Las protestas juveniles que sacuden Marruecos desde el pasado 27 de septiembre han alcanzado su punto más grave tras el registro de tres muertes y más de 400 detenidos durante la quinta jornada consecutiva de manifestaciones, alguno podrían enfrentar “cadena perpetua”, según la fiscalía. Lo que comenzó como una demanda pacífica por mejoras en los servicios públicos se ha transformado en los disturbios más graves que vive el país norteafricano desde 2017.
Las fuerzas de seguridad han detenido 409 manifestantes en el marco de las protestas en Marruecos por mejoras en los servicios públicos, informó el Ministerio del Interior.
Entre tanto, la Fiscalía Marroquí aseguró que los implicados en los disturbios en varias ciudades del país pueden enfrentarse a penas de hasta “cadena perpetua”, en palabras de Ahmed Ouali Alami, jefe de división del Ministerio Público.
Aunque la participación fue baja, la protesta llamó la atención de los medios de comunicación por ser la primera permitida por las autoridades en la capital, desde que comenzaron las movilizaciones.
Hasta ahora, la policía había reprimido cualquier concentración de personas en el momento en que los manifestantes comienzan a arengar o a dar declaraciones a la prensa.
En total, 413 vehículos policiales y 195 automóviles privados han resultado dañados, junto con bancos, tiendas y edificios públicos en 23 provincias del país, según cifras oficiales del Estado marroquí, a quienes algunos veedores internacionales atribuyen opacidad en los datos.
Los incidentes más graves se registraron en ciudades como Salé, Inezgane, Ait Amira, Tiznit, Oujda y Tánger, donde grupos de jóvenes incendiaron vehículos, saquearon establecimientos y se enfrentaron con las fuerzas del orden.
El Rey Mohammed VI, quien ha reinado durante más de 22 años y concentra la mayor parte del poder político y económico en Marruecos, ha permanecido en silencio durante seis días de protestas.
Las motivaciones por las que han prendido la chispa en Marruecos abordan los sectores de la sanidad, la educación, el empleo y la corrupción. Concretamente, demandan universalidad de la cobertura sanitaria, acceso a medicamentos a precios asequibles y modernización de los hospitales y centros académicos.
El número de médicos del sector público no supera los 15.000, en un país de 37 millones de habitantes, lo que equivale a una ratio de apenas cuatro médicos por cada 10.000 habitantes.
La cifra de desempleo entre jóvenes es más del doble que entre los adultos, según cifras de la Agencia Nacional de Estadística, que evidencia que más de un tercio de los jóvenes carece de trabajo.