Redacción / El Tiempo
FINANCIAMIENTO VERDE: LA PRUEBA DE FUEGO PARA SONORA
La firma del acuerdo entre el Gobierno de Sonora y el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank) marca un punto relevante en el discurso y la práctica de la infraestructura sostenible, al colocar al estado en la ruta del financiamiento verde bajo estándares internacionales, una narrativa que suena bien y que responde a una necesidad urgente, especialmente en materia de agua. El gobernador Alfonso Durazo Montaño apuesta por una visión de largo plazo al presentar el Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles, acompañado de Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda, con el objetivo de ordenar el uso de recursos públicos y alinearlos a la taxonomía sostenible de México. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la firma del acuerdo, sino en su ejecución. Como señaló John Beckham, director general de NadBank, la prioridad será el agua potable, el saneamiento y el fortalecimiento de plantas de tratamiento, sectores históricamente rezagados, sobre todo en comunidades sin servicios básicos. La capacitación anunciada para los organismos operadores es un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en obras visibles y resultados medibles. El financiamiento sostenible no puede quedarse en el plano técnico ni en la fotografía institucional; su éxito se medirá en agua que llegue a los hogares y en sistemas que funcionen, no en discursos bien alineados.
RÉCORD DE ELECCIONES
Todo parece indicar que la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal que quedó pendiente en el proceso anterior se recorrerá hasta 2028, una decisión que, aunque práctica desde el punto de vista operativo, vuelve a poner sobre la mesa la constante reconfiguración del calendario electoral en México. En Sonora el escenario no es distinto: también permanece inconclusa la renovación de la mitad de la estructura del Poder Judicial del Estado, por lo que resulta lógico suponer que el proceso seguirá la misma ruta y se postergará más de dos años. La atención ahora está puesta en lo que determine el Instituto Estatal Electoral, encabezado por Nery Ruiz Arvizu, cuya postura será clave para dar certidumbre jurídica y política. De confirmarse esta reprogramación tanto a nivel nacional como estatal, el país y Sonora entrarían en una dinámica inédita: cuatro procesos electorales en apenas cinco años, 2024, 2025, 2027 y 2028. Un récord que no solo habla de la intensidad democrática, sino también del desgaste institucional, del cansancio ciudadano y del reto presupuestal que implica organizar elecciones de manera casi permanente. La pregunta de fondo es si tanta frecuencia electoral fortalece la democracia o termina por diluir su impacto.
NOROÑA Y EL FOCO ROJO EN ZACATECAS
Las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña al calificar como ‘foco rojo’ el proceso interno de Morena en Zacatecas rumbo a 2027 no son menores ni improvisadas, sino una advertencia que expone tensiones reales dentro del partido gobernante. La aspiración de Saúl Monreal revive un tema que Morena ha intentado contener con candados formales: el del nepotismo y la sucesión familiar en el poder, una práctica que contradice el discurso fundacional del movimiento. En Zacatecas, donde el apellido Monreal pesa política y simbólicamente, el debate no es solo jurídico o estatutario, sino profundamente político, pues pone a prueba la credibilidad de Morena frente a su propia militancia y ante la opinión pública. Noroña, que no suele hablar sin calcular el impacto, señala un riesgo claro: que la disputa interna fracture al partido antes incluso de arrancar el proceso electoral. Si Morena decide flexibilizar o reinterpretar sus reglas para permitir esta candidatura, enviará el mensaje de que los principios son negociables cuando se trata de poder territorial. Y si los aplica con rigor, enfrentará un conflicto interno que podría debilitar su posición en un estado clave.
LA EXTORSIÓN COMO ARMA POLÍTICA
Las versiones que circulan sobre la presunta extorsión atribuida a Amílcar Olán Aparicio frente a sus exsocios revelan un patrón que, de confirmarse, resultaría profundamente alarmante para el Estado de derecho. De acuerdo con la información dada a conocer, el supuesto prestanombres habría recurrido a la fabricación de delitos graves como mecanismo de presión para el cobro de cuotas, una práctica que trasciende el conflicto entre particulares y se adentra en el terreno del abuso institucional. Más delicado aún es el señalamiento de que esta estrategia se ejecuta mediante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros presuntamente facilitaría la apertura de expedientes sin el rigor jurídico indispensable. No se trata solo de una disputa económica, sino de la posibilidad de que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas como herramientas de intimidación. En un contexto nacional marcado por la exigencia de legalidad y combate a la corrupción, estos señalamientos obligan a una revisión puntual y transparente. El silencio o la inacción solo abonarían a la percepción de impunidad. La justicia no puede convertirse en moneda de cambio ni en instrumento de presión personal.
EL VERDE MARCA LÍNEA Y TENSIONA A LA 4T
Las declaraciones del senador Luis Armando Melgar confirman que la alianza que sostiene a la llamada Cuarta Transformación atraviesa uno de sus momentos más delicados, al poner sobre la mesa una advertencia directa: el Partido Verde no acompañará una reforma electoral que, a su juicio, busca la construcción de un partido único. El mensaje no es menor ni casual, pues va dirigido a la ‘base dura’ de Morena y a los sectores más radicales que asumen al Verde como un aliado subordinado. Al señalar que ‘somos aliados, no paleros’, Melgar reivindica el peso político de su partido y recuerda que la coalición se sostiene por conveniencia mutua, no por obediencia ciega. Más aún, al anunciar que en 2027 el Verde competirá en solitario donde encabece encuestas, el legislador introduce un factor de presión real en la ecuación electoral y anticipa posibles rupturas locales. En un contexto donde la reforma electoral se presenta como bandera del Ejecutivo federal, la postura del Verde evidencia fisuras internas y obliga a Morena a recalcular su estrategia. El discurso contra el ‘totalitarismo’ y la ‘regresión electoral’ coloca al partido ecologista en una narrativa incómoda para la 4T.




