Redacción / El Tiempo
VIVIENDA COMO EJE DE JUSTICIA SOCIAL EN SONORA
El incremento de la meta del programa Vivienda para el Bienestar en Sonora, de 33 mil 800 a 65 mil viviendas proyectadas al 2030, refleja una apuesta política clara del gobernador Alfonso Durazo Montaño por colocar la vivienda en el centro de la agenda social. Más allá de la cifra, el dato relevante es que 20 mil casas podrían entregarse antes de que concluya su administración, lo que imprime un ritmo acelerado a una estrategia que busca atender a población sin seguridad social bajo esquemas accesibles. La coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el hecho de que Sonora fuera el primer estado en garantizar la totalidad de la tierra necesaria para arrancar el programa muestran capacidad de gestión y alineación institucional. El avance a través de CONAVI e INFONAVIT, así como la expansión territorial en municipios clave, fortalece el impacto regional. Sin embargo, el desafío será mantener calidad, planeación urbana adecuada y transparencia en la asignación. Si el crecimiento proyectado se concreta con orden y visión de largo plazo, el programa podría convertirse en uno de los legados sociales más significativos del sexenio en la entidad.
ASUME REBECA VALENZUELA COORDINACIÓN DE ISJ
La toma de protesta de Rebeca Valenzuela Álvarez como Coordinadora Estatal del Instituto Sonorense de la Juventud marca el inicio de una nueva etapa institucional respaldada por la entrada en vigor de la Ley de las Juventudes del Estado de Sonora. Más allá del cambio de denominación —de Dirección General a Coordinación Estatal de las Juventudes— el ajuste refleja una intención de fortalecer el papel rector y articulador del organismo en la política pública dirigida a personas de 12 a 29 años. El hecho de que la nueva legislación reconozca a las juventudes como sujetas y sujetos plenos de derechos bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva representa un avance relevante en términos normativos. Además, la consolidación del ISJ como organismo descentralizado con mayores facultades para coordinar acciones, otorgar apoyos y operar el Observatorio de las Juventudes amplía su margen de acción. Destaca también el reconocimiento legal para respaldar económicamente a Casas de Estudiantes, una demanda histórica. El reto ahora será traducir el marco jurídico en resultados concretos que impacten oportunidades, participación y desarrollo integral para las juventudes sonorenses.
SONORA ANTE EL RETO DE LA NUEVA JORNADA LABORAL
La inminente discusión en el Congreso de Sonora sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales coloca al estado en sintonía con un debate nacional que busca transformar las condiciones de trabajo en México. Como señaló la diputada Vicky Espinoza, la minuta aprobada en el Senado llegará a los congresos locales para su análisis y eventual aprobación, y en Sonora podría resolverse antes de que concluya el actual periodo ordinario en mayo. La propuesta, que contempla una reducción gradual de dos horas por año hasta 2030, intenta equilibrar las demandas históricas de la clase trabajadora con la necesidad de adaptación del sector empresarial. El diseño escalonado ofrece certidumbre y tiempo para ajustes, aunque no elimina las preocupaciones sobre costos operativos y competitividad. La clave estará en cómo se armoniza la reforma con la realidad productiva del estado, particularmente en sectores intensivos en mano de obra. Más que una votación automática, el Congreso tiene la responsabilidad de abrir un diálogo serio que permita implementar la medida con responsabilidad, visión de largo plazo y acompañamiento a empresas y trabajadores por igual.
NO MÁS HERENCIA DEL PODER
La reforma que prohíbe, a partir de 2030, que familiares en primer grado de gobernantes en funciones compitan para sucederlos busca poner freno a una práctica arraigada en la política mexicana: la herencia del poder. Sin embargo, el periodo de gracia hasta esa fecha ha abierto la puerta a interpretaciones oportunistas. El caso de Ruth González, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México para la gubernatura de San Luis Potosí, donde actualmente gobierna su esposo Ricardo Gallardo, así como la aspiración de Saúl Monreal en Zacatecas, entidad encabezada por su hermano David, colocan el debate en el terreno de la congruencia política más que en el estrictamente legal. Aunque formalmente no violan la norma vigente, el mensaje público es complejo en un contexto donde se ha prometido combatir privilegios y dinastías. La postura crítica de Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera refuerza la intención de marcar distancia con estas prácticas, pero también exhibe las tensiones internas en los partidos aliados y en Morena. La política no solo se rige por la legalidad, sino por la legitimidad. Anticipar la aplicación del espíritu de la reforma podría fortalecer credibilidad; ignorarlo, en cambio, puede erosionarla antes de 2030.
VIOLENCIA POLÍTICA Y DE GÉNERO: UNA ALERTA QUE NO CEDE
El asesinato de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz, Jalisco, vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que enfrentan las mujeres en la vida pública. Que la Fiscalía de Jalisco investigue el caso bajo el protocolo de feminicidio no es un dato menor: confirma que la violencia de género sigue atravesando incluso a quienes ocupan cargos de representación popular. Más allá de las circunstancias específicas —la localización del cuerpo en su vehículo y los hallazgos forenses— el crimen impacta en dos dimensiones sensibles: la seguridad de las mujeres y la integridad del ejercicio político en el ámbito municipal. La reacción institucional y el pronunciamiento de Movimiento Ciudadano son pasos obligados, pero insuficientes frente a una realidad que exige prevención efectiva y protección para servidoras públicas. Cada agresión contra una mujer en política no solo arrebata una vida, también erosiona la participación femenina y debilita la democracia local. El reto para las autoridades estatales y federales será esclarecer el caso con celeridad y enviar un mensaje claro de que la impunidad no puede ser la norma en crímenes que combinan violencia política y de género.