Por Lorenza Sigala
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Sonora (PRODEDIS) elevó el tono frente al Poder Judicial al señalar omisiones en procesos de desalojo y exigir la creación de un protocolo específico que obligue a jueces y actuarios a visibilizar la presencia de personas con discapacidad en las diligencias.
El procurador Cervando Flores Castelo sostuvo que actualmente mantienen alrededor de 15 casos con el Poder Judicial en distintas materias —administrativa, laboral y penal—, además de al menos tres casos prioritarios relacionados con desalojos.
“El Poder Judicial debe entender que estamos en otros tiempos… estamos solicitando una reunión con el pleno del Poder Judicial porque nos interesa sobremanera el establecimiento de un protocolo para la atención de las personas, particularmente cuando son desalojos o lanzamientos”.
Flores Castelo advirtió que cuando la discapacidad se cruza con la pobreza, el resultado es indefensión. Según explicó, en varios expedientes judiciales no se deja constancia de que en el domicilio habita una persona con discapacidad, lo que impide activar mecanismos de protección.
“No hacen constar en ningún momento que existe una persona en ese estado de vulnerabilidad o en una condición de discapacidad, entonces eso dificulta que se pueda accionar algún tipo de defensa dentro del proceso”, indicó Daniel Chávez, subprocurador de la PRODEDIS.
Incluso, confirmó que ya fueron interpuestas denuncias ante instancias internas del propio Poder Judicial.
De acuerdo con el funcionario, la Procuraduría ya sostuvo reuniones con órganos administrativos y de disciplina judicial, pero reconoció que el avance ha sido “con mucha batalla”.
Caso de presunto maltrato escolar
El posicionamiento surge en el contexto de una denuncia pública de una madre que señala que su hijo, un menor con autismo, fue víctima de maltrato físico en 2017 en una escuela pública. El caso, dijo, ha transitado por distintas instancias y actualmente se encuentra en proceso judicial.
Flores Castelo aclaró que la Procuraduría no tenía conocimiento previo del expediente y que fue instrucción directa del gobernador atenderlo.
“En el proceso judicial… estamos batallando mucho con el Poder Judicial nosotros. Y pues aprovecho para que sensibilice”.
Añadió que el sentimiento de injusticia expresado por la madre debe ser escuchado y revisado sin prejuicios.