Lorenza Sigala / mo
Integrantes del colectivo Todos Somos Uno se manifestaron este fin de semana frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades justicia pronta, revisión de expedientes y mayor transparencia en los procesos judiciales de sus familiares, quienes permanecen en prisión preventiva.
Entre los casos expuestos se encuentra el de César Yuvani, detenido desde el 28 de diciembre de 2024 tras una riña ocurrida en la colonia Montalbán, al norte de Hermosillo. De acuerdo con sus familiares, aunque durante el proceso se presentaron pruebas y la propia víctima habría señalado por escrito que él no le causó lesiones, el joven continúa en prisión.
“Nos dicen que la audiencia final puede tardar de un año a un año y medio. No nos dan fecha. Esa es nuestra inconformidad, ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo si ya hay pruebas?”, expresó su padre durante la manifestación. También señaló que en al menos tres ocasiones el Ministerio Público no se presentó a audiencias programadas.
Laura Valencia, integrante del colectivo, aseguró que la principal demanda es que los casos no permanezcan estancados. “Seguimos en la misma política de ‘hay que esperar’. Los días y los meses siguen pasando y hay gente inocente adentro”, afirmó. Añadió que han detectado inconsistencias en algunos expedientes y cuestionó la falta de información clara hacia las familias, tanto por parte de abogados particulares como de oficio.
Otro de los testimonios fue el de María de los Ángeles Valencia, pareja sentimental de un joven con ocho meses en prisión por el delito de abusos deshonestos. Sostuvo que no existen pruebas en su contra y que incluso la presunta víctima habría manifestado que no ocurrieron los hechos. “Fiscalía no investiga, no avanza. Solo dan largas”, declaró.
Mercedes Leyva Campoy también pidió la revisión del caso de su hijo, quien lleva tres meses en prisión preventiva acusado de violación a la intimidad sexual y amenazas. Según explicó, la acusación deriva de la difusión de un video sin connotación sexual o erotica tomado en una oficina pública a manera de denuncia donde, aseguró, únicamente se observan las pantorrillas de una mujer. “A mí se me hace un abuso. Están abusando de su poder”, señaló.
Por su parte, María Lidia Flores denunció irregularidades en la detención de su esposo, trabajador del Centro de Reinserción Social (Cereso), quien enfrenta cargos relacionados con una presunta fuga ocurrida durante su turno. Indicó que fue llamado en su día de descanso y posteriormente detenido. “Tiene 16 años trabajando ahí y ahora lo acusan con delitos agravados. Nos dejaron sin sustento y sin servicio médico”, expresó.
Esmeralda Guevara relató que su pareja fue detenida en mayo de 2025 por delitos contra la salud y que, cuando estaba por obtener una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, le fue notificada una nueva acusación por feminicidio, pese a que —según dijo— el responsable ya está detenido y habría declarado que su pareja no participó. Denunció además falta de información y atención por parte de la defensoría pública.
El colectivo anunció una manifestación pacífica el próximo 9 de marzo a las 7:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía, desde donde marcharán hacia el centro de la ciudad. Aclararon que no realizarán bloqueos, aunque podrían ocupar un carril durante el trayecto.
Las familias reiteraron que su exigencia principal es la agilización de audiencias, acceso claro a la información de los procesos y revisión puntual de los casos que, aseguran, presentan inconsistencias.