Lorenza Sigala
En el marco de las investigaciones por el asesinato de tres niñas y su madre en el poblado Miguel Alemán, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, aclaró que, aunque el Poder Judicial no interviene en la etapa de investigación, los delitos como el feminicidio están contemplados en el marco legal con penas de hasta 70 años de prisión por cada víctima.
“Los delitos por feminicidio tienen penalidades estratosféricas, por decirlo de alguna manera. Son penas muy altas por el tipo de delito, por el tipo de víctima y por la forma en que fueron asesinadas. Lo máximo son 70 años de prisión por cada uno”, expresó Acuña Griego.
Sin embargo, el magistrado aclaró que no cuenta con información directa ni verificada sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. “Desconozco los hechos concretos. Nosotros no somos policía ni fiscales. Juzgamos cuando se nos presentan las carpetas de investigación y ahí es donde analizamos las pruebas”, añadió.
Cuestionado sobre si este crimen debería investigarse como feminicidio, Acuña Griego evitó emitir una opinión directa para no interferir en el proceso judicial. “No quiero tocar ese tema porque podría contaminar el procedimiento. Yo soy el jefe de quienes van a juzgar ese caso”, dijo, enfatizando que la imparcialidad judicial debe mantenerse desde el inicio de cualquier proceso penal.
El magistrado también señaló que existen límites legales para la acumulación de penas en Sonora. Aunque en teoría podrían sumarse sentencias por cada víctima, explicó que el Código Penal establece una pena máxima de 70 años de prisión, aun cuando existan múltiples feminicidios.
Sobre el contexto social que permite crímenes de esta magnitud, Acuña Griego consideró que corresponde a otras disciplinas, como la sociología, la psicología o la política, analizar el origen estructural de la violencia. “Yo soy un servidor público que coordina el trabajo jurisdiccional de los jueces, nada más”, concluyó.
El caso de las tres menores y su madre, cuyos cuerpos fueron localizados por el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, ha provocado una ola de indignación social y posicionamientos de diversas autoridades, incluido el gobernador Alfonso Durazo, quien confirmó la detención del presunto responsable.