Redacción / El Tiempo
UNA ESTRATEGIA INTEGRAL FORTALECE LA GANADERÍA SONORENSE
La puesta en marcha del programa integral de producción de carne en Sonora marca un paso importante para el fortalecimiento del sector pecuario de la entidad. Con el respaldo del Gobierno de México y la gestión del gobernador Alfonso Durazo, pequeños y medianos productores reciben apoyos directos que buscan no solo mejorar la productividad, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo. La entrega de sementales bovinos, maquinaria y créditos con bajas tasas de interés representa un esfuerzo coordinado para democratizar los beneficios de la ganadería, sector clave en la economía y la identidad de Sonora. La construcción de un centro especializado para la producción de carne de calidad, orientado tanto al mercado interno como a la exportación, refleja la visión de largo plazo que este proyecto contempla. El alcance es significativo: hasta mil unidades de producción con menos de 50 vientres podrán acceder a esta estrategia, con una inversión superior a los 800 millones de pesos. Se trata de una política pública que reconoce la importancia de quienes sostienen la base de la ganadería sonorense, dándoles herramientas para competir en mejores condiciones.
‘CERO IMPUNIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETAN UN DELITO’
Las palabras del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña Griego, tienen sentido común: todo servidor público que cometa un delito debe enfrentar acción penal. Sin embargo, en un país donde la impunidad y la protección política han sido la regla, esta afirmación cobra un peso mayor. En Sonora, la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad y procuración de justicia se ha agudizado tras los recientes incidentes protagonizados por agentes de la AMIC. Los excesos de quienes deberían garantizar la ley ponen de relieve la urgencia de que la justicia no se quede en discursos, sino que se materialice en sentencias. Que Acuña Griego subraye que la condición de servidor público puede agravar la pena es un recordatorio de lo que la ciudadanía espera: más responsabilidad, no más privilegios. Porque si un ciudadano común enfrenta la justicia por sus actos, con mayor razón debe hacerlo quien juró protegerla. El uniforme, el cargo o el nombramiento no son escudos de impunidad; al contrario, deberían ser motivo de mayor escrutinio.
LA INCONGRUENCIA DE MC
Movimiento Ciudadano insiste en venderse como la alternativa fresca frente a la ‘vieja política’. Sin embargo, la realidad se encarga una y otra vez de desnudar las contradicciones de este discurso. La reciente presencia de Aurelio Nuño, exsecretario de Educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un evento del partido naranja, junto a otros ex priistas como Claudia Ruiz Massieu y Héctor Astudillo, es un ejemplo claro. MC no sólo abre las puertas a figuras que representan lo que dicen combatir, sino que además lo hace sin sonrojarse, apelando a la supuesta ‘renovación’ que en los hechos se diluye. La ironía es mayor si recordamos que Jorge Álvarez Máynez, hoy coordinador nacional de MC, fue uno de los críticos más duros de Nuño cuando encabezaba la Secretaría de Educación Pública. En 2017, Máynez lo acusó de mentir sobre los libros de texto en lenguas indígenas y de recortar presupuesto educativo. Sus palabras de entonces suenan hoy como un espejo incómodo frente a la fotografía de su partido tendiendo puentes con el peñismo. ¿Dónde queda, entonces, la congruencia? Si Movimiento Ciudadano busca posicionarse como el vehículo de una nueva generación política, resulta contradictorio que recurra a los mismos cuadros que durante décadas protagonizaron el sistema que dicen querer superar. La política, es cierto, requiere alianzas.
LENIA BATRES ARREMETE CONTRA EL TRIBUNAL ELECTORAL
La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, volvió a provocar ruido. Esta vez, al arremeter contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que acusó de inequidad, parcialidad e incluso de encubrir fraudes electorales. Palabras fuertes que, en cualquier otra voz, podrían sonar como una advertencia legítima. En la suya, inevitablemente resuenan como ironía. Porque fue ese mismo tribunal el que, apenas en agosto pasado, avaló la elección judicial que le abrió la puerta a la Corte. La misma elección estuvo marcada por la polémica ‘operación acordeón’, donde votantes llegaban con papeletas dobladas, listas en mano y sospechas de simulación democrática. El mismo tribunal que convalidó el proceso que muchos señalaron como un ensayo torcido de elección popular de jueces y ministros. Lenia Batres, con sus críticas, parece olvidar que su asiento en el Pleno depende de la legitimidad que ese órgano le dio. Si el TEPJF es tan parcial y opaco como ella sugiere, ¿qué dice eso de su propio nombramiento? ¿En qué lugar queda la validez de la elección que la encumbró? Su discurso, en el mejor de los casos, refleja una contradicción: denunciar selectivamente lo que conviene, sin asumir las consecuencias de haber sido beneficiaria del mismo sistema.
PAN PREPARA UNA ‘LLUVIA DE AMPAROS’ CONTRA LA REFORMA… A LA LEY DE AMPARO En la política mexicana no faltan las paradojas, pero pocas tan evidentes como la que hoy se perfila en el Congreso: el PAN prepara una ‘lluvia de amparos’ contra la reforma… a la Ley de Amparo. Una figura jurídica creada para proteger al ciudadano de los abusos del poder se ha convertido en la trinchera desde donde se busca defender a esa misma figura de su propia desnaturalización. El oficialismo de Morena avanza con la lógica de la aplanadora: reformas fast track, sin consensos y con el sello del albazo legislativo. En este contexto, la oposición encabezada por Jorge Romero no se hace ilusiones: sabe que los votos no alcanzan para frenar la mayoría. Por eso el plan no es ganar en el pleno, sino en los tribunales. La jugada tiene doble filo. Por un lado, permite al PAN y a otros opositores colocarse como defensores de los derechos ciudadanos, no desde el discurso partidista, sino desde el recurso legal más emblemático de la democracia mexicana. Por otro, expone la ironía de que la única manera de defender al amparo sea… amparándose. Lo cierto es que la figura del amparo, históricamente diseñada para limitar al poder frente al ciudadano, no puede convertirse en un instrumento debilitado por mayorías coyunturales. Si se distorsiona, se rompe un candado esencial del Estado de derecho en México.