Martín Alberto Mendoza/MO
LA LLEGADA DE RICARDO ENRIQUE REVILLA CELAYA PROMETÍA UN CAMBIO EN LA FISCALÍA EN EL SUR DE SONORA; SIN EMBARGO, EL SALDO ES CLARO: PUERTAS CERRADAS, VÍCTIMAS IGNORADAS Y EXPEDIENTES EMPOLVADOS; UNA MADRE QUE CLAMA JUSTICIA POR SU HIJA QUE PERECIÓ TRAS SER ATROPELLADA LLEVA CUATRO MESES SIN RESPUESTA; EN UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁNSITO ES UN CAOS; EXISTEN OTROS CASOS COMO EL DEL MINISTERIO PÚBLICO LANDAGARAY QUE SUMAN QUEJAS SIN CONSECUENCIAS; ¿QUÉ HACE COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS QUE PREFIEREN CERRAR PUERTAS QUE ATENDER DEMANDAS DE JUSTICIA? ¿POR QUÉ NO SE ENTIENDE QUE LA DILACIÓN MARCADA EN LOS CASOS, LA FALTA DE JUSTICIA Y EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO NO SON FALLAS SIMPLES FALLAS BUROCRÁTICAS, SON AGRESIONES DIRECTAS CONTRA LA SOCIEDAD QUE RECLAMA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA; LA MADRE DE ARMIDA GUADALUPE NO PIDE UN SOLO PESO PARA SUS NIETAS SINO CASTIGO PARA EL RESPONSABLE; EXIGE QUE CASO NO VAYA A QUEDAR EN EL OLVIDO COMO MUCHOS OTROS; PREGUNTA ES CONTUNDENTE PERO NECESARIA: ¿FISCALÍA SIRVE A LA GENTE O LA IMPUNIDAD? FAMILIAS ENTERAS VAN Y VIENEN EN UN PEREGRINAR INÚTIL MIENTRAS EXPEDIENTES SE EMPOLVAN; POR RUMBOS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL (CERESO) LOCAL CONTINÚA JUGOSO NEGOCIO DE ‘APARTADOS’ DE SITIOS PARA VISITANTES DE CADA DOMINGO; PESE A QUE TITULAR JORGE ALBERTO ARGUELLES VALDEZ ESTÁ ENTERADO DE ELLO DESOYE RECLAMO DE MAYORIA DE CONCURRENTES; LUEGO DE CINCO DÍAS DE ABSOLUTA TRANQUILIDAD ESTALLA VIOLENCIA EN POSADA DEL SOL; BALEAN A CUATRO MENORES DURANTE FIESTA DE AMIGOS; UNO DE ELLOS MURIÓ AYER Y OTRA LUCHA POR SU VIDA
DESDE de mediados de septiembre pasado, comenté el caso de una desesperada madre de familia que éste sábado 4 de octubre cumplió cuatro meses clamando justicia, pero paradójicamente pareciera estar lanzándole piedras a la luna, en una denodada lucha para que se haga justicia a su hija, Armida Guadalupe Romero Armenta, quien perdió la vida la tarde del miércoles 4 de junio anterior, cuando la arrolló un vehículo, tipo pick up, tres cuartos, color blanco, por la Ejército Nacional entre Luna y Chihuahua, frente a la colonia Rincón del Valle, según consta en la carpeta de investigación SON/COB/FGE/2025/093/33119, expediente ATP/COB/098/04690/6-2025 del área Centro de Atención Temprana. Sin descanso alguno, Dora Armenta Buitimea, madre de Armida Guadalupe no cesa en su empeño por plantear su caso directamente en la Delegación Regional Sur de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Huelga decir que cuando se anunció la llegada de Ricardo Enrique Revilla Celaya como delegado de la Fiscalía General de Justicia del sur de Sonora, muchos pensaron que las cosas cambiarían para bien. Se habló de un nuevo rostro, de un aire renovado en la institución, de un funcionario cercano a la gente y dispuesto a dar resultados. Sin embargo, la realidad ha caído como un balde de agua fría, lo que prometía ser un nuevo comienzo se ha convertido en un retroceso doloroso a la impartición de justicia, nada que ver con el trabajo del antiguo delegado, Roberto Tapia Valdez, quien al menos mostraba empatía hacia las víctimas y sensibilidad frente al dolor de las familias. No vamos a ir muy lejos; un ejemplo que retrata este fracaso es el caso de la señora Armenta Buitimea, cuya hija cumple este lunes 123 días de fallecida. La joven perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo tipo pick-up mientras intentaba abordar su automóvil sedán, marca Chevrolet, línea HHR, que se hallaba estacionado en la acera sur de la Ejército Nacional, al sur de Ciudad Obregón. A partir de ese momento, la familia ha vivido un calvario, primero por la pérdida de su ser querido, luego la indolencia de las autoridades que han ignorado sus llamados de justicia, y después, la frialdad de quienes deberían acompañarla en el proceso jurídico. Justo es referir que el primer funcionario que se negó siquiera a recibirla fue nada menos que el propio delegado Revilla Celaya, quien bajo pretextos de ‘estar ocupado’ o ‘en reunión’ ha cerrado las puertas de la institución a una madre desgarrada por la pérdida de su hija. Ya cuatro meses han pasado y la investigación sigue empantanada, mientras los presuntos responsables continúan campantes en la vía pública. Para la familia, cada día es una nueva puñalada de impotencia y frustración. Y lo más indignante: este no es un caso aislado, sino uno más de los muchos expedientes donde la justicia brilla por su ausencia, donde la burocracia se impone al dolor, y donde la gente se ahoga en su llanto sin tener a dónde recurrir…JUSTO es cuestionar lo que sucede en la Unidad de Tramitación Masiva de Casos (UTMC) especializada en delitos de Tránsito, la antes llamada Agencia Cuarta del Ministerio Público adscrita a Tránsito Municipal, ubicada en calles 300 y Jalisco, específicamente al lado oriente del pórtico de la entrada del edificio de Seguridad Pública. Hablemos un poco de lo que ahí sucede, su titular, la Agente del Ministerio Público Brenda Verónica Martínez, mantiene un desorden, que ha convertido a esa oficina en un verdadero vía crucis para quienes buscan justicia tras accidentes viales. Son decenas de casos que nunca se atienden, nunca se resuelven, familias enteras que van y vienen en un peregrinar inútil, mientras los expedientes se empolvan. El reclamo es claro: ¿por qué un homicidio por hecho de tránsito se archiva como si nada hubiera pasado? No se quisiera ni tan siquiera pensar que pesa más el poder de ominosos intereses que el dolor de los deudos, o afectados que se ven obligados a acudir a esa UTMC que se encuentra olvidada del sistema y se mantiene a la ley del poder y la falta de empatía no solo por la titular, sino por parte de algunos empleados o auxiliares…RESULTA ineludible ser incisivos y claros, a raíz de la demanda de justicia de la señora Armenta Buitimea. El discurso oficial de sensibilidad no empata con la práctica, que sigue siendo de apatía y selectividad vergonzosa. Tal parece que no se entiende el esfuerzo que hace el mandatario sonorense al dotar de equipo y herramientas para el trabajo, debido a que las agencias parecen pintadas nada más, convertidas en un elefante blanco, ya que no responden a las necesidades sociales, por lo que urge poner orden en las representaciones sociales del sur de la entidad. Y si hablamos de omisiones y prepotencia no podemos de señalar el cuestionado desempeño de otro Ministerio Público identificado como Jorge Landagaray Briceño, oriundo de la rielera población de Empalme, contra quien existen numerosas quejas que se han ventilado en diversos medios de comunicación, pero más adelante abordaré con mayor profusión este asunto. Mientras, es dable preguntar ¿Qué hacen Contraloría Interna y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cargo de Luis Fernando Rentería Barragán respecto a estas demandas ciudadanas? La dilación marcada en los casos, la falta de justicia y el incumplimiento del debido proceso no son simples fallas burocráticas, son agresiones directas contra la sociedad que reclama una justicia pronta y expedita. ¿Dónde queda el verdadero sentir y la obligación del servidor público? Todo con el tiempo se ha ido transformando en permisividad, en apatía disfrazada de normalidad. Pero la sociedad está cansada. No puede ser que quienes juraron defender la ley se hayan convertido en cómplices de la impunidad por acción u omisión. El sello de insensibilidad y prepotencia se repite una y otra vez, desde hoy el Delegado hasta los Agentes del Ministerio Público de base. Cerrando puertas, administrando excusas y olvidando que cada carpeta de investigación significa una vida, una familia, un hogar destrozado…SE INSISTE que la sociedad tiene derecho a preguntarse ¿se está pidiendo de más al exigir justicia? ¿Es mucho requerir que un delegado reciba a una madre en duelo? ¿Es demasiado esperar que un agente del Ministerio Público atienda un caso de tránsito con seriedad? ¿O no son esas, precisamente, sus funciones? Es necesario que en este caso, Revilla Celaya y Brenda Martínez y todos los que siguen esta misma línea entiendan que servir no es un favor sino una obligación, la herida de la impunidad seguirá sangrando y la confianza ciudadana seguirá muriendo un poco más cada día. ¿Dónde queda el verdadero sentir y la obligación del servidor público? Todo con el tiempo se ha ido transformando en permisividad, en apatía disfrazada de normalidad. Pero la sociedad está cansada de ser ignorada y que sus llamados sean desatendidos. La madre de Armida Guadalupe, insiste en que no está pidiendo ni siquiera un peso para sus nietas de 14 y 12 años que dejó su hija al arrebatársele la vida de esa cruel manera. Su petición es sólo castigo para el responsable de quitarle la existencia a la joven mujer y que su muerte no quede impune. ‘No les pido nada más que justicia, porque yo me valgo sola para sacar adelante a mis nietas’, dice sin soslayo alguno la devastada madre y abuelita. Teme que el caso vaya a ser cerrado y se de el clásico carpetazo, como ha sucedido con otros casos… EN EL CENTRO de Reinserción Social (Cereso) continúan actos de corrupción en el acceso a ese complejo penitenciario, ya que desde el sábado en la mañana una mujer sigue cobrando por ‘apartar’ lugares a familiares de internos quienes van y amarran sus mochilas en el cerco perimetral instalado junto a la entrada principal, de tal suerte que quien acude a las ocho de la noche del sábado para hacer fila encuentra más de treinta lugares asegurados. Mientras el director del penal, Jorge Alberto Arguelles Valdez, sigue haciéndose de la vista gorda…ESTALLA VIOLENCIA en Cajeme, después de cinco días de total tranquilidad al ser atacados a balazos cuatro menores, en el fraccionamiento Posada del Sol. Uno murió y tres más resultaron heridos, una de éstas de 16 años, se debate entre la vida y la muerte. El asunto puso en jaque al comandante del cuadrante cuatro, Miguel Roberto Beltrán Cuamea y altos mandos de la SSPM…Luego seguimos. Dios mediante.