Redacción / El Tiempo
DESTRUCCIÓN DE ARMAS: MENSAJE POLÍTICO Y DESAFÍO PENDIENTE
La destrucción de 625 armas largas, 350 cortas, más de 4 mil cargadores y más de 212 mil cartuchos encabezada por Alfonso Durazo Montaño representa, sin duda, un mensaje político contundente en un estado históricamente golpeado por la violencia. El acto, respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, busca proyectar coordinación, control territorial y capacidad operativa. Sin embargo, más allá del simbolismo y de la cifra de 975 armas retiradas de circulación, el verdadero reto radica en la sostenibilidad de los resultados. La destrucción de armamento es un paso necesario en el debilitamiento de las organizaciones criminales, pero no suficiente por sí sola para transformar la percepción ciudadana ni para erradicar las causas estructurales de la inseguridad. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno, reiterada por el mandatario, debe traducirse en reducción consistente de delitos de alto impacto y en mayor confianza social. El desafío para Durazo no es solo decomisar y destruir armas, sino consolidar una estrategia integral que combine inteligencia, prevención y fortalecimiento institucional para que estas acciones no sean episodios aislados, sino parte de una política de seguridad eficaz y permanente.
STEUS PRESIONA RECONFIGURACIÓN SALARIAL EN LA UNISON
La apertura de la revisión contractual por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora coloca a la Universidad de Sonora ante un escenario de presión financiera y negociación política relevante. La exigencia de un incremento directo del 50 por ciento al salario, junto con la reestructuración del tabulador y mejoras en prestaciones, refleja no solo la inconformidad acumulada de aproximadamente mil 700 trabajadores que perciben el salario mínimo, sino también el impacto que los ajustes nacionales han tenido en la estructura interna de ingresos. El dirigente sindical, Alejandro Manzanares Morales, ha subrayado la necesidad de evitar distorsiones salariales que profundicen la inequidad dentro de la institución. Sin embargo, el planteamiento abre un debate sobre la viabilidad presupuestal de la universidad pública en un contexto de restricciones financieras. Más allá de la cifra solicitada, la discusión revela una tensión estructural entre justicia laboral y sostenibilidad institucional, donde cualquier acuerdo deberá equilibrar derechos laborales, estabilidad académica y responsabilidad financiera.
PREVENCIÓN O RECAUDACIÓN: EL DEBATE QUE NO TERMINA
El despliegue de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal de Hermosillo con filtros anti alcohol desde el viernes, y más temprano de lo habitual por el fin de semana de San Valentín, reaviva un debate que parece permanente: ¿prevención genuina o estrategia recaudatoria? Las autoridades sostienen que estos operativos buscan evitar accidentes y salvar vidas en jornadas de alta celebración, y es innegable que la combinación de alcohol y volante representa un riesgo real. Sin embargo, para un sector de la ciudadanía la percepción es distinta y asocia estos retenes con multas elevadas y presión económica. La realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio: la sanción económica sí funciona como elemento disuasivo, pero la legitimidad de la medida depende de transparencia, criterios claros y trato respetuoso. A esto se suma el tema de las fotomultas, cuyo proyecto quedó pausado en el Congreso del Estado, donde Alejandra López Noriega planteó la necesidad de diálogo con el Ayuntamiento. Si la prevención es el objetivo central, el consenso social es indispensable.
AUSTERIDAD BAJO LA LUPA: EL COSTO POLÍTICO DEL INFORME DE NOROÑA
El gasto de 695 mil 246 pesos para el informe de actividades de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado vuelve a colocar en entredicho la retórica de austeridad republicana que ha sido emblema de la Cuarta Transformación. Más allá de que el monto pueda considerarse moderado dentro de los estándares institucionales, el contexto político cambia la lectura: cuando el discurso oficial enfatiza sobriedad y recorte de privilegios, cada peso erogado en mobiliario, pantallas LED o microfonía encriptada adquiere una dimensión simbólica mayor. La información obtenida vía Plataforma Nacional de Transparencia, ante la ausencia de publicación oportuna en el portal del Senado, alimenta la percepción de opacidad. A ello se suman antecedentes polémicos durante la gestión de Fernández Noroña, desde viajes en clase business hasta cuestionamientos por su patrimonio, que refuerzan la narrativa de incongruencia entre discurso y práctica. En política, la coherencia es capital. La austeridad no solo debe ejercerse, sino también percibirse. De lo contrario, el costo no es presupuestal, sino reputacional, y termina debilitando una bandera que fue clave para construir legitimidad frente a la ciudadanía.
ACUSACIONES GRAVES, PRUEBAS NECESARIAS
Las revelaciones contenidas en el libro de Julio Scherer Ibarra sobre presuntos vínculos entre Sergio Carmona Angulo, conocido como el “rey del huachicol”, y figuras de Morena como Jesús Ramírez Cuevas, colocan nuevamente en el centro del debate el tema del financiamiento político y la infiltración del crimen organizado en campañas electorales. Aunque los señalamientos son delicados y políticamente explosivos, hasta el momento no existe acusación judicial formal contra Jesús Ramírez Cuevas ni contra otros actores mencionados. En un país marcado por la desconfianza institucional, las versiones plasmadas en un libro pueden influir en la opinión pública, pero no sustituyen investigaciones ministeriales ni resoluciones judiciales. La respuesta del propio Ramírez Cuevas, negando categóricamente cualquier relación y retando a que se presenten pruebas ante tribunales, obliga a elevar el nivel del debate. Si las acusaciones son fundadas, corresponde a las autoridades actuar con rigor; si no lo son, también es necesario frenar la especulación que erosiona reputaciones sin sustento legal. En temas tan sensibles como el huachicol fiscal y el financiamiento electoral, la responsabilidad no es solo política, sino institucional.