Pablo Beltrán
Temporada de mordaza y…de perdón
Y vaya que sigue la racha por todo el país de la imposición del silencio, pero sobre todo, de algo que ya se está haciendo una costumbre: la orden a particulares de ofrecer disculpas -perdón- a servidores públicos.
En un juego que se ha tornado extraño, algo así como el mundo al revés, ahora con la novedad de que el periodista de Guerrero, Jesús Castañeda, fue obligado mediante resolución -relacionada a violencia política en razón de género-, a pagar una multa de veintidós mil pesos, pero además, ofrecerle una disculpa pública a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López por un período de quince días. Y ello solo por hace señalamiento de desvío de 898 millones de pesos en el año 2023, relacionado al desastre ocasionado por el huracán ‘Otis’, lo cual trae fuerte escrutinio por parte de la Auditoría Superior de ese estado.
Esta racha, dio arranque hace apenas unos meses cuando al abogado Carlos Velázquez de León, le obligaron a pedirle perdón públicamente, al senador Gerardo Fernández Noroña, escogiendo éste como recinto el propio Senado, con difusión en el canal oficial del legislativo.
Después vinieron los casos del gobernador Alejandro Armenta, con su decreto de tipificación del ‘ciber-acoso’, en donde conductas –definidas confusamente- de participantes en las redes sociales pueden considerarse como delito y terminar en un proceso penal.
Así también, lo sucedido en Campeche, en donde el comunicador Jorge González Valdez, fue vinculado a proceso penal, por un delito denominado de ‘incitación al odio’ en contra de la gobernadora Layda Sansores, por denunciar situaciones irregulares en el ejercicio público.
No escapa por supuesto de la lista y sobre todo por las secuelas, el caso de la ciudadana Karla Estrella Murrieta, misma que fue sancionada por el Tribunal electoral del PJF por violencia política en razón de género, lo que aparte de la multa, le generó la imposición del ofrecimiento de una disculpa pública por treinta días, llevar un curso de género y publicar la sentencia en sus redes sociales, además de quedar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas. Y aunque la denunciante (la hoy diputada federal petista, Diana Karina Barreras), ha tratado de atemperar el caso ante la aparente desproporción de la sanción, ello no ha funcionado como quisiera por el furor nacional ante el ya conocido caso bautizado como ‘dato protegido’.
Asunto similar, el del periodista de El Universal, Héctor de Mauleón, el cual después de haber criticado -en base a información castrense- sobre determinada situación de la entonces candidata a magistrada Tania Contreras López (columna intitulada ‘Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas’), ello lo ha llevado al banquillo de los acusados, pues el Instituto Electoral del norteño estado, también bajo el rasero de violencia política en razón de género, le ha obligado a bajar la publicación de la citada columna y a abstenerse de publicar sobre Contreras López, además de conminarlo a ofrecer disculpas por dieciséis días a favor de la denunciante. Todo un tema, que seguramente recorrerá instancias jurisdiccionales en esa materia.
Ya solo faltaría que los ‘damnificados’ del Grupo Tabasco, tiren un cerco sobre todos los medios que han observado a ‘La Barredora’ … y se les termine pidiendo perdón.
Ahora bien, después de esta relación de hechos -que no llevan exactamente un orden cronológico-, no tenemos otra que reflexionar sobre el tema y ver si están fallando los operadores jurídicos, o definitivamente las leyes están dando pauta para que la mordaza vaya siendo el común denominador en un país, en donde la libertad de expresión tiene su asidero en el artículo 7° constitucional: ‘es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones’. Por lo tanto, por misma disposición constitucional, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión,
Es cierto que tal derecho tiene como límites el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la perturbación al orden público; no obstante lo anterior, esos límites deben de ser analizados con mucho rigor técnico, ya que de no ser así, pudieran utilizarse de pretexto para sancionar a cada vez más voces de esta nación, situación que afecta además el desarrollo de la democracia.
Criterios van, criterios vienen, pero sí sería muy importante la revisión de las diversas leyes, sobre todo las relacionadas a derecho público, a fin de que se considere la posibilidad de que en los apartados de sanciones y atendiendo a la dignidad humana, por lo pronto se derogue la disculpa pública (perdón) de los particulares a favor de servidores públicos -o se haga la acotación correspondiente-, pues es evidente que su sola existencia refleja una vil desproporción, que solo es medio entendible en las monarquías o dictaduras.
Aquí un buen nicho de oportunidad para los congresistas, más para aquellos que adoptan con frecuencia la frase juarista de ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’.
Ya veremos dijo el mudo, perdón, el ciego…
TOP FIVE. Y con la novedad ‘nueva’ de que una vez más el municipio de Cajeme apareció en la lista de entre las cinco ciudades más peligrosas del país, tomado en base a encuestas de percepción, ello mediante la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), denominada ‘Percepción sobre inseguridad pública, por área urbana (ciudad) de interés’.
Se dice por el alcalde que los números de delitos de alto impacto han disminuido y eso es plausible, sin embargo el miedo sigue entre los ciudadanos porque las cifras todavía son importantes, de ahí que se espera mayor esmero por parte de la autoridad para seguir bajando las estadísticas negativas, para así algún día -no muy lejano- volver a ser aquella ciudad de paz tan añorada.
Cajeme, según la encuesta queda solo debajo de Culiacán, Ecatepec, Uruapan, y Tapachula. Datos oficiales, ni hablar…