Redacción/MO
En Sonora, los seguros contratados por el transporte público han permitido atender de manera oportuna a pasajeros, operadores y terceros que resultan afectados en accidentes viales, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes).
Carlos Sosa Castañeda, coordinador del Instituto, informó que todas las unidades cuentan con pólizas de cobertura amplia, las cuales incluyen atención médica, terapias psicológicas, daños materiales y defensa jurídica, lo que brinda respaldo integral a las personas involucradas en algún siniestro mientras utilizan este servicio.
Además, explicó que diariamente se reportan alrededor de tres incidentes relacionados con el transporte público, los cuales pueden ir desde roces menores hasta accidentes de mayor gravedad, lo que equivale a cerca de nueve mil eventos al año.
Detalló que no en todos los casos la responsabilidad recae en el operador del transporte, ya que actualmente el 60% de los siniestros es atribuible a terceros y el 40% a los conductores.
Indicó que el año pasado esta proporción era equitativa, pero las evaluaciones más recientes reflejan una mejora, derivada principalmente de la capacitación continua que reciben los operadores.
En cuanto a los procesos de indemnización, el titular del Imtes señaló que el pago de los seguros suele implicar la firma de desistimientos de acciones legales futuras, una práctica común cuando se cubren conceptos como terapias psicológicas y daños previamente determinados.
“Existe apertura para dialogar con las familias cuando se requiere retomar negociaciones”, dijo.
Respecto al accidente ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Aburto, al norte de Hermosillo, destacó que se trata de un asunto que atendió de manera directa y que actualmente se encuentra en litigio, luego de que el caso fuera judicializado.
Agregó que como parte de la atención inicial, se ofreció a la familia afectada una vivienda temporal mientras se realizaban las labores de reconstrucción, seguridad para resguardar sus bienes, el pago de terapias psicológicas y la cobertura de dictámenes periciales emitidos por Protección Civil, además de un primer pago de entre 75 mil y 80 mil pesos por parte de la empresa concesionaria.
Sosa Castañeda señaló que la empresa aceptó un avalúo y se comprometió a pagar 2.3 millones de pesos a la familia, así como a cubrir la diferencia que no fuera absorbida por el seguro. Sin embargo, la negociación se detuvo tras la solicitud de un pago adicional por concepto de daño moral, por lo que el caso continúa sin resolución y el Imtes se mantiene a la espera del resultado legal.