidente estadounidense descarta el uso de la fuerza, su narrativa de “protección” coloca a Estados Unidos como árbitro natural del destino de territorios ajenos, minimizando la voluntad de Dinamarca y, sobre todo, de la propia Groenlandia. El argumento de que solo Washington puede garantizar la seguridad del Ártico refleja una visión unilateral del orden internacional, donde el poder militar y estratégico se impone al derecho y a la autodeterminación. No es menor que Trump haya vinculado su postura con episodios recientes de intervención en América Latina, reforzando la percepción de que su política exterior privilegia la presión y el cálculo geoestratégico por encima del consenso. Para Europa y la OTAN, el mensaje es inquietante: un aliado que cuestiona la soberanía de otro bajo la lógica de la conveniencia. Para la comunidad internacional, el episodio confirma que el Ártico será un nuevo tablero de disputa global, donde recursos, rutas y control militar pesarán más que los discursos diplomáticos. En ese contexto, la firmeza de Dinamarca y el respeto a las reglas internacionales serán clave para evitar que la ambición se disfrace de cooperación.

EL OTRO JUEGO DE MARADONA

La revelación de que Diego Armando Maradona fungió como intermediario comercial en millonarios envíos de maíz y trigo hacia la Venezuela de Nicolás Maduro mientras dirigía a Dorados de Sinaloa confirma que el astro argentino nunca fue solo un personaje deportivo, sino también un actor político y económico alineado con regímenes autoritarios. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad desnuda una faceta poco discutida: la de Maradona como gestor de negocios internacionales en medio de sanciones y bloqueos, cobrando comisiones por tonelada exportada y utilizando su influencia personal como puente entre gobiernos y empresas. Más allá de la legalidad de estas operaciones, el caso plantea un dilema ético evidente: mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis humanitarias de su historia, el exfutbolista capitalizaba su cercanía con el poder para facilitar transacciones estratégicas al régimen de Maduro. La figura mítica del ídolo popular contrasta con la del operador político que defendió abiertamente al chavismo y se benefició de esa relación. Este episodio obliga a revisar críticamente la idealización acrítica de Maradona, recordando que el talento deportivo no exime de responsabilidades morales ni borra decisiones que contribuyeron a sostener gobiernos cuestionados. El legado del “10” sigue siendo inmenso en la cancha, pero fuera de ella, su historia es mucho más compleja y, para muchos, profundamente incómoda.

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