Redacción / El Tiempo
LLEGAN MÁS PATRULLAS ELÉCTRICAS A HERMOSILLO
La reciente entrega de 70 nuevas patrullas eléctricas por parte del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez no solo representa un refuerzo al estado de fuerza de la Policía Municipal de Hermosillo, sino un paso firme hacia una seguridad sustentable, moderna y responsable con el medio ambiente. En un país donde la mayoría de los cuerpos policiacos enfrenta rezagos en equipamiento, capacitación y tecnología, el hecho de que Hermosillo cuente hoy con 354 patrullas eléctricas cargadas con energía solar no es un detalle menor. Es una señal de que la innovación puede y debe aplicarse también en el servicio público, incluso en áreas tan complejas y demandantes como la seguridad ciudadana. Desde 2021, la capital sonorense ha incrementado su flotilla en más de un 400%, complementando este esfuerzo con 21 Centros de Respuesta Inmediata, drones de vigilancia, chalecos balísticos y programas de formación para los agentes. En conjunto, una inversión superior a los 525 millones de pesos. Más allá de las cifras, el mensaje es claro: la prevención y la eficiencia son prioridades. La apuesta por patrullas eléctricas no solo reduce el consumo de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes, sino que también refleja una administración que busca hacer más con menos, optimizando recursos sin sacrificar desempeño.
NIEGAN QUE ‘MALORO’ VAYA A TOMAR LAS RIENDAS EN EL PARTIDO VERDE
Con un tajante “No se hagan bolas… el que manda aquí soy yo”, el dirigente estatal del Partido Verde en Sonora, Sergio Augusto López Ramírez, disipó rumores y dejó claro que ni Ernesto “Maloro” Acosta ni ningún otro actor político externo tomará las riendas del PVEM en el estado. El mensaje no fue solo una aclaración interna; fue también una demostración de control y autoridad dentro de un partido que, rumbo al 2027, busca definirse entre la lealtad a sus liderazgos tradicionales y las tentaciones de nuevas alianzas. López Ramírez reafirmó su liderazgo con tono firme y con la promesa de que el Verde “va con todo” hacia la próxima contienda. La declaración, más allá de su tono desafiante, marca territorio en un escenario político donde cada sigla busca reposicionarse ante la reconfiguración de fuerzas locales y federales. El Partido Verde, históricamente aliado pero pocas veces protagonista, parece decidido a mostrar autonomía y músculo propio en Sonora. Si ese mensaje se traduce en estructura y votos, será lo que realmente determine quién manda en 2027.
CRITICAN A SENADORA ANDREA CHÁVEZ POR USAR RESGUARDO PARLAMENTARIO
La senadora Andrea Chávez volvió a generar controversia al difundirse un video donde aparece acompañada por un elemento del Resguardo Parlamentario del Senado durante un acto público de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presencia del agente, identificado como parte de la seguridad del Senado, levantó cuestionamientos sobre un posible uso personal de recursos institucionales, fuera del ámbito legislativo. Aunque la legisladora descalificó la versión asegurando que se trata de “desinformación”, las imágenes compartidas por la periodista Leticia Robles de la Rosa muestran que el mismo elemento realiza funciones dentro del Pleno de la Cámara Alta. De confirmarse su asignación fuera del recinto, sería un uso indebido del personal y recursos públicos, contrario a los principios de austeridad y legalidad que el propio partido de la senadora promueve. El Resguardo Parlamentario tiene como responsabilidad la seguridad y el orden dentro de las instalaciones del Senado, no la custodia personal de los legisladores en actos políticos o públicos. Confundir esos límites debilita la institucionalidad y proyecta una imagen de privilegio que daña la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía.
LEY DE AMPARO ENCIENDE DEBATES
La reciente reforma a la Ley de Amparo ha encendido un debate profundo dentro del propio Morena y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. La inclusión de un inciso que otorga efecto retroactivo a las modificaciones legales —una figura prohibida por la Constitución en perjuicio de persona alguna— ha sido señalada como un error técnico y político. Sin embargo, el senador Manuel Huerta Ladrón, autor de la reserva, insiste en que “no salió nada mal” y que la iniciativa no vulnera derechos ni principios jurídicos. Las declaraciones de Huerta contrastan con el tono más prudente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció públicamente que la retroactividad no debería aplicarse. Esta divergencia revela una fisura dentro del discurso de unidad morenista, donde algunos legisladores parecen más interesados en justificar decisiones que en corregir posibles excesos. La insistencia en negar errores, aun ante un tema de naturaleza constitucional, puede proyectar una imagen de soberbia institucional. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el senador Ricardo Monreal ya anticipó que lo más probable es que el artículo en cuestión sea modificado o eliminado para evitar violaciones al marco jurídico.
CARLOS TORRES Y LAS AMISTADES INCÓMODAS
La desaparición pública de Carlos Torres, esposo y operador político de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, vuelve a poner sobre la mesa las sombras que rodean el poder local. Desde que se dio a conocer la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Torres ha optado por el silencio, una estrategia que lejos de disipar dudas, las profundiza. En política, la ausencia también comunica. Y en este caso, la falta de explicaciones de quien ha sido figura clave en la estructura política bajacaliforniana abre interrogantes sobre la transparencia, las alianzas y la rendición de cuentas dentro del entorno de la mandataria estatal. Las fotografías que circulan en redes, donde aparecen personajes con antecedentes cuestionables, reavivan la percepción de que el poder se ha vuelto demasiado tolerante con sus amistades incómodas. Las versiones sobre presuntos vínculos financieros irregulares y posibles investigaciones por lavado de dinero o delincuencia organizada son graves y merecen una aclaración institucional. No se trata de linchamientos mediáticos, sino de exigir que quienes influyen en decisiones públicas sean sometidos al mismo escrutinio que cualquier ciudadano. El silencio, en estos casos, no protege: deteriora.