Rafael Rentería/MO
La aplicación del registro obligatorio de teléfonos celulares ha encendido alertas entre especialistas en derecho y políticas públicas, quienes advierten que la medida podría derivar en un retroceso en materia de derechos humanos y protección de datos personales.
En este contexto, la politóloga y abogada Ana Castelán Valenzuela señaló que aunque el objetivo oficial es combatir delitos como la extorsión, hasta ahora no existe evidencia que demuestre que este tipo de mecanismos sean eficaces para reducir la incidencia delictiva.
“Esquemas similares aplicados en administraciones anteriores no solo fracasaron en su propósito, sino que provocaron un aumento en las extorsiones y expusieron información sensible de millones de usuarios”, aseguró.
La especialista alertó que el riesgo se incrementa al concentrar bases de datos con documentos oficiales y registros biométricos, ya sea en manos de autoridades o de empresas privadas, sin garantías suficientes de seguridad. Subrayó que recientes filtraciones confirman la vulnerabilidad de estos sistemas y la falta de control real sobre el uso de la información.
Además, cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones esté imponiendo sanciones como la suspensión de líneas, pese a que dicha obligación no está contemplada en la ley.
“Ante este escenario, llamamos a la ciudadanía a mantenerse informada, organizada y crítica frente a una medida que podría tener implicaciones legales y sociales de largo alcance”, culminó.