Redacción / El Tiempo
DURAZO CONSOLIDA AVANCES HISTÓRICOS EN SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA
Los resultados de la Envipe 2025 confirman que la estrategia de paz impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza en la dirección correcta. La reducción de la incidencia delictiva, el aumento sostenido en la percepción de seguridad y el histórico nivel de confianza hacia la Fiscalía de Justicia son logros que no solo se reflejan en cifras, sino también en una mejora palpable para las familias sonorenses. Que más del 74 por ciento de la población se sienta segura en su colonia evidencia un cambio profundo en la forma en que la ciudadanía percibe su entorno. Este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad. El hecho de que la Fiscalía de Justicia de Sonora se ubique en el segundo lugar nacional en confianza ciudadana demuestra que el gobierno de Alfonso Durazo ha logrado recuperar la credibilidad en instancias fundamentales para la vida pública. Estos resultados constituyen un respaldo a la estrategia de paz que encabeza el gobernador Durazo y una base firme para seguir consolidando un estado más seguro, donde las familias puedan vivir con tranquilidad.
PROPONEN ENDURECER CASTIGO PARA DELITOS BRUTALES
La propuesta del diputado David Figueroa de aplicar pena vitalicia de cárcel para delitos atroces en Sonora abre un debate profundo sobre el papel de la justicia penal en la prevención del delito y la protección de la sociedad. Es indiscutible que crímenes como el feminicidio o aquellos que atentan de manera brutal contra la vida y la dignidad de las personas requieren sanciones ejemplares. La demanda ciudadana por mayor seguridad y justicia es legítima, y en ese contexto iniciativas como esta buscan responder a una preocupación social evidente. Sin embargo, el fortalecimiento del sistema de justicia no puede limitarse al endurecimiento de las penas. La experiencia demuestra que las condenas más severas por sí solas no reducen la incidencia delictiva si no van acompañadas de una estrategia integral que incluya prevención, investigación eficaz y atención a las causas estructurales de la violencia. La discusión que ahora se abrirá en el Congreso del Estado debe valorar no solo el impacto punitivo, sino también las implicaciones jurídicas y sociales de instaurar condenas vitalicias.
LAYNEZ Y LA LECCIÓN PENDIENTE DEL PODER JUDICIAL
Las revelaciones del exministro Javier Laynez Potisek sobre las negociaciones que sostuvo para frenar la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador arrojan nueva luz sobre uno de los episodios más trascendentes en la historia reciente de México. Que un integrante de la Suprema Corte haya ofrecido la renuncia de los once ministros para evitar una reforma política al Poder Judicial muestra hasta qué punto se percibía como una amenaza a la independencia de la justicia. El trasfondo más doloroso, como reconoció el propio Laynez, no fue únicamente la pérdida de un modelo institucional, sino el impacto humano: miles de trabajadores del Poder Judicial que vieron truncada su estabilidad laboral, su carrera y su confianza en las instituciones. Esa herida institucional y personal es quizá la más profunda y la que aún tardará en sanar. El nuevo esquema, con jueces y magistrados electos por voto popular, apenas comienza a mostrar sus consecuencias. La crítica de Laynez al uso de “acordeones” durante la elección refleja el riesgo de reducir la designación de jueces a un ejercicio de popularidad más que de capacidad jurídica. El reto de fondo sigue siendo garantizar que el Poder Judicial conserve autonomía, independencia y profesionalismo, más allá de coyunturas políticas.
REBELIÓN EN MORENA CONTRA ADÁN AUGUSTO
El reciente episodio en el Senado, donde un grupo de 13 senadores morenistas habrían exigido explicaciones a Adán Augusto López Hernández sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, revela una tensión importante dentro de la bancada guinda. La situación evidencia que, aun en partidos con fuerte liderazgo centralizado, los legisladores buscan cada vez más autonomía para tomar decisiones, especialmente en temas sensibles como la seguridad y la justicia. Que los senadores hayan decidido abrir la puerta a un Parlamento Abierto y limitar la capacidad de imposición del coordinador no debe interpretarse únicamente como un acto de desafío personal. Más bien, refleja un reclamo por transparencia y participación efectiva en la toma de decisiones legislativas. Este cambio, que establece el voto libre y secreto para los acuerdos internos, fortalece la institucionalidad y protege la diversidad de opiniones dentro del órgano legislativo. No obstante, la fractura interna también plantea retos. La coordinación y unidad de una bancada son esenciales para impulsar políticas públicas consistentes y eficaces. El equilibrio entre liderazgo y autonomía será determinante para que Morena mantenga cohesión sin sacrificar la responsabilidad y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
CIERRA TRUMP INVESTIGACIÓN CONTRA EXDIRECTOR DEL ICE POR SOBORNOS
El cierre de la investigación contra Thomas Homan, exdirector de ICE y cercano al presidente Donald Trump, plantea preguntas incómodas sobre la independencia del sistema de justicia y la línea entre política y legalidad. Homan fue grabado presuntamente aceptando 50 mil dólares de agentes encubiertos del FBI en un supuesto intento de obtener contratos relacionados con políticas migratorias. Sin embargo, el gobierno actual decidió cerrar la investigación, alegando falta de pruebas creíbles y calificándola de “investigación política”. Más allá del caso individual, la situación evidencia un dilema central: ¿puede la proximidad política proteger a alguien de posibles ilícitos? Que Homan no ocupaba un cargo oficial en el momento del presunto soborno complica la persecución legal, pero no elimina el cuestionamiento ético y moral que genera el episodio. La ciudadanía observa con atención cómo ciertos actores parecen operar bajo reglas diferentes, minando la confianza en las instituciones. Casos como este recuerdan que mantener la credibilidad del sistema judicial no depende solo de procesos legales, sino también de la percepción pública de que nadie está por encima de la ley. Ignorar estos estándares, aunque legalmente justificable, abre la puerta a la erosión de la confianza ciudadana y refuerza la percepción de que la política puede condicionar la justicia.