Lorenza Sigala / MO
El caso de Juliana Adaly, la bebé que perdió la vida el pasado 15 de abril en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES), ha generado indignación y movilización social, tras denuncias de presunta negligencia médica y la polémica extracción de órganos sin consentimiento claro.
Familiares de la menor realizaron en dias pasados un bloqueo en el cruce de los bulevares Encinas y Rodríguez en Hermosillo, exigiendo justicia y responsabilizando al personal médico y de enfermería de HIMES por la muerte de la niña, quien, según relataron, al nacer expulsaba heces fecales por su nariz.
Ante la creciente presión social y mediática, el Fiscal General del Estado de Sonora (FGJE) Rómulo Salas Chávez, informó que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de un tema de carácter federal. Por lo tanto, aclaró que la Fiscalía estatal no tiene competencia en el proceso y será la FGR quien continúe con las investigaciones.
“En el caso de la niña nonata el tema es federal, lo está llevando la Fiscalía General de la República (FGR) no es competencia del Estado”, expresó.
Y es Que el caso se lleva en el orden federal debido a que los hechos ocurrieron en un hospital de ese nivel al ser hospital IMSS bienestar.
Los familiares durante las manifestaciones realizadas en distintos puntos de Hermosillo realizan llamados urgentes al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán; al secretario de Salud, José Luis Alomía; y a la titular del IMSS Bienestar, Gabriela Nucamendi Cervantes, para que intervengan en el caso y garanticen una investigación transparente.