Redacción / El Tiempo
INJERENCIA SINDICAL: UN PASO LEGAL QUE PONE A PRUEBA SU APLICACIÓN
La aprobación unánime en la Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso de Sonora de la iniciativa para prevenir la injerencia sindical marca un avance relevante en la actualización del marco jurídico estatal, pero también abre un debate sobre su futura aplicación. La propuesta impulsada y detallada por el diputado Óscar Ortiz Arvayo, y fortalecida mediante parlamento abierto, busca armonizar la legislación local con la federal al incorporar los artículos 61 Bis y 69 Bis, con el fin de sancionar conductas de intervención indebida en procesos sindicales de los poderes públicos. En el discurso, la reforma apunta a fortalecer el Estado de derecho y a garantizar la autonomía sindical, un principio largamente vulnerado por prácticas políticas y administrativas. No obstante, el verdadero reto no radica en la redacción de la norma, sino en la voluntad institucional para hacerla valer sin sesgos ni selectividad. El respaldo de legisladoras y legisladores de Morena, PRI, PT y NAS refleja un consenso poco común que eleva las expectativas ciudadanas. Sin embargo, si las autoridades facultadas no actúan con independencia y firmeza, la reforma corre el riesgo de quedarse como un buen mensaje político más que como una herramienta efectiva para erradicar viejas prácticas de control y simulación sindical.
PAGARÁ RICARDO SALINAS PARTE DE SU DEUDA
El anuncio del pago parcial de la deuda fiscal de Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, abre más preguntas que certezas en el debate público sobre justicia tributaria y equidad fiscal. Si bien el Servicio de Administración Tributaria confirmó el ingreso de más de 10 mil 400 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, el esquema de liquidación del resto —22 mil millones en 18 pagos— contrasta con el discurso del propio conglomerado, que asegura no deber ya “nada al Gobierno, por ningún concepto”. Esta diferencia de versiones revela la complejidad de un litigio que durante años simbolizó la tensión entre el poder económico y la autoridad fiscal. El pago, sin duda, representa un avance para las finanzas públicas y un mensaje de que el Estado puede cobrar adeudos históricos; sin embargo, la negociación en “abonos chiquitos” también alimenta la percepción de un trato flexible reservado a grandes contribuyentes, distante de la realidad que enfrentan pequeños empresarios y ciudadanos comunes. Más allá de los montos, el caso Salinas Pliego se convierte en un referente político y social: o bien marca un precedente de cumplimiento efectivo, o refuerza la idea de que en México la ley fiscal sigue aplicándose con distinto rasero según el tamaño del contribuyente.
REACOMODOS INTERNOS EN MORENA
La versión de que Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, estaría siendo marginado de la definición de candidaturas en Morena revela que el movimiento gobernante atraviesa una etapa de reajuste interno más profunda de lo que públicamente admite. Más allá de la molestia personal del secretario de Organización, el mensaje político es claro: desde Palacio Nacional y la dirigencia encabezada por Luisa María Alcalde se busca centralizar el control de las decisiones estratégicas y asegurar perfiles que respondan al proyecto del gobierno en turno, no a lealtades heredadas ni a capitales simbólicos del pasado. El hecho de que “Andy” haya recurrido a Palenque para expresar su inconformidad confirma que el peso del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador sigue presente, pero ya no es determinante en todos los frentes. Morena, convertido en partido hegemónico, enfrenta ahora el dilema de institucionalizarse o fragmentarse en grupos de poder. Excluir a López Beltrán de la repartición de candidaturas puede interpretarse como un intento por enviar una señal de autonomía y evitar acusaciones de nepotismo, pero también abre el riesgo de tensiones internas rumbo a los comicios intermedios. En este contexto, la verdadera prueba para Morena no será ganar elecciones, sino administrar sus propias disputas sin erosionar la cohesión que le ha dado ventaja electoral.
VIOLENCIA QUE DESAFÍA AL ESTADO
La confirmación del asalto al personal del Cepropie por parte de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí no puede leerse únicamente como un hecho delictivo aislado, sino como un síntoma preocupante del contexto de inseguridad que persiste en el país. Que un equipo adscrito a la Secretaría de Gobernación, responsable de la producción audiovisual de la Presidencia de la República y que acompañaba una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, haya sido interceptado por hombres armados en la Carretera 57 Norte, evidencia que la violencia no respeta jerarquías ni simbolismos institucionales. Si bien la Guardia Nacional logró recuperar el equipo de grabación días después y no se reportaron personas lesionadas, la falta de detenidos deja un mensaje ambiguo que erosiona la percepción de control del Estado en vías estratégicas. Más allá del valor material del equipo, el hecho adquiere una carga política y simbólica relevante: demuestra la capacidad de grupos armados para operar en zonas clave y enviar señales de vulnerabilidad institucional. La investigación abierta por la FGR será determinante para esclarecer responsabilidades, pero el reto de fondo sigue siendo recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la autoridad prevalezca, no solo en el discurso, sino en los hechos.
ACOSTA NARANJO LANZA RETO A FERNÁNDEZ NOROÑA Y GUTIÉRREZ LUNA
El reto lanzado por Guadalupe Acosta Naranjo a Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña refleja una constante en la política mexicana contemporánea: la sustitución del debate de fondo por el espectáculo mediático. Más que una confrontación de ideas, el intercambio parece diseñado para capitalizar reflectores y alimentar la polarización que domina el discurso público. Acosta Naranjo apela a la provocación directa y al lenguaje coloquial para cuestionar la llamada “austeridad hipócrita” de los legisladores de Morena, mientras que Gutiérrez Luna y Fernández Noroña han construido buena parte de su presencia política desde la confrontación verbal y las redes sociales. El problema no es el debate en sí —que siempre es saludable en democracia— sino la forma en que se plantea: como un “tiro” personal, cargado de descalificaciones y agravios previos, más cercano a la arena digital que a un ejercicio serio de rendición de cuentas. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones a problemas estructurales, estos choques corren el riesgo de trivializar la discusión pública. Si el encuentro se concreta, el verdadero reto no será quién grite más fuerte, sino quién logre elevar el nivel del diálogo y demostrar congruencia entre discurso y práctica política.