Lorenza Sigala / MO
Afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), unas cartulinas de colores pegadas en la pared rompen con la rutina gris del edificio. En ellas, letras negras denuncian negligencias, burlas y omisiones.
Frente a esos mensajes está Guadalupe Susana González, una madre que desde hace ocho años busca justicia para su hijo, víctima de presuntas agresiones en la primaria a manos de su propia maestra,de la escuela “Pedro Vázquez Rubiano” de Villas del Real en Hermosillo.
Su hijo tenía seis años cuando —según narra— comenzaron los golpes. Hoy tiene 13, pero su desarrollo cognitivo corresponde al de un niño de cinco años. “Me decía ‘maeta pega’”, dice con la voz entrecortada, mientras sostiene los documentos de denuncias interpuestas desde 2017. Con el paso del tiempo, el menor logró narrar lo que le pasó, pero en el camino las instituciones no respondieron.
Guadalupe enumera nombres de funcionarios y agentes del Ministerio Público que conocieron su caso: Luis Carlos Loera —ya fallecido—, la ministerio público, Gabriela Parra y vice fiscal del centro de atención de la fiscalía de nombre Rosario, “Se burlaron de mí, me daban largas, me decían que después, que esperara. La carpeta está hecha un cochinero”, acusa sin titubear, convencida de que la Fiscalía dejó que las pruebas se diluyeran y con ellas, la posibilidad de castigo.
La mujer asegura que acudió a Derechos Humanos, interpuso denuncias y agotó instancias, pero los años han pasado sin que exista una respuesta efectiva. Mientras tanto, su hijo asiste a terapias psicológicas y psiquiátricas, intentando cerrar una herida que el sistema judicial no ha reconocido. “Yo quiero que me atiendan en vida, no que me hagan homenajes cuando ya no esté”, afirma frente al acceso principal del edificio, donde pocos se detienen a escuchar.
Cada cartulina en el muro es testimonio de frustración, pero también de resistencia. “¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde están los derechos de las víctimas?”, se pregunta Guadalupe, con la esperanza de que el fiscal Rómulo Salas tome en sus manos el expediente. Porque, dice, su hijo merece algo más que el silencio: merece justicia.