Redacción / El Tiempo
FOROS DE CONSULTA: PREVENCIÓN COMO PRIORIDAD INSTITUCIONAL
La puesta en marcha de los Foros de Consulta Regionales impulsados por Javier Lamarque para construir un nuevo Modelo Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Sonora abre una discusión necesaria sobre la capacidad preventiva del estado ante emergencias y desastres. Más allá del acto protocolario, el planteamiento apunta a superar un esquema centrado únicamente en la reacción y transitar hacia una cultura de prevención, coordinación interinstitucional y resiliencia social. El hecho de que se convoque a ciudadanía, academia, especialistas y sectores productivos refleja una intención de dotar de legitimidad técnica y social a la propuesta, alineada con el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de fortalecer el sistema estatal. Sin embargo, el verdadero desafío no será diseñar el modelo en papel, sino garantizar su viabilidad financiera, claridad jurídica y aplicación efectiva en los municipios. La creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas será clave para evitar que el nuevo esquema quede en buenas intenciones. Si los resultados de los foros se traducen en reformas sólidas y presupuesto suficiente, Sonora podría avanzar hacia una política de protección civil moderna; de lo contrario, el esfuerzo quedará como un ejercicio consultivo sin impacto real.
´PROPONEN SANCIONES MÁS FUERTES PARA DEUDORES ALIMENTARIOS
La iniciativa presentada por Alejandra López Noriega para establecer la pérdida de la patria potestad a quienes incumplan con la pensión alimenticia por más de 60 días coloca en el centro del debate el interés superior de niñas, niños y adolescentes en Sonora. El planteamiento es contundente: el abandono alimentario no es un desacuerdo entre adultos, sino una vulneración directa a derechos fundamentales. En un contexto donde miles de madres enfrentan solas la carga económica y emocional, la propuesta busca enviar un mensaje claro de que la omisión tendrá consecuencias jurídicas reales. Sin embargo, la medida también exige un análisis cuidadoso para equilibrar firmeza con debido proceso, evitando que se convierta en un mecanismo automático sin valorar circunstancias particulares. El requisito de más de un año de cumplimiento continuo y evaluaciones económicas, conductuales y psicológicas para recuperar la patria potestad introduce un filtro que privilegia la estabilidad de la niñez por encima de la simple voluntad. El desafío legislativo será construir una norma aplicable, justa y efectiva, que no solo sancione, sino que garantice que los derechos de la infancia prevalezcan frente a la irresponsabilidad.
VEN POSITIVO ELIMINACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN A PREPAS
El anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo sobre la eliminación gradual del examen de admisión en preparatorias abre un debate profundo sobre equidad y organización educativa. Para miles de estudiantes y padres, la medida representa el fin de una prueba que durante años generó estrés y competencia desigual. Sin embargo, el examen no solo funcionaba como filtro académico, también era un mecanismo de asignación que permitía ordenar la alta demanda en planteles con cupo limitado. En estados como Sonora, donde algunas preparatorias concentran mayor prestigio o ubicación estratégica, la pregunta clave es cómo se distribuirán los espacios sin ese instrumento de selección. Si el objetivo es garantizar acceso universal y reducir brechas, el diseño del nuevo esquema deberá priorizar transparencia, criterios claros y ampliación de infraestructura. La gradualidad del cambio es positiva porque da margen para construir un modelo que evite discrecionalidad o saturación desordenada. El desafío no es eliminar el examen, sino sustituirlo por un sistema justo, eficiente y socialmente aceptado que combine derecho a la educación con planeación responsable.
OTRA AUSENCIA DE LENIA BATRES
La ausencia de Lenia Batres Guadarrama en la sesión pública ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un hecho aislado, sino parte de una serie de inasistencias y salidas anticipadas que, según reportes, se han registrado desde 2025. En un órgano colegiado donde cada voto incide directamente en la resolución de amparos y controversias constitucionales, la presencia de sus integrantes no es un asunto menor, sino una responsabilidad institucional. La coincidencia de esta inasistencia con la difusión de encuestas que la colocan como la ministra con mayor desaprobación pública añade un componente político que inevitablemente influye en la percepción ciudadana. Sin embargo, más allá de simpatías o críticas, lo que está en juego es la credibilidad del máximo tribunal del país. La Corte requiere estabilidad, profesionalismo y compromiso constante para sostener su legitimidad. Cuando las ausencias se vuelven recurrentes, el debate deja de ser personal y se convierte en institucional. La rendición de cuentas y la transparencia sobre los motivos de estas inasistencias serían un paso necesario para evitar que la discusión pública erosione aún más la confianza en la justicia constitucional.
PLURINOMINALES: EL NUDO POLÍTICO DE LA REFORMA ELECTORAL
El reconocimiento de Ricardo Monreal Ávila sobre el estancamiento de la reforma electoral confirma que el verdadero punto de fricción no está en la oposición, sino dentro del propio bloque oficialista. La propuesta de reducir legisladores plurinominales, impulsada desde Palacio Nacional y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfrenta resistencias naturales en partidos aliados como el PVEM y el PT, cuya representación depende en buena medida de ese mecanismo. La admisión de que “no hubo avances” evidencia que la mayoría legislativa no siempre garantiza consenso automático. Por su parte, Manuel Velasco ha dejado claro que no existe aún un documento definitivo y que fijarán postura hasta conocer el texto final, lo que añade incertidumbre al proceso. La discusión sobre representación proporcional no es menor: toca el equilibrio entre gobernabilidad y pluralidad. Reducir plurinominales puede leerse como austeridad y simplificación, pero también como riesgo de sobrerrepresentación. En paralelo, la propuesta del PVEM sobre igualar el financiamiento público al nivel más bajo introduce otro frente sensible. La reforma electoral, lejos de ser un trámite, se ha convertido en una prueba de cohesión política para la mayoría oficial.