Milton Martínez Estrada
Río Sonora, la víctima favorita del sistema
Hace no pocos años escribí que el macroderrame de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y Bacanuchi podría ilustrarse como si el diablo hubiese metido la cola al paraíso.
Previo al 6 de agosto de 2014, cuando se registró el más grande desastre ambiental en la historia de la minería moderna, la Marca Río Sonora pasaba por su mejor momento. Estaban en control de la venta de carne seca, jamoncillo, ajo, cacahuate, producción de queso, chiltepín, cebolla, nuez y el turismo tenía visos de industria.
Pero ¡Oh, desgracia! Una falla en la tubería de rebombeo en la presa de recuperación de lixiviados se desbordó y alcanzó el ojo de agua de Arvayo, después al río Bacanuchi, los siete pueblos ribereños hasta llegar a la presa El Molinito, en la zona rural oriente de Hermosillo. Los tóxicos mineros recorrieron 224 kilómetros
En este escrito les voy a poner un caso poco visible de este derrame. La irresponsabilidad y negligencia histórica en la que incurrió el exgobernador sonorense, el panista Guillermo Padrés, quien si hubiese cumplido con sus obligaciones en el servicio público se habría evitado este ecocidio.
Hace 10 años, el 3 de agosto de 2015, escribí para la Revista Proceso, que Padrés pudo evitar el desastre ambiental del que ahora les estoy escribiendo.
El 1 de junio de 2010, los diputados locales de la 59 Legislatura ordenaron al mandatario atender los problemas de contaminación ambiental originados por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, particularmente en la presa de “jales” donde se confinan (hasta el día de hoy) los residuos químicos utilizados para la separación del cobre del resto de los minerales. Se trataba de un exhorto entregado por los grupos parlamentarios del Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) con el que se evidenció la inquietante posibilidad de que los peligrosos químicos que conforman los “jales” cayeran sobre el llamado Ojo de Agua, donde nace el río Sonora, que atraviesa siete municipios de la entidad y desfoga en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo.
De haber atendido ese mandato, el entonces gobernador Padrés Elías habría encontrado las irregularidades con las que operaba la mina, porque según la exposición de motivos que hicieron los diputados de la 59 Legislatura, esa infraestructura hidráulica contenía y contiene los tóxicos de 100 años de actividad minera, en perjuicio ambiental de los habitantes de la región y los mantos acuíferos.
Padrés no hizo caso.
II
En julio de 2007, en pleno conflicto entre el Sindicato Minero Nacional sección 65 y Mexicana de Cananea SA de CV (ahora Buenavista del Cobre). Padrés, como senador por Sonora, tuvo a su alcance la primera oportunidad histórica de evitar el ecocidio antes mencionado.
En aquel entonces, el sindicato minero presentó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 10, con sede en la Ciudad de México, un estudio sobre las condiciones ambientales en la que se laboraba en la mina. El otrora legislador de la Cámara Alta e integrante de la Comisión de Justicia hizo caso omiso al estudio presentado por sus gobernados y se mantuvo al margen del conflicto laboral que concluyó en 2010 con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la declaración de inexistencia de huelga, y el posterior despido injustificado de más de 800 mineros de Cananea.
El comisionado de Difusión del Sindicato Minero Nacional sección 65, Antonio Navarrete, señaló que los tribunales se enfocaron en probar la inexistencia de la huelga, pero nunca se discutió el impacto ambiental originado por la mina en detrimento de los trabajadores. “Jamás recorrieron las instalaciones de la empresa para definir si existían condiciones de riesgo de los trabajadores, al punto que pusieron a discusión los estatutos del sindicato antes que los argumentos ambientales”, comentó.
Esa tibia postura de Padrés tuvo las consecuencias conocidas.
III
La extraña desaparición de la megapresa de Guillermo Padrés es otro de los casos poco contados en este desastre ambiental. Resulta que por aquellos días, el 12 de septiembre de 2014, a más de un mes del macroderrame, la ilegal infraestructura hidráulica del exmandatario se desvaneció.
Ciertamente nunca existió explicación alguna, pero por aquellos días se especuló de que el personal a cargo de Padrés la dinamitó, aunque la versión que aceptaron sus colaboradores fue que los escurrimientos provocados por el huracán Odile acabó con la cortina de 25 metros de alto y 70 metros de ancho, obra que tenía un costo aproximado de 3 millones de dólares (unos 42.9 millones de pesos de aquella época).
Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver la presa con el derrame? Se los respondo más temprano que tarde: Cuando tronó aquella presa, los tóxicos mineros había tenido un alcance, pero con el volumen del agua desfogada por la presa de Padrés, los sedimentos superaron los márgenes del río y con ello volvió inundar los pozos de abastecimiento a la población.
Si el exgobernador no hubiera construido ilegalmente su megapresa jamás habría tenido la obligación de dinamitarla y así no se hubiera afectado aún más a la población.
VÍCTIMAS
A los pobladores jamás les cumplieron la promesa de remediar el río; en ningún momento los atendieron médicamente y las míseras indemnizaciones que les entregaron solo sirvieron para dividirlos entre quienes recibieron más y los que obtuvieron menos.
Años después, les construyeron una mina en Arizpe; les disminuyeron drásticamente su dotación de agua potable, y ahora, el Plan Hídrico pretende erigir tres presas que habrían de castigar aún más a productores y pobladores.
Son las víctimas favoritas del sistema ¿Cuándo va a terminar el asedio? Es La Siguiente Pregunta.