Redacción / El Tiempo
RATIFICAN A FRANCISCO FERNÁNDEZ JARAMILLO AL FRENTE DE CANACINTRA
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Sur de Sonora, ratificó a Francisco Fernández Jaramillo como presidente para el periodo 2026, en una decisión que apuesta por la continuidad y el fortalecimiento del sector industrial en la región, durante la Sesión Anual Ordinaria celebrada el 4 de febrero en las instalaciones del organismo, ubicadas en el Parque Industrial de Ciudad Obregón. En el encuentro, que se realizó conforme a los estatutos y con la participación de los socios, se presentaron y aprobaron el Informe de Actividades 2025, el estado financiero del ejercicio anterior y el presupuesto 2026, dando cuenta del trabajo realizado en materia de gestión institucional y desarrollo industrial. Asimismo, se eligió a Edgardo Flores Padilla como consejero propietario par y a Ana Cristina Islas Esquer como consejera suplente par, mientras que la Mesa Directiva quedó integrada también por Francisco José de San Martín Yepis y Rico como tesorero y Óscar Enrique Morales Balmaceda como secretario en suplencia de Silvia Abigail Figueroa Lugo. La toma de protesta estuvo a cargo de Laura Lorena Velarde Araiza, vicepresidenta de la Zona Pacífico Norte y testigo de honor por parte de la sede nacional de Canacintra, quien subrayó la relevancia de la continuidad institucional y del trabajo coordinado para impulsar proyectos que fortalezcan al Parque Industrial de Ciudad Obregón y al sector productivo del sur de Sonora.
TAMBIÉN HUBO CAMBIOS EN CMIC
Los movimientos en las cúpulas empresariales de Sonora marcan señales claras de reacomodo y expectativas renovadas, como quedó de manifiesto con la toma de protesta de Santiago René Gluyas Ozuna como nuevo presidente de la delegación Sonora de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el periodo 2026-2028, en relevo de Adrián Camou Loera. Con experiencia previa en la dirigencia de gremios empresariales, Gluyas Ozuna llega en un momento clave para el sector, justo cuando la obra pública vuelve a colocarse como uno de los principales motores económicos del estado. Su planteamiento de que las constructoras sonorenses sean protagonistas del desarrollo de la infraestructura estatal no es menor, pues implica impulsar capacidades locales, generar empleos y fortalecer cadenas productivas internas. A ello se suma su énfasis en la vinculación estratégica con los tres niveles de gobierno, un factor indispensable para traducir proyectos en resultados concretos. El contexto acompaña: para este año, el presupuesto estatal contempla alrededor de cuatro mil millones de pesos en inversión en obra pública, distribuidos en más de 500 acciones en distintos municipios, lo que convierte a la CMIC Sonora en un actor clave para que esos recursos se reflejen en desarrollo, eficiencia y crecimiento regional.
LA LÍNEA ROJA DE LA LEGALIDAD
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, marca un mensaje político claro y necesario en un contexto donde la credibilidad de los partidos suele ponerse en entredicho. Al afirmar que Morena ‘no es paraguas para delinquir’, la mandataria no solo deslinda al movimiento de conductas individuales, sino que reivindica el principio de que el poder no puede convertirse en refugio de la corrupción. El énfasis en que la investigación surgió de múltiples denuncias ciudadanas recibidas por el gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República refuerza la narrativa de que no se trata de un ajuste político, sino de la activación institucional del Estado de derecho. Sheinbaum coloca así el debido proceso como eje central: denuncias, investigación, pruebas, juicio y sentencia, sin excepciones por filiación partidista. Este mensaje busca enviar certidumbre a la ciudadanía y, al mismo tiempo, disciplina interna a Morena, en momentos donde los excesos de actores locales pueden erosionar proyectos nacionales. La advertencia es contundente: la legitimidad del poder se sostiene en la legalidad, y cualquier desviación individual tendrá consecuencias, aun cuando provenga de las propias filas del partido gobernante.
JUSTIFICA CASA BLANCA DIFUSIÓN DE VIDEO SOBRE LOS OBAMA
La defensa de la Casa Blanca al presidente Donald Trump tras la difusión de un video de contenido racista contra Barack Obama y Michelle Obama vuelve a colocar en el centro del debate los límites de la responsabilidad política y la banalización del discurso de odio. Calificar como ‘error interno’ la publicación en la cuenta oficial de Truth Social no disipa la gravedad del hecho, pues el material no solo recurrió a estereotipos ofensivos, sino que además retomó narrativas falsas sobre un supuesto fraude electoral en 2020, relacionadas con Dominion Voting Systems. La postura oficial, reforzada por la portavoz Karoline Leavitt al tachar las críticas de ‘falsa indignación’ y reducir el contenido a un simple meme, evidencia una estrategia de minimización que erosiona la credibilidad institucional. En un contexto de alta polarización, este tipo de episodios no son aislados ni inocuos: refuerzan divisiones raciales, normalizan la desinformación y debilitan los estándares éticos del debate público. Más allá de la eliminación del video, el mensaje implícito es preocupante, pues sugiere que el poder puede escudarse en fallas operativas para evadir responsabilidades políticas. La defensa cerrada de Trump, lejos de cerrar la polémica, abre preguntas sobre la tolerancia institucional frente a contenidos que dañan la convivencia democrática y la confianza ciudadana.
DEFIENDE NOROÑA SALÓN DE BELLEZA DENTRO DEL SENADO
La defensa que hizo Gerardo Fernández Noroña sobre la existencia de un salón de belleza dentro del Senado de la República vuelve a exhibir la tensión permanente entre el discurso de austeridad y las prácticas cotidianas del poder. Al minimizar la polémica y calificarla como una discusión de ‘superficialidades’, el presidente de la Mesa Directiva intenta encuadrar el tema como un asunto meramente operativo, sin carga política ni simbólica; sin embargo, el debate va más allá del servicio en sí. En un contexto donde la Austeridad Republicana se ha convertido en una bandera identitaria del movimiento en el poder, la presencia de espacios asociados al confort personal inevitablemente genera ruido y cuestionamientos ciudadanos. Noroña insiste en que no se trata de un privilegio ni de una ‘traición al pueblo’, pero el contraste entre el discurso de eliminación de lujos y la realidad de servicios exclusivos dentro del recinto legislativo alimenta la percepción de incongruencia. El fondo del asunto no es si una estética es necesaria o no, sino el mensaje que se envía cuando la clase política justifica comodidades mientras exige sacrificios y contención al resto de la sociedad.